Servirían de complemento a las que también prevé instalar el Principado y darían respuesta a una demanda de vecinos y grupos ecologistas, que de hecho han registrado ya a través del consejo sectorial de Medio Ambiente una petición en este sentido, en el marco de los presupuestos participativos de 2018.
Las grabaciones realizadas con estos equipos tendrían carácter probatorio, por ejemplo cuando tras una denuncia ciudadana los agentes de la unidad de vigilancia ambiental de la Policía Local no lleguen a tiempo al lugar donde se ha visto la nube. En muchas ocasiones se disipan antes de que el personal municipal pueda desplazarse para dar fe de lo ocurrido. En este sentido, lo que se pretende es que las imágenes de las videocámaras sirvan para levantar igualmente la correspondiente acta y, si la autorización con la que trabaja la empresa de la que parte la nube excede las competencias del Ayuntamiento, informar a la administración autonómica para que tome medidas.
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