Se trata de una modificación obligada por una directiva comunitaria que ha sido respaldada por el PP, UPyD, y UPN, y ha contado con la abstención del resto de los grupos, que han visto rechazadas gran parte de su medio centenar de enmiendas.

Con esta norma, que será remitida al Senado, el Ejecutivo trata de simplificar los procedimientos administrativos.

Así, ha suprimido la necesidad de aportar documentos en los procedimientos de revisión y actualización de la autorización, cuando ya hubiesen sido facilitados con motivo de la solicitud de autorización original.

Otra medida de simplificación administrativa es la supresión del deber de renovación de la autorización. Ahora será el órgano ambiental competente, mediante un procedimiento simplificado, el que garantizará la adecuación de la autorización.

La nueva regulación, según el Gobierno, es "más garantista" en la protección frente a la contaminación, ya que no se limitará sólo a la atmósfera y al agua sino también al suelo y al subsuelo, es decir, a las aguas subterráneas.

El diputado del Grupo Popular, Manuel Mora ha resumido que de las 53 enmiendas presentadas al texto, su grupo ha aceptado tres y ha transaccionado ocho, casi todas ellas de carácter técnico, y el resto, ha dicho, no han sido aceptadas porque están incluidas en el proyecto o porque no dan pie por la directiva a ser aceptadas.

Por su parte, Patricia Hernández (PSOE) ha reprochado la tardanza, el "insuficiente contenido" de la memoria económica y la tramitación apresurada, y ha considerado que el proyecto es "cicatero" porque no promueve la participación.

Andoni Agirretxea (PNV) ha señalado que su grupo difiere en cuanto a la organización competencial y distribución de funciones, y ha añadido que no entendía por qué el PP no ha aceptado la mayoría de sus enmiendas que son técnicas y no políticas.

En nombre de Izquierda Plural, la diputada Laia Ortiz, ha considerado que no es una norma exigente, que le falta ambición y que hay un peligro de privatización del control medioambiental.

Martí Barberá (CIU) ha calificado la modificación como importante, y ha criticado que no se haya incluido la eficiencia energética para las solicitudes de impacto medio ambientales.

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