Ayer, en dependencias de la Fundación Terram, líderes ecologistas chilenos se reunieron con los medios de comunicación para entregar las 10 pioridades en materia ambiental de éste sector en Chile para el período 2006 -2010.

28/09/2005

Los desafíos de la política ambiental en el próximo gobierno, se enmarcan en el contexto de una mayor inserción de Chile en la economía global y, por tanto, de una profundización del modelo exportador primario que ha caracterizado a los tres gobiernos de transición.

Simultáneamente a la expansión e intensificación de los mercados y las inversiones en el área de los recursos naturales, se han generado procesos de transnacionalización del patrimonio natural del país, especialmente en sectores como la minería, el agua y la energía. Pero el retraso en el establecimiento de normas ambientales sectoriales; la deficiencia en la fiscalización de las normas existentes; y los obstáculos políticos para avanzar en el mejoramiento de la legislación e institucionalidad ambiental, han agravado los procesos de degradación del ambiente y de los recursos naturales; intensificando tanto los impactos ambientales sobre los territorios y las economías locales, como los conflictos entre las actividades productivas a lo largo del país.

Esta situación evidencia que un importante factor de competitividad de nuestro país en su inserción global, se expresa internamente como tendencia externalizadora y generadora de grandes pasivos ambientales.

En este contexto, nuestras prioridades para el periodo 2006-2010, se orientan en torno a 10 temas fundamentales: ordenamiento territorial; el uso sustentable de los recursos naturales; la conservación de especies y ecosistemas; prevención de la contaminación, la política energética; la reforma de la legislación y la institucionalidad ambiental; el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones; las que sometemos a su consideración:

1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El ordenamiento territorial es el principal instrumento de gestión ambiental estructural utilizado a nivel mundial. Chile necesita urgentemente crear un Ordenamiento Territorial Estratégico y un Sistema de Gestión Integral del Territorio que organice eficientemente las diversas actividades en el territorio nacional de acuerdo a la vocación de los territorios y a las prioridades de sus habitantes. Esta medida requiere:

· La dictación de una Ley Marco de Ordenamiento Territorial con capacidad vinculante y con participación de los diversos sectores representativos de las regiones (agricultura, medio ambiente, turismo, urbanismo, Gobiernos Regionales, etc.) que zonifique, ordene y compatibilice con criterios amplios y no solo económicos, el ordenamiento rural y urbano, la gestión integrada de cuencas hidrográficas, el ordenamiento integral del borde costero, las áreas protegidas, los corredores biológicos y los planes y redes de transporte urbano e interurbano, entre otros.

· Avanzar en instrumentos de gestión territorial también implica desarrollar espacios de democratización a nivel territorial y en el ámbito de las instituciones políticas regionales (Intendentes y Gobernadores), para que respondan más directamente a los ciudadanos de las regiones que representan. Ello implica una política proactiva y decidida de descentralización y democratización en las decisiones y en la redistribución de beneficios por el uso de los recursos naturales regionales, y la decisión sobre espacios públicos en el ámbito local.

2. CUENCAS Y RECURSOS HIDRICOS

Chile necesita avanzar hacia una política de conservación y uso sustentable de las cuencas hidrográficas, los lagos, los ríos y los recursos hídricos.

· Ello requiere establecer caudales ecológicos y estándares de calidad de las aguas en lagos, ríos y cuencas hidrográficas durante el periodo 2006 2010; y sistemas de gestión integrado en cada cuenca. Asimismo establecer condiciones a la instalación de represas, priorizando centrales pequeñas y de pasada y evitando los megaproyectos que represan los ríos, e impactan negativamente los ecosistemas y las comunidades locales.

· También es necesario establecer una clara reglamentación para la conservación, gestión y uso sustentable de acuíferos y aguas subterráneas en base a normas de calidad primarias y secundarias en cada cuenca.

· Entre 2006-2010, el país necesita establecer una estrategia para el uso eficientede recursos hídricos, especialmente en el sector agrícola, y regulaciones para su tratamiento y reutilización en el sector industrial, especialmente en la minería y celulosa.

· Finalmente es necesario continuar con las reformas al Código de Aguas, con el finde incorporar las propuestas anteriores en la política sobre recursos hídricos.

