El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a dicho decreto que establece dos regímenes jurídicos diferenciados, uno de autorización y otro de mera notificación, según la actividad que desarrolle cada empresa.

El decreto afecta a por ejemplo a industrias energéticas, químicas, de papel, carbón y madera, industrias alimentarias, de bebidas, de producción de biocombustibles, a la minería, a los medios de transporte, al sector de la automoción, y a los vertederos e incineradoras, entre otras instalaciones.

En función del tipo de actividad, cada empresa o entidad deberá contar con una autorización o, en su caso, simplemente notificar su actividad.

En la autorización de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera deberá figurar el valor límite de emisiones, los sistemas para su tratamiento y control, así como medidas sobre las condiciones de explotación en situaciones distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente, como la puesta en marcha, fugas, fallos de funcionamiento, paradas temporales o el cierre definitivo.

Con la nueva regulación se potencia la tramitación telemática de los expedientes y la simplificación administrativa, y se restringe la tramitación previa para las actividades con menor impacto pero se incrementa el control para el resto.

Leer noticia en fuente original: abc.es