07/11/2005
Cuando se habla de cambio climático, gases de efecto invernadero o Protocolo de Kioto se analiza siempre el papel global de cada país. Es obvio que los humos industriales o los vertidos terrestres no conocen fronteras. También es complicado regionalizar datos como los efectos de la producción de energía eléctrica que luego se consumen en otras zonas, pero, en todo caso, ¿cuál es el peso de cada región española en la contaminación ambiental?
La edición española de 'World Watch' (revista oficial del Worldwatch Institute) ha cruzado todos los informes existentes para buscar una respuesta. El dato es relevante ya que el éxito del plan del Gobierno para cumplir con las exigencias de Kioto descansa sobre el compromiso de cada región en el control y registro de las
actividades de sus propias industrias.
La conclusión para Castilla y León es más que llamativa. Es la comunidad española que soporta los mayores niveles de emisión de gases en función de su participación en la economía nacional y de su población. Castilla y León emite el 11,33% del conjunto de gases de todo el país. No está muy lejos de Andalucía (13,74%) y Cataluña (12,90%). Sin embargo, estos datos no se corresponden con la aportación de cada una a la economía española, a la que
Cataluña inyecta tres veces más que Castilla y León (18,29% frente al 5,60% regional) y Andalucía más del doble (13,61%). Si se incluye el peso demográfico, las cosas no cambian y el andaluz (17,80%) o el catalán (15,77%) triplican al de la región castellano y leonesa (5,77%).
Comunidades como Madrid o Valencia, que se llevan un buen trozo de la tarta económica y demográfica nacional, soportan unos niveles de contaminación por habitante menores, debido al mayor peso del sector servicios. «Las menores emisiones en relación al PIB corresponden a las regiones turísticas, con buen clima (bajo consumo de combustibles en calefacción), ausencia de industrias intensivas, energía y donde el sector servicios tiene un peso
determinante, con consumos básicamente de electricidad, que en muchos casos se produce en otras regiones», resume el estudio de World Watch.
Por contra y como ejemplo de 'cambio de paso', algunas de las en otro tiempo locomotoras industriales, como el País Vasco, han logrado un equilibrio en ese inestable péndulo de tres brazos: Producto Interior Bruto (PIB), población y contaminación.
Local pero global
«La razón del informe obedece a que las comunidades autónomas deben comprometerse en la lucha contra el cambio climático. Y hasta ahora ha habido cierto cachondeo con los datos de cada región», explica el director de World Watch en España, José Santamarta. Pensar globalmente y actuar localmente es una máxima del ecologismo mundial. Para el portavoz de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Ceballos, «la Junta no tiene interés en colaborar en la
reducción de gases contaminantes. Su labor es salvaguardar las cuotas e intereses de las eléctricas».
El director del estudio asegura que Castilla y León será una de las comunidades «en las que más influencia tendrán los Planes de Asignación de Derechos de Emisión (de gases)», porque «reorientar nuestro modelo energético, descarbonizándolo, llevará muchos años, incluso décadas».
La industria de facturación de energía, uno de los 'cocos' a los que quiere atar en corto el Protocolo de Kioto, es responsable del 38% del total de la contaminación de la región. Alguna, como la térmica de Compostilla (Ponferrada) aparece en el puesto 18 de las centrales más contaminantes de la Europa de los Veinticinco, con una emisión anual cercana a los mil millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, según un reciente estudio
de WWF/ Adena.
Pero el propio informe de World Watch reconoce que «si se excluyen las centrales térmicas y las refinerías, se obtiene una foto menos distorsionada, y que refleja mejor el nivel de industrialización y la renta per cápita».
Claro que, en su respeto a la ortodoxia, tampoco tiene en cuenta sectores contaminantes que aún no contempla el Protocolo de Kioto, como la contaminación residencial y, sobre todo, el transporte, en el que Castilla y León, dado su tamaño y ubicación en los mapas de carreteras, es una de las que más soporta.
Los bosques, el lado bueno
Pero, y sin que parezca contradictorio, los datos del informe también destacan el hecho de que Castilla y León es la región que menos se aleja de las obligaciones de Kioto, en las que España es el mayor incumplidor del Occidente desarrollado con diferencia. La economía nacional podía aumentar hasta un 8% (tomando como base el año 1990) sus emisiones hasta el 2012. En el 2004, esa cifra ya superó el 45,61%.
Según el estudio de World Watch, paralelo al informe principal, Castilla y León aumentó un 32,09% sus emisiones de gases en los últimos 14 años (1990-2004). Es decir, la generación de estos desechos se ha ralentizado en un 40% con respecto a la media nacional. Con ser resultados malos es, tras el País Vasco (30,56%), la comunidad que más ha logrado controlar sus residuos, a años luz de las que más se han disparado: Canarias (81,84%) o Valencia
(75,23%). A juicio del consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, «este logro es posible gracias a la gran apuesta que hemos hecho por los bosques como sumideros de CO2». Según los datos que aportó ayer, los bosques de la región absorben 9,5 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, una cifra no muy lejana del volumen de contaminación que se permite a las once mayores centrales eléctricas (12 millones). «El 8% de lo que
invierte la Junta va a gestión forestal, cuando el Estado no pasa del 3,5%» -recordó Carriedo-. «Asumimos nuestra potencia industrial, por eso hemos duplicado esfuerzos en gestión ambiental o en energía alternativas, donde somos la tercera productora nacional».
Estudios como el de World Watch serán claves para entender el nuevo mercado de compra venta de derechos de emisiones, en el que el precio de la tonelada de CO2 subirá bastante (se habla de entre 12 y más de treinta euros por tonelada).
Para la realización del informe, World Watch ha tratado los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, tres ministerios españoles, el INE y los anuarios regionales, bajo la metodología del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la 'biblia' en el Protocolo de Kioto.
Fuente: El Norte de Castilla
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