3. HUMEDALES Y GLACIARES: ECOSISTEMAS CRITICOS

· Durante el periodo 2006-2010 se requiere establecer una política y reglamento para la protección y el manejo de ecosistemas críticos, tales como humedales, estuarios, salares, glaciares y sistemas alto-andinos, ya que la Ley 19.300 sobre Medio Ambiente resulta insuficiente para asegurar su resguardo.

· En forma urgente, el país requiere contar con un catastro de glaciares y elaborar una ley especifica para la protección de este Patrimonio Natural como un "bien común ". Hoy los glaciares están amenazados por el calentamiento global y por la actividad minera, pero no existen regulaciones para su protección ni en el Código de Aguas, ni en la Ley Ambiental, a pesar de que constituyen reservas estratégicas para el mantenimiento de las cuencas hídricas y el desarrollo económico en todas las regiones del país.

4. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

· En el ámbito del agua potable y el saneamiento, en el periodo 2004 y 2010 se debe modificar la legislación que incentiva la privatización de los servicios de agua potable, pero que impide su compra por parte de organismos públicos, tales como municipios y organizaciones comunitarias de agua potable rural.

· Desarrollar programas y planes tendientes a solucionar el bajo nivel de saneamiento de aguas servidas del sector rural concentrado y no concentrado.

· Dictar, en forma urgente, una norma de emisión de olores, en virtud de los graves problemas suscitados por las plantas de tratamiento de aguas servidas.

5. CONSERVACION DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS RELEVANTES DE NUESTRA BIODIVERSIDAD

Aunque el país aprobó durante 2004 una Estrategia y un Plan Nacional de Conservación de la Biodiversidad, aún no existe una institucionalidad dedicada especialmente a resguardar nuestros recursos genéticos y ecosistemas prioritarios.

· En el periodo 2006-2010 debe realizarse un ordenamiento de todos los Parques Nacionales y Áreas de Protección que constituyen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE); y deben establecerse Planes de Manejo para todas ellas. También debe concretarse una coordinación entre el Estado y el sector privado para articular una red público privada de áreas protegidas, de ecosistemas relevantes y de corredores biológicos entre otros.

· Adicionalmente, deben implementarse los Planes de Acción para la Conservación de la Biodiversidad, a nivel regional y comunal, incluyéndose los Sitios Prioritarios establecidos por la reciente Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad, en la categoría de áreas de protección, dentro de los planes de ordenamiento territorial regional y en los PLADECOS a nivel comunal.

· Todas las actividades con potenciales impactos en estos Sitios Prioritarios, al igual que en todas las áreas protegidas, sean estas publicas o privadas, deben obligatoriamente ser sometidas a Estudio de Impacto Ambiental.

· Para fortalecer la protección de estos Sitios Prioritarios es necesario dictar un decreto presidencial, con el objeto de que se prevenga impactos en ellos, mientras se establecen categorías de protección y planes para su conservación y manejo.

· Es imprescindible iniciar un proceso de revisión y armonización de la legislación vigente en relación a las especies declaradas Monumentos Naturales y en otras categorías de conservación. Para que, a partir de esta revisión se genere una normativa nacional coordinada y coherente, tanto para las especies acuáticas como para las terrestres

· Ratificar el Protocolo de Cartagena, y establecer en nuestra legislación las medidas establecidas en dicho protocolo.

· Resguardar la Biodiversidad de la liberación al medio ambiente de eventos biotecnológicos transgénicos, estableciéndose en forma previa, la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental.

· Generar cuerpos normativos sobre bioseguridad que efectivamente protejan nuestro entorno natural y nuestra agricultura.

6. RECURSOS NATURALES

Chile requiere establecer políticas para el uso sustentable de los recursos naturales, como establece la Ley Ambiental en sus artículos 42 y 43, los que a 10 años de su dictación aún no se operativizan.

En el período 2006-2010, se debería revisar toda la normativa relativa al sector forestal con el objetivo de implementar una legislación forestal coherente que tenga la debida institucionalidad que la administre. En este sentido es necesario avanzar hacia un código forestal que contenga la normativa sobre temas tales como institucionalidad del sector, ley de bosque nativo, ley de suelos, legislación sobre incendios, normativa sobre desertificación, política y normativa sobre uso sustentable de la leña como fuente energética, entre otros.

