"Pensamos que es importantísimo que la comisión vea que en España se están violando los derechos fundamentales. (...) Queremos que el resto de países se dé cuenta de lo que está pasando", explicó Juárez en declaraciones a los periodistas.

La alcaldesa confió en que la Unión Europea pueda dar un "toque de atención" a las autoridades españolas para que garanticen que se cumple con la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó adoptar medidas para poner fin a la lesión que produce a los vecinos el ruido de las aeronaves de Barajas.

La asociación Contra el Ruido de Ciudad Santo Domingo ya ha solicitado la aplicación inmediata del fallo y llevará ahora el caso a la Unión Europea, mientras en el Congreso de los Diputados se tramita el proyecto que reforma parcialmente la Ley de Navegación Aérea.

Los vecinos y el Ayuntamiento tienen previsto llevar el texto al Tribunal Constitucional si finalmente se aprueba en su forma actual, pues consideran que la nueva ley "antepone los intereses económicos de AENA a los derechos fundamentales de los españoles", según dijo hoy el presidente de la plataforma de afectados, Jesús Coca.

En declaraciones a la prensa en la sede de la Eurocámara, Coca insistió en que los vecinos no piden el cierre de Barajas, sino que se remedie el problema del ruido sobre sus viviendas aplicando las alternativas "viables" que existen.

Los vecinos tiene previsto poner por escrito en los próximos días su queja para que el PE estudie el caso en la comisión de Peticiones, el órgano en el que se tratan las denuncias ciudadanas.

El vicepresidente de la misma, Carlos Iturgáiz (PP), se comprometió hoy a pedir una tramitación de urgencia del caso, que podría ser tratado por los eurodiputados en un plazo de entre tres y cuatro meses.

Para Iturgáiz, ante el incumplimiento de una sentencia firme, los afectados "tienen todo su derecho de pedir amparo a las instituciones europeas" y abrir un debate sobre el asunto en Bruselas.

También se reunió con los afectados por el ruido de Barajas el parlamentario popular Pablo Arias, quien subrayó que AENA "debería haber acatado voluntariamente la sentencia", pues hay "soluciones técnicas" al problema de los vecinos.

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