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nov 20, 2005

Incidente diplomático entre Argentina y Uruguay por planta de celulosa


El incidente diplomático entre ambos países tiene escasos antecedentes en la larga historia de relaciones bilaterales. La diplomacia uruguaya aparece crispada ante la firmeza y constancia del reclamo argentino de que se respeten los acuerdos y se le presente toda la información referida a las plantas que se están instalando en la margen oriental del río Uruguay, fronterizo con Argentina.

20/11/2005

Están todas las condiciones reunidas para que el apoyo al establecimiento de plantas de celulosa en territorio uruguayo sea el talón de Aquiles del primer gobierno de izquierda de Uruguay.

En primer lugar, porque se trata del desarrollo de un plan estratégico elaborado y concretado desde fin de la década de los ‘80 por la coalición de los dos partidos tradicionales -Nacional y Colorado- que comenzó con la aprobación de la Ley Forestal y el rediseño del “mapa” nacional del uso de la tierra -una suerte de reordenamiento territorial rural-, estableciendo áreas de prioridades agrícolas y forestales. Personajes y personeros de ambos partidos tradicionales se vincularon rápidamente a la actividad forestal entonces incipiente, sostenida con importantes subsidios estatales.

El plan continuó diez años más tarde con la modificación en 1999 del régimen de propiedad de la tierra, cuya titularidad dejó de ser exclusiva y obligatoriamente nominal y se admitieron otras variantes jurídicas, como las sociedades anónimas. Sobre este humus crecieron las inversiones nacionales y extranjeras. Entre las primeras, muchas provenientes de políticos y sus familiares, en su casi totalidad vinculados a los partidos Nacional y Colorado, quienes se apresuraron a adquirir o arrendar tierras para forestar con eucaliptus, o directamente se asociaron con las –entonces- forestadoras extranjeras y que hoy se revelan como empresas productoras de celulosa. Algunos de los más influyentes políticos del Partido Colorado, además, se anticiparon a enclavar emprendimientos privados en el puerto de Montevideo y de Nueva Palmira, en el litoral uruguayo, y a respaldar la construcción de un puerto privado frente al estatal, en la bahía de Montevideo, con capitales provenientes de la secta del señor Sun Myung Moon, más conocido como “Reverendo Moon”, cuyo desembarco en Uruguay se produjo durante el gobierno dictatorial (1973-1985) con fuertes inversiones que hoy se expanden en la hotelería cinco estrellas, casinos, prensa nacional y continental, imprentas y miles de hectáreas en el interior del país.

La primera transnacional que ingresó públicamente al “negocio” forestal uruguayo fue la petrolera holandesa Shell, que ya en los primeros años 90 había forestado varias decenas de miles de hectáreas en el norte uruguayo. Luego llegaron las empresas españolas, las chilenas y detrás de ellas las suecas, finlandesas y de otros orígenes.

Cuando es más fácil ser oposición

En el Parlamento, mientras tanto, la izquierda se opuso sistemáticamente al desarrollo de este megaproyecto forestal, aduciendo con razón que se trataba de un emprendimiento que instalaría en el país relaciones de expoliación en diversos niveles, y que la tierra y los escasos subsidios disponibles deberían usarse en la promoción de actividades productivas y no extractivas como lo es la forestación.

Quiere decir que este plan estratégico que establece pautas de uso de la tierra, de la mano de obra rural, que obliga al Estado a hacer fuertes inversiones en el reacondicionamiento de las rutas y del transporte ferroviario, que canalizó decenas de millones de dólares en subsidios hacia “los ricos” plantadores, que coloca a dos megaempresas extranjeras en la boca de una futura hidrovía que, en los papeles de los “estrategas” y aventureros del big bussines internacional, sería la principal salida de la producción agroindustrial de la región (soja, maíz, celulosa, entre otras), este plan, pues, se orquestó y comenzó a ejecutarse con la frontal oposición de la izquierda que hoy gobierna el Uruguay.

Casi podría decirse que es un “regalo envenenado”, una “bomba de tiempo” colocada en el centro de la mesa por el sistema político saliente. Porque aquí nada estaba oculto. Todo se fue haciendo a la vista y paciencia del país entero, en virtud de las mayorías automáticas que la coalición tradicional tenía en el Parlamento, y gracias a la obsecuencia de empresarios de prensa adictos al poder.

Se podrá comprender entonces el tamaño de la sorpresa cuando, inclusive antes de conformar plenamente un elenco de gobierno y obviamente de haber asumido funciones, el presidente Tabaré Vázquez, antes que nadie y que todos, antes de abrir un espacio de debate, de reflexión, de información sobre lo actuado hasta ese momento por los gobiernos anteriores, en una de sus primeras comunicaciones públicas como presidente electo extendió su respaldo “irrestricto” (véase lo curiosamente enfático del término) a la instalación de las plantas de celulosa española y finlandesa en la ciudad de Fray Bentos.

