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La compañía británica BP ha aceptado pagar una multa de 4.500 millones de dólares (3.250 millones de euros) por el vertido del Golfo de México, lo que equivale a la mayor sanción en la historia de EE UU. Además, este dinero se suma a las decenas de miles de millones que la petrolera ya ha tenido que desembolsar para hacer frente a las labores de recuperación y limpieza de un desastre ecológico que ha pasado a las hemerotecas como el mayor vertido de crudo del mundo.
Según ha informado la propia BP, las autoridades estadounidenses la han declarado culpable de 11 delitos graves de mala conducta o negligencia en relación a la muerte de 11 de sus trabajadores en la plataforma cuya explosión originó el vertido. También es culplable de un delito menor por la Ley de Agua Limpia, otro delito también menor por violación del Tratado de Aves Migratorias y un cargo de delito grave por obstrucción al Congreso.
Hasta ahora, la multa más alta registrada en Estados Unidos recayó en la farmacéutica Pfizer en 2009 y su volumen fue de 1.300 millones de dólares (1.000 millones de euros).
El accidente en el pozo de Macondo supuso el vertido al mar del golfo de México de 4.900 millones de barriles de crudo a lo largo de 87 días, lo que acabó afectando a la costa estadounidense desde Texas a Florida. La envergadura del accidente eclipsó la que hasta entonces era el mayor desastre ecológica en EE UU, el naufragio del petrolero Exxon Valdez en 1999 en Alaska.
El gigante BP ha estado negociando durante meses con el Gobierno de Estados Unidos y los Estados del Golfo para cerrar las denuncias en su contra que se habían interpuesto contra la petrolera tanto por la vía civil como por la criminal.
La compañía británica ha provisionado 30.000 millones de dólares (23.500 millones de euros) para hacer frente a los costes del vertido. Hasta la fecha ya ha gastado 14.000 millones de dólares (10.900 millones de euros) del total en las tareas de recuperación y limpieza de la zona contaminada, así como otros 16.000 millones de dólares (12.500 millones de euros) para afrontar las demandas en su contra por daños y perjuicios.
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