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sep 1, 2005

Kioto, la reválida


"El Protocolo de Kioto, que España y todos los países de la UE se comprometieron a cumplir, establecía, en el año 2012, un nivel máximo de emisión para seis gases de efecto invernadero. Según parece, estos gases, entre ellos fundamentalmente el CO2, son los principales causantes (algunos autores lo dudan) del denominado cambio climático o recalentamiento atmosférico."

01/09/2005

"Sea como fuere, el caso es que España se comprometió a emitir en el año 2012, como máximo, un 15% más de sus emisiones de CO2 de 1990. Éste fue y es, sin duda, un enorme, y difícil de cumplir, compromiso para nuestro país. Baste citar que en el año 2004 las emisiones españolas eran ya un 45% superiores a las de 1990 y que la tendencia no sólo no disminuía, sino que, incluso, se incrementa año tras año. Algunos autores afirman que la tendencia natural sería que en el 2012 España emitiera alrededor de un 75-100% más que en 1990.

Para hacer efectivo este compromiso se decidió, en primera instancia, actuar sobre una gran parte del sector industrial que era responsable aproximadamente de un 50% del conjunto de emisiones. Dicho sector está formado por eléctricas, refinerías, cementeras, siderúrgicas, etcétera, y así hasta un total de 12 sectores industriales. Del resto de sectores: transporte, residencial (calefacción), agrícola, otras industrias, etcétera, que representan el otro 50%, todavía no se ha hablado.

Para el sector afectado, se consideró que sus emisiones de 1990 (año base) rondaban aproximadamente los 121 millones de toneladas de C02, lo que suponía que el límite de sus emisiones autorizadas en el 2012 serían unas 139 millones de toneladas de C02, es decir, el famoso 15% de más establecido por Kioto.

A partir de estas cifras (sobre las cuales, increíblemente, todavía no existe consenso a día de hoy) la forma de actuación sobre el sector industrial afectado se materializó en cada país a través del plan nacional de asignación de derechos de emisiones (PNA), donde se establecieron dos períodos de reducción, uno para el 2005-2007 y otro para el 2008-2012. En lo que respecta al PNA de España, la estrategia fue la siguiente. Al primero de los períodos se le llamó «de estabilización», pues pretendía que al final del 2007 las emisiones de CO2 fueran las mismas del 2002 -el problema es que en el 2002 las emisiones ya eran superiores en un 39% a las de 1990-. En el segundo período, se pensaba continuar con la reducción con el objeto de que en el 2012 las emisiones de CO2 sólo fueran un 24% mayores que en 1990 (es decir, 9% por encima del límite fijado por Kioto). El exceso del 9% se pensaba compensar parte con incremento de masa forestal (2%) y el resto (7%) mediante compra directa por parte del Estado español de derechos de emisión a países terceros por valor, decía la ministra de Medio Ambiente, de 85 millones de euros. Para ello se utilizó un precio de referencia de 10 euros/tonelada de CO2.

Esta estrategia, expresada en cifras, serían unos 168 millones de toneladas de CO2 anuales como tope para el año 2007 y unas 150 para el año 2012. El exceso, con respecto a Kioto, sería pues (150-139), es decir, sobre 11 millones de toneladas de CO2 (de los que 2,5 serían compensadas por el efecto sumidero y el resto, 8,5 millones de toneladas de CO2, por compra a otros países).

Aunque estamos todavía en los ocho primeros meses de aplicación del PNA 2005-2007, en breve, el Ministerio de Industria pretende publicar el borrador del PNA 2008-2012, en el que, supuestamente, se producirá el ajuste duro de reducción de emisiones.

En este nuevo borrador sólo hay una cosa segura. Y es que, siempre y cuando se mantenga las bases establecidas en el PNA, la asignación futura supondrá para cada instalación una merma, en el mejor de los casos, del 15% de sus derechos de emisión actuales, ya que se debe pasar de los datos de emisiones objetivo de CO2 del 2007 (que eran un +39% de los de 1990) a los objetivos establecidos para el año 2012 (que eran un +24% de los de 1990).