Los sueños, sueños son

Fue la primera acción de una “cultura de gobierno” que había venido creciendo en los últimos años dentro de la izquierda, y que se podría resumir como una actitud inescrupulosamente pragmática, tal vez tributaria de la más conocida “disciplina partidaria” a la cual la izquierda uruguaya, muy estructurada e institucionalizada, siempre fue tan afecta. En este caso el alineamiento se produjo detrás del miedo, el miedo a no “parecer” un grupo “desmelenado”, “radical”, “fundamentalista” ante “los mercados” y las instituciones financieras internacionales. La aceptación de estos emprendimientos por parte del gobierno de Vázquez, posición liderada por el ministro de Economía Danilo Astori y aceptada con mayor o menor adhesión por los demás líderes izquierdistas, constituyó uno de los pilares de la credibilidad del país ante los organismos acreedores y crediticios extranjeros. Las bases electorales izquierdistas, a la imagen de sus diversas organizaciones partidarias, albergan mayoritariamente una sensibilidad ecológicamente conservadora y se han mantenido al margen de los fundamentos de los grandes debates que instaló el sistema capitalista en la última década del siglo pasado, referidos entre otros a las relaciones entre la ética, la ecología, la economía, la autonomía social, el desarrollo “sustentable”, o sea, que tenga en cuenta a quienes aún no nacieron, que nada más debería designar ese término tan baboseado. Por tanto, poco le ha bastado a este gobierno para conformar a la mayoría de una “opinión pública” que en este tema aparece polarizada de manera desigual: un enorme bloque favorable a la instalación de las plantas de celulosa, integrado por personas de izquierda y de derecha con una ideología común en los aspectos ambientales, y un pequeño pero activo sector opuesto a los emprendimientos con base en concepciones ecologistas de diversos orígenes y con expresiones muy matizadas, casi todas ellas muy informadas y formadas. En el medio, pocos, demasiado pocos, luchan por mantener una actitud “racional” o “científica” entre la crispación y la desconfianza ante el pensamiento exógeno, de viejo cuño izquierdista en Uruguay, y la escasa y a veces confusa información que circula sobre este tema.

Tarda, pero llega

La discusión no es sencilla. Nada lo es en términos ambientales o ecológicos, una ciencia que por naturaleza involucra, reclama, necesita de las otras para poder expresarse en su completa profundidad. Y lo más complicado reside en la percepción que tiene cada uno, cada grupo, cada comunidad y cada sociedad, de lo que es admisible como riesgo potencial, como amenaza latente a su salud, a su seguridad, a su bienestar, a su equilibrio psíquico, a su paisaje, a su calidad de vida, a su identidad cultural, a su inteligencia, a sus derechos humanos, sociales, económicos y políticos, a la supervivencia de sus descendientes, entre otros. El enfoque ambiental sobre todas las cosas, como antes el de género, comienza a abrirse paso lentamente en el Uruguay y reclama su derecho a jugar en la cancha grande; su admisión entre los demás “titulares” incuestionables del equipo es inexorable, apenas una cuestión de tiempo.

Con aquellos antecedentes y en esta perspectiva, la opción del actual gobierno, y la modalidad con que la adoptó, lo coloca en este tema en una posición desde la que debe atender varios flancos de extrema debilidad. Uno de ellos acaba de adquirir particular resonancia y es la relación con uno de sus vecinos, la República Argentina. Desde el pasado año, cuando se conoció el “respaldo irrestricto” del nuevo presidente uruguayo a las plantas de celulosa, nació y creció un movimiento opositor en la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia argentina de Entre Ríos ubicada al norte de Buenos Aires, sobre el litoral del río Uruguay. Lo que empezó siendo una campaña de protesta de pequeñas organizaciones y agrupaciones de vecinos y ecologistas, fue adquiriendo connotaciones masivas hasta que plasmó un verdadero movimiento plural que rechaza la instalación de las plantas de celulosa en la margen uruguaya del río, argumentando que se trata de una frontera binacional sobre la que rigen acuerdos y tratados internacionales que obligan a ambos países a consultarse mutuamente en casos de emprendimientos de este tipo. Existe inclusive un organismo bilateral, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que es el ámbito natural para el análisis de este tipo de situaciones.

