Esta exigencia fue aceptada en una reunión que la entidad vecinal solicitó después de conocer un estudio científico que alertaba de un exceso de mortalidad por cáncer en poblaciones próximas a incineradoras. La cabina móvil para medir el aire y sus posibles componentes tóxicos estará bajo supervisión de especialistas de la Universitat. "Para nosotros es una garantía, porque a los técnicos de la UIB les damos la credibilidad que merecen y sabemos que no nos engañarán, como podría ocurrir con Tirme", en palabras ayer del presidente de la asociación de vecinos de Son Sardina, Tomàs Balaguer.

Las mediciones de la calidad del aire se realizarán dos veces al año por un periodo que rondará un mes o mes y medio, calculó el portavoz vecinal. "Una medición puntual no sería representativa, ya que influyen muchas variables, tanto meteorológicas como de otro tipo, para que los resultados sean objetivos", explicó.

Los representantes reunidos con la consellera salieron de la reunión con una de cal y otra de arena, ya que Catalina Soler se negó a paralizar la importación de residuos procedentes de varios países y a renegociar el contrato con Tirme, la concesionaria de la incineradora de Son Reus. Como respuesta afirmó que habría que subir las tarifas, el argumento utilizado reiteradamente para justificar la quema de residuos de otros países europeos.

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