El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, señaló esta semana que su gobierno «da todas las garantías de que hará los controles necesarios» en las plantas de celulosa que se planea establecer sobre el margen del río Uruguay y aseguró, a pesar de las quejas de la Argentina por posibles daños al medio ambiente, que seguirá adelante con el proyecto.
20/08/2005
«El gobierno uruguayo da todas las garantías de que hará todos los controles necesarios para que se cumpla con la reglamentación internacional en cuanto al límite máximo permitido de contaminación», dijo Vázquez a la prensa tras asistir a la inauguración de unas jornadas sobre el control del tabaco en Buenos Aires. «Vamos a seguir con la construcción de estas plantas porque estamos seguros de que no estamos produciendo una agresión mayor ni al
medio ambiente ni a los ciudadanos», afirmó.
El presidente uruguayo, que en el tema de las plantas de celulosa desafía la postura del gobierno de Néstor Kirchner, prometió que «si en algún momento, cuando esta planta funcione, hay comprobación de contaminación por encima de los máximos permitidos, vamos a actuar con responsabilidad y con seriedad».
El conflicto bilateral comenzó después de que el gobierno uruguayo aprobara los proyectos de instalación de dos papeleras -una española y otra finlandesa- cerca de la ciudad de Fray Bentos, que se comunica con la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. El inicio de la construcción de las plantas que, se teme, degradarán el medio ambiente, movilizó a la población de Gualeguaychú, al gobierno de Entre Ríos y a las autoridades nacionales. Finalmente,
el tema quedó a consideración de una comisión de especialistas, quienes analizarán el impacto ambiental de las plantas.
La inversión, estimada en 1.800 millones de dólares, es muy importante para Uruguay, aunque la mayor parte de la población uruguaya residente en la zona de radicación de las plantas se opone a ellas.
En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, dijo ayer que la disputa podría llegar a una corte internacional.
«Esto va a terminar en un tribunal internacional porque no hay voluntad por parte de las empresas Botnia y Ence de dar información para hacer el estudio de impacto ambiental», aseguró el mandatario provincial durante una entrevista concedida al programa «Desayuno», de «Canal 7». Durante el reportaje, Busti explicó que el pedido de información efectuado por su gobierno a ambas firmas no encontró eco.
«Estamos preparando una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como entrerrianos damnificados», continuó el gobernador, quien no dudó en expresar que esas plantas «van a perjudicar nuestro medio ambiente, van a tomar 86 millones de litros de agua del río Uruguay y los largarán contaminando, y lanzará 27 kilos de dioxina en el aire, siendo que un sólo gramo de ese producto le destrozó la cara al presidente de Ucrania».
Fuente: ambitoweb.com
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