· En el ámbito forestal, la medida más urgente es promulgar una ley de Bosque Nativo y fomento al manejo de éste, que establezca verdaderas medidas de protección, conservación, y recuperación del bosque nativo en Chile Al contrario del texto actualmente en tramite legislativo, que permite la sustitución del bosque nativo, la futura Ley debe basarse en el Protocolo de Acuerdos firmado en Junio del año 2001 por la mesa forestal, constituida por ONGs, empresarios, y gobierno. Esta legislación también debe contemplar el fomento productivo en base a productos no maderables, bienes y servicios del bosque nativo.

· Deben generarse instrumentos para promover e incentivar el desarrollo de una agricultura sustentable, que asegure la protección del recurso natural (suelos, aguas y ambiente) y la salud de trabajadores y consumidores. Esto debe implicar la reducción drástica del empleo de agroquímicos; el uso racional y adopción de prácticas que permitan la conservación del suelo, y medidas efectivas de protección de la contaminación genética. Los cultivos transgénicos ponen en riesgo nuestra diversidad biológica y son una amenaza para el desarrollo de las agroexportaciones, en un mundo que exige productos más sanos y que manifiesta un rechazo generalizado a los alimentos transgénicos.

· En el ámbito agrícola, también en el ámbito agrícola es necesario apoyar el desarrollo de sistemas de producción orgánica y apoyar a los productores de menores recursos para la certificación de sus producciones, fortaleciendo las ventajas de la denominación de origen.

· En el sector minero, es necesario mejorar la reutilización de los recursos hídricos a través de una normativa de eficiencia, reciclaje e incorporación del agua de mar para reducir la presión sobre los ecosistemas altoandinos. Se requiere mejorar las normas de emisión y el control de la contaminación; y abordar los pasivos mineros a través de una Ley de cierre y abandono de faenas que asegure la prevención e internalización de dichos costos

· En el ámbito pesquero, es urgente proteger los recursos hidrobiológicos y sus áreas de reproducción, generando regulación y control para limitar la pesca de arrastre y la práctica del descarte. El sector acuicultura deberá implementar planes de producción limpia y nuevas regulaciones, con el objeto de revertir los graves impactos ambientales que hoy provoca.

· En el ámbito de la política fiscal, debe orientarse la política pública para revertir la insustentabilidad en el uso de los recursos naturales. Ello supone reorientar los actuales subsidios y mecanismos de fomento; generar eco impuestos y gravámenes que permitan internalizar los costos ambientales; y prevenir pasivos ambientales.

· Chile debe avanzar también hacia el establecimiento de un cobro de la renta (royalty) por el uso de los recursos naturales. Inicialmente, ello debe implementarse para aquellos sectores que utilizan recursos establecidos legalmente como bienes nacionales de uso público, tales como los recursos mineros, pesqueros e hídricos.

7. PREVENCION DE LA CONTAMINACION

· En el ámbito de la contaminación, para prevenir graves riesgos a la salud publica, a la calidad de vida, y al medio ambiente, en el periodo 2006-2010, deben establecerse normas de emisión por sector productivo, normas de calidad e indicadores biomédicos para medición y control de la contaminación atmosférica.

· Establecer Sistemas de Alerta Temprana, en áreas urbanas y enclaves industriales.

· Establecer un Sistema de Monitoreo de la contaminación difusa producida por las actividades productivas especialmente en el sector forestal, agrícola (pesticidas), minero e industrial.

· Se recomienda abordar prioritariamente en el período, un proceso para la eliminación de dioxinas.

· Prevenir la contaminación electromagnética, estableciendo una coordinación entre los ministerios con atribuciones sobre el tema y estudios orientados a generar una normativa preventiva de sus impactos, con participación ciudadana.

· En el ámbito de los residuos sólidos domiciliarios, es necesario establecer programas municipales de reciclaje y efectivos sistemas de manejo, para prevenir la contaminación del medioambiente y el deterioro económico de las áreas donde se ubican los rellenos sanitarios.

· Generar un catastro actualizado y planes de saneamiento para los Sitios Contaminados existentes en el país, derivados de abandonos mineros, descarga de relaves, vertederos tóxicos, lixiviación de empréstitos, etc. Como asimismo establecer un Fondo Nacional para la descontaminación de estos sitios.

8. POLITICA ENERGETICA

Chile enfrenta el urgente desafío de diversificar su matriz energética y compatibilizar su política energética con la protección del medio ambiente y las opciones prioritarias del desarrollo de las regiones. Para ello se requiere:

· Implementar instrumentos de promoción para el uso de las fuentes renovables no convencionales de energía (geotermia, solar, eólica, pequeña hidráulica,etc)

· Establecer a nivel nacional un porcentaje creciente de energías renovables no convencionales dentro de la matríz energética, con metas bianuales.