Una vez en funciones, el gobierno uruguayo, sorprendentemente, extendió aquel “respaldo irrestricto” de la primera hora a todo lo actuado por gobiernos anteriores en esta materia. Un comportamiento contradictorio con la política general en ese aspecto, que consistió, en todos los casos y ámbitos, en implementar auditorías oficiales sobre las acciones que parecían opacas de la gestión anterior. Y la autorización extendida a la papelera finlandesa Botnia por el gobierno del Partido Colorado apenas unos días antes de las elecciones que, a cartas vistas, lo alejarían del gobierno, constituyó, sin dudas, una decisión cimentada en contradicciones, ocultamientos y fundadas sospechas. La realidad es que el gobierno uruguayo subestimó el tema; su propia ceguera, sus prejuicios y rigidez en esta materia le impidieron calibrar correctamente las potenciales derivaciones de un “respaldo irrestricto” -e inconsulto- a aquel “regalo envenenado” que ahora, como era previsible, le explota en la cara.

En la otra orilla

Al movimiento de vecinos de Gualeguaychú, se sumó primero el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, que ante la inminencia de una campaña electoral en Argentina se envolvió en la bandera ecologista, salpicándola, es cierto, aquí y allá con dramáticos toques patrioteros y hasta groseras imprecaciones. Un tono nada extraordinario en el ámbito argentino, pero completamente disonante en el marco de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El propio presidente Néstor Kirchner y su gobierno se sumaron poco después al coro que cuestiona la instalación de las plantas señalando que sus representantes en la CARU no han recibido la información completa que debería haber presentado el anterior gobierno uruguayo en un caso como este, y en una reunión en Buenos Aires él y Vázquez resolvieron crear una “Comisión de Alto Nivel” para analizar el tema.

Pareció que las cosas se encauzaban, pero –y he aquí uno de los elementos que casi nadie está valorando correctamente en la prensa uruguaya– el gobierno de Vázquez optó por la táctica del avestruz: enterrar la cabeza en la arena y esperar los acontecimientos, y para eso empezó a ralentizar sus gestos y actos en los ámbitos binacionales. Mientras tanto, el tiempo corre a favor de las plantas que avanzan en sus trabajos de construcción fabril, esperando seguramente el momento en el cual la presencia de las papeleras fuese un hecho consumado, irreversible. Otra subestimación, pero esta vez del propio gobierno argentino que -más experto que el uruguayo- reaccionó con virulencia solicitando al Banco Mundial que suspendiera la entrega de un crédito a la empresa Botnia, hasta tanto no se efectúe un estudio de impacto ambiental confiable. Vázquez respondió con más rigidez, menos comunicación y nada de suerte, porque a pesar de sus extralimitaciones verbales, el gobernador Busti recibió en decidido apoyo del gobierno de Kirchner que colocó el diferendo en el plano de la soberanía nacional.

En este marco, las movilizaciones en Gualeguaychú continuaron creciendo, la escalada verbal de Busti fue aumentando, y lejos de aplacarse una vez pasadas las elecciones –como vaticinaban desde el Canciller uruguayo hasta “avezados” analistas–, la confrontación recrudeció. El pasado fin de semana el gobernador Busti acusó apenas veladamente de corrupción al gobierno uruguayo, sugiriendo que “tal vez” mediaron ciertos “incentivos” en su apoyo a la construcción de las plantas.

La contaminación diplomática

La reacción fue instantánea: Vázquez llamó a su embajador en Buenos Aires “por consultas”, y claro, Kirchner hizo lo mismo con el suyo. Otra vez los gobiernos de ambas orillas se mostraron los dientes, aunque en realidad lo vienen haciendo por este tema desde hace meses. Durante la Cumbre Iberoamericana en Salamanca Vázquez le solicitó al presidente español Rodríguez Zapatero que le recordara a Kirchner que una de las plantas en litigio es española. Un “ablande” demasiado frontal que, seguramente, permaneció en la memoria del presidente argentino como un irritante mosquito.

Con los embajadores arriados, el gobierno uruguayo no se conformó con unas confusas explicaciones balbuceadas por Busti quien intentó decir que no había dicho lo que dijo. Se esperaba una reacción oficial del gobierno argentino que, finalmente, llegó después que bajó la primera espuma. El Canciller argentino Bielsa, por su parte, difundió un comunicado en el cual, además de felicitar al gobierno uruguayo por cumplirse un año de haber triunfado en las elecciones, y de señalar que no avala ninguna acusación de corrupción en su contra, estableció en términos firmes y hasta duros los límites de su paciencia. Dice la declaración:

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, ante la situación creada por la interpretación dada por el gobierno de la República Oriental del Uruguay a las declaraciones formuladas por el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, señala:

1)- Que reitera su firme decisión, en cumplimiento de las precisas instrucciones dadas por el señor Presidente de la Nación, de continuar desarrollando dentro del estricto y más amplio marco que le otorgan los acuerdos bilaterales y el derecho internacional, todas las acciones y recursos tendientes a garantizar la mejor defensa de la calidad medioambiental del río Uruguay, del territorio y de la provincia de Entre Ríos.

