Fuente: Europa Press
Categories: Noticias Ambientales
Date: feb 21, 2006
Title: Contraopa del gigante alemán E.ON a Endesa: La acción de oro
El Gobierno no cree probable que vaya a invocar la 'acción de oro' que mantiene en Endesa ante la contraopa lanzada por el gigante alemán E.ON sobre el 100% de la primera eléctrica española, al tratarse de una potestad que está en trámites de derogación, informaron a Europa Press en fuentes del Ejecutivo.
La 'acción de oro' que mantiene el Gobierno sobre Endesa expira en junio de 2007, por lo que el Ejecutivo tendría aún posibilidad de ejercer dicha potestad, que le otorga derecho de veto sobre decisiones estratégicas que afecten a la empresa.
Se trata de un mecanismo que mantiene el Estado en algunas empresas públicas privatizadas desde marzo de 1995, si bien el Gobierno aprobó en noviembre de 2005 un proyecto de ley para derogarlo, después de que el Tribunal de Justicia de la UE emitiera el 13 de mayo de 2003 una sentencia en la que afirmaba que este instrumento es contrario a la libertad de capitales en el seno de la UE.
De este modo, la 'acción de oro' que todavía posee el Gobierno tanto en Endesa como en Iberia (abril de 2006) o Telefónica (febrero de 2007) --en Repsol YPF expiró a principios de este mes-- desaparecerá una vez que el proyecto de Ley supere el trámite parlamentario y entre en vigor.
Pese a que el Tribunal de Luxemburgo estimaba que, en el caso de Endesa o de Repsol YPF los obstáculos a la libre circulación de capitales podían estar justificados por "consideraciones de seguridad pública", consideró finalmente que no se respetaba el principio de proporcionalidad, ya que el Ejecutivo español dispone de una amplia facultad discrecional, cuyo ejercicio no está sujeto a ninguna condición.
La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 2005 que con el proyecto de ley por el que se deroga la 'golden share' el Gobierno pretende zanjar "definitivamente" los problemas surgidos respecto de la adaptación de esta norma al Derecho Comunitario europeo, cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo y evitar así posibles sanciones.
"Por otro lado, en la actual situación los controles públicos resultan ya innecesarios e, incluso, de mantenerlos, podrían suponer un lastre para el funcionamiento de las empresas que estaban sometidos a ellas y que en estos momentos están ya todas privatizadas; está ya normalizada su situación, por lo que el Gobierno ha decidido suprimirlos finalizando así el proceso de transición a cuyo fin se dictó la Ley del año 1995", subrayó entonces De la Vega.
Fuente: Europa Press
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