El resumen que la patronal eólica gallega, EGA, hace de la política energética impulsada por el actual ministro de Industria no puede ser más crítico. "Totalmente improvisada, errática y falta de criterio", aseguran los promotores del viento en la comunidad, que reclaman a José Manuel Soria que rectifique su decisión de finiquitar las primas a las renovables y modificar el sistema de cálculo en la actualización de los pagos para aplicar otro recorte más. El polémico real decreto con el que el Gobierno insiste en atajar el problema del déficit de tarifa -la diferencia entre lo que cuesta el sistema eléctrico y lo que se ingresa por la prestación del servicio- levanta en armas como nunca a la organización, tanto por el contenido como por las formas. Porque sostienen que da la espalda a la propia normativa eléctrica, a la seguridad jurídica en la actividad e, incluso, repercute en la imagen del país. "En solo un año, ha conseguido desmantelar la privilegiada posición internacional de España en el sector de las energías renovables", reprochan.

Sin derecho ya a recibir un plus por la venta de la electricidad en el mercado -la reforma obliga a elegir entre esta opción o una tarifa regulada, con el fin también de la posibilidad de cambiar de modelo en función de la mejor rentabilidad-, y la rebaja del 35% teóricamente temporal impuesta al arranque de la legislatura, los empresarios del viento en Galicia sostienen que sus "ingresos previa y legalmente reconocidos" caen un 40% y la situación económica es "alarmante". "El sector vive una situación insostenible que provoca no solo la deslocalización, el despido de trabajadores y el desmantelamiento y cierre definitivo de instalaciones -advierte EGA en una comunicado distribuido ayer-, sino que desincentiva cualquier futuro interés inversor del sector".

Al ministro directamente le culpan de "demonizar" las renovables "haciéndolas responsables de todos los males del sector eléctrico". Particularmente el déficit de tarifa, algo que rechazan como "absolutamente falso". "Es responsabilidad del Ministerio de Industria la continua, sorprendente e inconcebible campaña pública de descrédito del sector", arremeten.

El hecho de que para impulsar ésta y otras modificaciones del sistema eléctrico Soria tire de "la figura extraordinaria" del real decreto es una prueba, según EGA, del intento del titular de Industria de cerrar la puerta a "los requisitos legales exigidos" en la Ley del Sector Eléctrico, "que obligan a dialogar con los agentes y asociaciones del sector". Un "atentado grave", dicen, "contra la seguridad jurídica del sistema y la irretroactividad de las normas". "Además -añaden-, violan la competitividad del mercado, los derechos de las empresas y sus trabajadores y la imagen, solvencia y crédito del país". Lejos de una reforma equilibrada, el sector señala que detrás de las medidas, incluido el impuesto del 7% generalizado para todas las fuentes, está "la mera necesidad recaudatoria y la torpeza política cortoplacista".

El anuncio de la Xunta con sus alegaciones al real decreto para reclamar un "marco económico estable" que "garantice la viabilidad del sector" -entre ellas, un incremento específico de las primas a eólica, biomasa y cogeneración- sabe a poco entre los promotores gallegos. Al Ejecutivo autonómico le exigen "una postura definitivamente firme, activa y combativa contra las decisiones adoptadas por industria, en verdadera defensa de los intereses del sector eólico gallego". "Que son -insisten- los intereses generales de Galicia".

Las tasas autonómicas

EGA, que mañana participa en una rueda de prensa conjunta en Madrid con todas las organizaciones empresariales eólicas de España, menciona expresamente los "impuestos autonómicos de nueva creación" como "agravantes" en su situación. Una referencia velada al canon eólico y a la aplicación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

El otro gran frente abierto para el sector - Esta reunión en plena campaña electoral representó una tregua temporal para el enfrentamiento abierto entre la eólica y la Xunta. El canon primero, el concurso después y la aplicación del ITP como gota que colmó el vaso llevó al presidente, entonces en funciones, a buscar una salida con EGA y los conselleiros de Industria y Facenda. Los promotores se niegan a aceptar los parques nuevos sin que antes se clarifique qué pasa por el impuesto.

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