2)- Que insta al gobierno de la República Oriental de Uruguay a que debido a que no ha dado oportuno cumplimiento a lo estipulado en el Estatuto del Río Uruguay, acelere el suministro de información y los trabajos que vienen realizándose en el seno del Grupo de Alto Nivel, constituido por decisión de ambos Presidentes, como forma de instalar el proceso de negociación bilateral, previsto en el citado Estatuto”.

“Para más claro échale cloro”, debería decir hoy el refrán. El gobierno argentino no sólo no pide “disculpas”, sino que denuncia la “pachorra” del uruguayo para aportarle la información debida, y advierte que no se chupa el dedo y no aceptará la política del hecho consumado. La declaración separa la paja y el trigo: nada tiene que ver el tono zafado de un gobernador con las razones profundas y reales del diferendo que fundamenta el enfrentamiento, mientras el gobierno uruguayo -con la colaboración de la mayor parte de los medios de comunicación- hace un esfuerzo permanente por mirar el árbol y no ver el bosque. El canciller uruguayo Gargano declaró que “hubiese esperado algo más...” Atrás quedaron las reacciones patrioteras y hasta algo xenófobas y antiargentinas que se leyeron y escucharon durante el lunes 31 en diarios radios y televisoras orientales. A su vez, el gobierno uruguayo también produjo una declaración oficial acusando recibo de la argentina, pero incluyendo un punto que ha pasado casi inadvertido en el que se informa que se ha solicitado a los representantes uruguayos en la CARU que le traigan al gobierno toda la información de la que dispone con respecto a las plantas de celulosa. Surgen varias interrogantes: ¿por qué esa solicitud? ¿Este gobierno no sabe qué información tienen sus representantes en la CARU al respecto? Si lo sabe, ¿por qué no la reproduce en lugar de mandarla buscar? Si no lo sabe, ¿no lo sabe? ¿Nunca lo supo? ¿La información de la CARU provino íntegramente del gobierno anterior del doctor Jorge Batlle, y por eso no la conoce este gobierno? Y si no la conoce, ¿por qué viene haciendo caso omiso del reclamo argentino desde hace meses? ¿A nadie se le había ocurrido hasta ahora averiguar qué hay en la CARU?

Las preguntas podrían continuar. Desgraciadamente, es probable que nadie las conteste.

Soldaditos de celulosa

El martes 1° el Parlamento uruguayo asistió a una “interpelación positiva” de los ministros de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, y Medio Ambiente, Mariano Arana. Más allá del resultado de la votación final que dividió a los partidos por nimiedades oportunistas, quedó claro que la oposición, madre de este “borrego celulósico”, respalda sin fisuras al gobierno en este tema. La clase política borra sus fronteras, sus diferencias, sus matices para erguirse como un solo cuerpo y decir “Sí” a las plantas de celulosa. Y además, suprema mezquindad, aprovecha la ocasión para recordarle a Kirchner que su gobierno está construyendo una segunda central nuclear a escasos kilómetros del mismo río -y de la frontera uruguaya- que dice querer proteger. Esta posición parece ofrecer un bajo mercadeo, una suerte de regateo: dame la planta de celulosa y te dejo la central nuclear. Aunque, pequeño detalle, olvida que ese peligroso, sí, y riesgoso, sí, emprendimiento está ubicado dentro del territorio argentino, y no en la frontera, al borde de un río compartido. Se podrá criticar la opción energética, pero su emplazamiento está fuera del alcance de una discusión seria.

Las relaciones entre ambos países están lejos de haber recobrado la normalidad. En su declaración el gobierno argentino reclamaba también que las empresas de celulosa detuvieran los trabajos de construcción de sus plantas fabriles hasta tanto no se alcance un entendimiento firme entre ambos países, y las hizo responsables de las consecuencias económicas que podría acarrear una negativa. El gobierno uruguayo, por su parte, respondió que nada de eso: los trabajos no se detendrán.

Se anuncia que para no cruzarse con Kirchner, Vázquez asistirá sólo a las reuniones “obligatorias” de la Cumbre de las Américas que tiene lugar en la ciudad argentina de Mar del Plata a partir de este viernes, y evitará los encuentros sociales.

Lo que empieza mal, termina mal. Y este caso pinta para eso, porque se reunieron el miedo, la inexperiencia, el cupulismo, una cierta soberbia característica en la izquierda uruguaya, torpeza diplomática, subestimación de un tema como la ecología y de la profundidad y amplitud de las consecuencias negativas que pueden provocar en el ambiente –incluyendo en él al ser humano y todas sus actividades– emprendimientos como los de las plantas de ENCE y Botnia. Y este último aspecto es difícilmente modificable en el corto plazo.

 

  Fuente: Análisis Digital

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