Los derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados por la Administración del Estado a las 34 instalaciones afectadas por el protocolo de Kioto en Asturias se están revelando «muy justos» y, en sectores como el eléctrico, claramente «insuficientes».
24/09/2005
Este hecho lo pusieron de manifiesto los responsables de las áreas de medio ambiente de HC Energía, Yolanda Fernández Montes, y Aceralia, Juan Álvarez Pol, durante su intervención en las jornadas sobre industrias siderúrgicas y energéticas organizadas por la Autoridad Portuaria de Gijón.
En el periodo 2005-2007 -fase considerada de «prueba» antes de la auténtica aplicación del protocolo de Kioto entre 2008-2012- España habrá adquirido entre 30 y 35 millones de toneladas de CO2, de los que, entre 25 y 30, irán a parar a las centrales de carbón «porque el déficit es importante y se trasladará a años venideros», puso de manifiesto Fernández Montes. En cuanto a las centrales de ciclo combinado, las emisiones se están ajustando a
las asignaciones previstas.
En el terreno de la siderurgia, la aplicación del protocolo de Kioto -que entró en vigor el pasado 16 de febrero- también se está revelando complicada ya que las posibilidades de reducir las emisiones son escasas y porque las mediciones que, en el caso de Aceralia, se han realizado hasta el momento demuestran que «las emisiones están muy ajustadas». Con estos argumentos, Álvarez Pol sostiene que la evolución, en el sector siderúrgico es
«preocupante».
Sin variación
De cara al futuro las perspectivas no varían ya que España -con 329 millones de toneladas de CO2 asignadas por año-seguirá siendo un país eminentemente comprador de derechos, según todas las estimaciones.
La solución para equilibrar la balanza entre las unidades de asignación atribuidas a España y las emisiones reales pasa por comprarlas a otros países. El precio del derecho de emisión viene fijado por «el resultado de las decisiones de los participantes», expuso ayer la jefa del Servicio de Gestión Ambiental del Principado. Es decir, que responde a criterios de oferta y demanda, lo que explica que en enero pasado el precio fuera de seis euros
y en estos momentos esté fijado en 22.
«El protocolo de Kioto traslada un problema medioambiental a un problema económico», resumió el director general de Sendeco2, la única bolsa española de compra de derechos de emisión, Javier Tordable Parcerisa.
Fuente: El Comercio Digital
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