La Agencia Internacional de Energía (AIE) aboga por ampliar y mejorar los sistemas de canje de permisos de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y ha sugerido nuevos mecanismos para alentar la participación de países en desarrollo o de los ricos que han rechazado el Protocolo de Kioto, como Estados Unidos.
25/11/2005
La AIE también planteó ir más allá de la generación eléctrica y la industria pesada, en los que se centran ahora los sistemas de mercados de CO2, para abarcar a los productores e importadores de combustibles fósiles.
Y como el transporte produce la cuarta parte de las emisiones globales de dióxido de carbono, otra idea es hacer responsables a los fabricantes de coches de las emisiones de los vehículos, lo que fomentaría rápidas mejoras técnicas.
El mercado también podría ampliarse para incluir las emisiones de la aviación internacional, que actualmente no están contabilizadas en los inventarios de los países.
Estas y otras propuestas figuran en el estudio de la AIE "Actuar localmente, canjear globalmente: canje de emisiones para una política climática", presentado en París, cuatro días antes de la apertura en Montreal (Canadá) de la conferencia sobre el recalentamiento de la atmósfera.
No se prevé en Montreal un acuerdo para un mandato de negociación de nuevos compromisos de reducción de los gases causantes del efecto invernadero para después de 2012, cuando expira el plazo fijado por el Protocolo de Kioto para que los países industrializados reduzcan de forma cuantificada sus emisiones de gases.
Con este estudio, la AIE (que representa a los principales países consumidores de hidrocarburos) quiere "alimentar el debate", dijo su director ejecutivo, Claude Mandil, en rueda de prensa conjunta con los dos autores, los economistas Richard Baron y Cédric Philibert.
"Nuestro papel es presentar análisis y sugerencias a los negociadores" cuando "empiezan a considerar el futuro más allá de Kioto", recalcó Mandil, cuya agencia pronostica un aumento de en torno al 50% de las emisiones de CO2 para 2030 con las políticas actuales.
El protocolo de Kioto afecta a tan sólo un 30% de las emisiones globales, mientras que los mercados actuales de carbono cubren solamente un 10%.
Se trata esencialmente del sistema de la Unión Europea y la Bolsa Alternativa de Chicago (mecanismo voluntario), aunque están en proceso de desarrollo mercados en Canadá, Japón, Suiza, Nueva Zelanda, Corea y varios Estados de EEUU y de Australia.
"Creemos que el canje de emisiones seguirá estando en el centro de todo acuerdo internacional futuro para combatir el cambio climático", dijo Mandil, al señalar que, si bien no es una panacea, es una de las armas más eficaces.
La demanda anual de permisos de emisiones de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que han firmado el Protocolo de Kioto debería oscilar entre los 800 y 1.100 millones de toneladas de CO2 entre 2008 y 2012.
Es una demanda que teóricamente podrían satisfacer las economías en transición, principalmente Rusia y Ucrania, pero queda por ver si se concretará la disposición a comprar y vender, advierte la AIE.
El sistema de compraventa de la UE cubre el sector eléctrico y la industria privada. El precio es ahora de 21 euros por tonelada, pero no concierne a todas las fuentes de CO2.
Si bien reconoce el papel pionero del sistema europeo, la AIE señala varias de sus deficiencias, como el hecho de que fija objetivos a corto plazo.
Para alentar después de 2012 la participación en la lucha contra el efecto invernadero de países ricos que han rechazado el Protocolo de Kioto, como EEUU y Australia, y de los grandes países en desarrollo, el estudio sugiere nuevos mecanismos.
Fijar metas "dinámicas" de reducción de gases indexadas sobre el crecimiento económico de los países; limitar el precio del carbono (alentaría a los países ricos a fijar objetivos más ambiciosos ya que se reduciría la incertidumbre sobre los costes); y fijar metas no vinculantes.
Esta última formula permitiría a países en desarrollo vender permisos en los mercados internacionales si sus emisiones fueran inferiores a un nivel determinado, sin obligarles a comprarlos en caso contrario.
Fuente: El Mundo
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