La decisión se ha adoptado por tres votos favorables y dos en contra. El CSN ha puesto como condición para dar la vía libre que Nuclenor, dueña de Garoña, "no introduzca combustible en el reactor" sin su autorización. En el caso de que lo hiciera tendría que acometer una serie de inversiones y modificaciones aprendidas del accidente de la central japonesa de Fukusima Dai-ich.

Se han mostrado partidarios de esta prórroga el presidente Fernando Martí (PP) y los consejeros Fernando Castelló (PP) y Antonio Gurguí (CiU). Las consejeras del PSOE, Cristina Narbona y Rosario Velasco, rechazan la propuesta. Narbona y Velasco presentaran el próximo lunes por separado un voto particular en el que expresarán los motivos por los que se han opuesto.

Nuclenor, dueño de Garoña, pretende seguir como una eléctrica en activo, aunque no produzca electricidad, a la espera de que la reforma del sistema energético que prepara el Gobierno pueda resultarle favorable. La empresa podría beneficiarse de una ampliación de los plazos de vida de las nucleares a 60 años, en lugar de los 40 años que suelen tener ahora; o de una rebaja impositiva.

Las reuniones en el CSN habían encallado. "Los técnicos les dijeron a los consejeros que no tienen tiempo de estudiar esta solicitud, que necesitarían nueve meses", asegura una fuente cercana al Consejo de Seguridad Nuclear.

Si Nuclenor no renueva su permiso antes del 6 de julio, tendría que cerrar. La central alegaba hasta ahora que no le salía rentable seguir abierta. Por esta razón dejaron pasar los plazos oficiales para pedir prórroga y hace poco más de una semana lanzaron esta propuesta de continuar en activo un año más aunque sin producir electricidad. La petición se ha hecho fuera de tiempo y forma, ya que para optar a esta fórmula el Gobierno debe modificar un decreto. Los técnicos del CSN estaban trabajando precisamente en el desmantelamiento de Garoña.

Tras la reunión, la consejera Cristina Narbona (PSOE) ha denunciado presiones del Gobierno y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para que el CSN se pronuncie "en un tiempo y una forma intolerable" sobre la solicitud de Nuclenor. Narbona considera que Nuclenor podría pedir una nueva licencia para Santa María de Garoña incluso si llegara a cerrar el 6 de julio, fecha de su cese de explotación. Esta sería, según la consejera socialista, una solución más apropiada, "acorde a las normas, los procedimientos y respetando el organismo regulador".

El Ministerio de Industria pidió al Consejo de Seguridad Nuclear el 16 de mayo que se pronunciara sobre si antes del 1 de junio el Gobierno podía cambiar la orden ministerial del 28 de junio de 2012 de forma que Nuclenor pudiera solicitar una autorización de un año. La consejera socialista cree que estas actuacione ponen en riesgo la credibilidad del CSN y suponen una "enorme falta de respeto" hacia el organismo y sus técnicos. Los informes que los técnicos han realizado sobre el cese de explotación de Garoña suman más de 3.000 horas de trabajo.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y Salvia coinciden en que, con esta decisión, el CSN ha perdido credibilidad, ya que se ha "obligado a los técnicos a emitir informes con cinco días laborables" y se ha creado una "situación anómala", ya que no hay precedentes de una central que haya pedido parar voluntariamente y sin producir.

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