Así pues, todas las empresas afectadas, sin saber aún el verdadero alcance del primer plan en el que estamos inmersos, están de nuevo a la expectativa de cuál será su asignación de emisiones para el período 2008-2012 y así poder establecer una estrategia adecuada de producción/inversión al menos para los próximos siete años. De momento, lo que sí parece claro es que a España Kioto le va a salir bastante más caro que los 85 millones que pronostica la ministra Narbona. Primero, porque el derecho de emisión está muy por encima, concretamente más del doble, de los 10 euros/tonelada de CO2 que preveía la Ministra. Sólo por este capítulo estaríamos hablando de una cifra que oscilaría en torno a los 170 millones de euros. Pero es que además no resulta creíble que el otro 2% de exceso que la Ministra pensaba compensar por incremento de la masa forestal (efecto sumidero) se pueda alcanzar. Sólo hay que ver los incendios que asolan nuestro país. Esto supondría alrededor de otros 50 millones de euros más para las arcas del Estado. A lo que, todavía, habría que añadir la factura particular de cada instalación industrial en concepto de excesos de producción asignada y que, sólo en el presente año 2005, suponiendo un exceso del 40% sobre la cuota asignada de 168 millones de toneladas de C02, podría oscilar para el conjunto de ellas sobre los 1.350 millones de euros. Desde luego habrá intentos para rebajar estas increíbles cifras. Baste citar, por ejemplo, que el propio Gobierno español, consciente de la incapacidad de cumplir todo lo establecido, había acordado la compra de 40 millones de toneladas de C02 extra a un precio fijo de 5 euros/tonelada (es decir, 200 millones de euros) con el probable objeto de compensar gratuitamente estas maltrechas cifras de las empresas privadas. No obstante, incluso así, a pesar de esta nueva modalidad de ingeniería financiera-medioambiental que se avecina, la factura global de Kioto para España, sólo para el año 2005, rondará en el mejor de los casos los 600 millones de euros para las empresas y los 200 millones para el Estado. No será, pues, extraño que el Gobierno con efecto inmediato (por ejemplo, en el nuevo PNA 2008-2012) intente repartir la factura de Kioto con los sectores hasta el momento no afectados y que representan el 50% de la emisiones (transporte, agrícola, residencial). En cualquier caso, hay algo seguro y es que cada español de un modo u otro lo pagará. De momento, lo veremos en la factura eléctrica, que, sin ningún género de dudas, subirá en un porcentaje significativo. De igual modo volverá el debate de la energía nuclear, que, a pesar de lo que a la gente se le ha hecho creer, es más segura y menos contaminante que las tradicionales, al menos, en lo que a Kioto se refiere. Además de generar estabilidad y diversidad en el sistema de producción eléctrica. En todo este proceso hay algo que todavía no se ha comentado y es nuestra situación comparativa con el resto de países europeos. España, en este sentido, es la peor situada. Ello requiere, necesariamente y de forma urgente, una renegociación. No tiene sentido que las emisiones per cápita asignadas a España estén por debajo de las alemanas o inglesas y sean similares a las francesas, que tienen su potencia energética confiada a la energía nuclear, que no es contaminante desde el punto de vista de Kioto. Asturias, desgraciadamente, es un buen ejemplo de la malsana connivencia entre energía-política. La situación energética asturiana está íntimamente ligada a los tejemanejes del «mundo del carbón socialista». Unos lazos que, probablemente, hace unos 25 o 30 años fueron positivos no sólo para ese mundo, sino también para la propia Asturias, por cuanto que dicho sector representaba el 30% de la fuerza laboral de nuestra región. No obstante hoy, cuando representa apenas el 2%, no puede ser que todo nuestro futuro energético quede en sus manos con el único fin de preservar unas desfasadas cuotas de poder dentro del Partido Socialista que explican, por ejemplo, cómo desde unas filas sindicales se han decidido los destinos de una formación política y, por ende, de la región entera.

Así es, la mala situación actual frente a Kioto de nuestro obsoleto parque termoeléctrico, así como la total ausencia de las necesarias inversiones para modernizar o reducir emisiones de los mismos, se explica, en el fondo, por este motivo.

Un dato, la factura de Kioto en el año 2005 para el conjunto de instalaciones radicadas en Asturias puede oscilar, estimo, entre los 93 y los 187 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, más de la mitad del presupuesto total de la ciudad de Gijón. Lo que vamos a pagar hoy es, pues, una parte de lo que no hemos invertido años atrás a costa de nuestra salud medioambiental.

Y ésta es la situación en Asturias por mucho que duela reconocerlo. Y es que adaptar instalaciones para reducir las emisiones de CO2 y alargar su vida útil en una gran instalación de combustión puede suponer una inversión de hasta 200 euros por tonelada de C02 eliminada (período de amortización: 20 años), mientras que contaminar, hasta ahora, era gratis. Así pues, no es casual que el Gobierno regional asturiano, a pesar de la existencia de las indicaciones de Kioto (1997) y de las directivas comunitarias al respecto, nunca se haya preparado para tal evento emitiendo, por ejemplo, una ley medioambiental que penalice las emisiones contaminantes de las térmicas, al igual que han hecho, por ejemplo, gallegos, vascos y cántabros. El objetivo (al igual que ocurre con Kioto) no hubiera sido recaudar -¡no nos confundamos!-, sino «animar» a las empresas a re-invertir y modernizar sus instalaciones.

En cualquier caso, los resultados están ahí. Al resto de comunidades españolas (a todas ellas) en estos últimos cinco años les ha ido bien, ya que o bien han reducido emisiones y modernizado instalaciones, o bien han instalado regasificadoras y ciclos combinados, o incluso ambas cosas. Nosotros, sin embargo, seguimos tal y como estábamos hace 30 años. ¡Por algo será! ¿A quién le ha interesado que la situación no cambie? Pues, a aquellos que han querido mantener su estatus socio-político a cualquier precio.

No obstante la situación está cambiando (Kioto obliga) y dentro de poco veremos, en un increíble ejercicio de cinismo político, cómo se anuncia a bombo y platillo el proyecto de la regasificadora de El Musel por parte de aquellos que durante años lo estuvieron impidiendo. Este proyecto es la llave para el posterior anuncio de, al menos, cuatro grupos de ciclos combinados de 400 MW de potencia. Todavía así será una incógnita saber cuál será el grupo promotor final de la regasificadora, aunque, lo más probable, es que el operador gasístico nacional más descolado en el Norte, Enagás, tome el liderazgo de la misma. Probablemente también se sume EDP-HC e, incluso, el propio Gobierno del Principado, con una aportación simbólica (esperemos que no mayor del 15%) que no condicione, por favor, políticamente la gestión de la misma.

¡Sería como volver a empezar! "

 

Autor: Francisco Santos.

Ingeniero industrial y secretario del área de medio ambiente e industria del Partido Popular de Asturias.

 

  Fuente: La Nueva España

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