· Descartar el desarrollo de la opción nuclear, dado los problemas de seguridad de esta opción en un país sísmico, la insuficiente tecnología para tratamiento de los desechos nucleares y los inaceptables riesgos ambientales y humanos que dicha tecnologia conlleva.

· Rechazar megaproyectos de generación energética que provocan grandes impactos ambientales locales y regionales (ej: las mega-hidroeléctricas), privilegiando aquellos de menor escala, orientadas a satisfacer las necesidades energéticas de las comunidades y regiones y sus actividades productivas.

· Consolidar el Programa País de Eficiencia Energética creado durante 2005; incentivar prácticas productivas que impliquen ahorros energéticos significativos; establecer metas concretas de eficiencia por sector para el periodo 2006-2010 y un adecuado financiamiento.

· Priorizar la elaboración de un Sistema Nacional de Certificación de Eficiencia Energética para artículos de uso masivo, motores y otros artículos energo-intensivos.

9-REFORMA DE LA LEGISLACION Y LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

Después de 15 años de gobiernos de transición y en base al débil desempeño de la institucionalidad ambiental, Chile requiere una reforma sustancial de la legislacion e institucionalidad ambiental, que permita dar sustentabilidad al desarrollo nacional. Por ello, el próximo gobierno deberá:

· Entregar rango de Ministro al director de la CONAMA, con un mandato explícito para proponer e implementar un sistema institucional de alto nivel político, que contemple:

Un Ministerio de Medio Ambiente, que asuma las responsabilidades de los servicios públicos en materia de conservación ambiental y que cumpla con los compromisos establecidos en los Tratados Ambientales Multilaterales ratificados por nuestro país.

Una Superintendencia Ambiental, que coordine y fortalezca las tareas de fiscalización y control; logre reducir la discrecionalidad política en los procedimientos; asegure la probidad funcionaria; y sancione el incumplimiento de normas, entre otros.

Un Ombudsman que proteja a la ciudadanía de acciones arbitrarias del Estado o de privados en materia ambiental; organice la participación ciudadana; y administre un Sistema de Información Ambiental. Que actúe como una institución del Estado y no del gobierno; entregando su visto bueno (ambiental) a proyectos o programas de gobierno, según los objetivos y compromisos previamente declarados.

Avanzar hacia el establecimiento de una institucionalidad ambiental a nivel municipal; ;la cual debe incluir un Consejo de Sustentabilidad Local, con atribuciones de planificación y monitoreo.

· Establecer una institucionalidad pública con rango legal para el resguardo de las áreas protegidas publicas (SNASPE) y privadas; y mecanismos e instrumentos de fomento a la conservación ambiental.

· Establecer un Sistema Nacional de Cuentas Ambientales e indicadores que permitan mantener información y monitoreo del Estado sobre la cantidad y calidad del Patrimonio Natural del país. El Sistema deberá incluir los activos y pasivos ambientales en las cuentas nacionales e indicadores económicos sectoriales. Deberá publicar cada dos años un informe sobre el Estado del Medioambiente.

10. PARTICIPACION CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES, ACCESO A LA INFORMACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD

La participación ciudadana y el acceso oportuno a la información constituyen dos herramientas fundamentales para avanzar en las políticas ambientales. Por ello, durante el periodo 2006-2010 es necesario:

· Implementar una Ley que garantice el derecho a saber de la ciudadanía

· Reestructurar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y todas las decisiones en materia ambiental, incluyendo el ordenamiento territorial, con el objeto de asegurar el equilibrio entre organismos técnicos, autoridades políticas y la ciudadanía. Esta reforma debe incluir el establecimiento de un fondo para proveer a las comunidades de asesoría técnica para su apropiada participación y aporte en los procesos de decisión

· Poner a disposición de la ciudadanía información ambiental, sobre estudios y monitoreos existente en los organismos públicos y generadas por los proyectos ingresados al SEIA.

· Establecer un Sistema Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, con objetivos y programas para la educación escolar, técnica, universitaria; para las instancias de educación formal e informal de funcionarios públicos, dirigentes sociales y políticos; y que considere la diversidad cultural existente en Chile y una comprensión sistémica del medioambiente y el desarrollo.

  Fuente: EcoNoticias

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