27/07/2005
El Libro Blanco, que servirá como "herramienta útil" para resolver la liquidación de los costes de transición a la competencia (CTCs) pendientes sin distorsionar el funcionamiento del mercado mayorista de la electricidad ("pool") y, a la vez, para limitar la posibilidad de que las compañías puedan ejercer posiciones de poder de mercado.
El desarrollo de estos contratos virtuales es una de las medidas principales incluidas en el Libro Blanco elaborado por el profesor José Ignacio Pérez Arriaga y su equipo de investigadores de la Universidad Pontificia de Comillas a instancias del Ministerio de Industria, que fue hecho público hoy y que dará pie a las reformas que el Gobierno acometerá en el sector eléctrico a partir de octubre.
El propio ministro Montilla agradeció hoy al equipo de Pérez Arriaga la elaboración del documento, recordó que sus propuestas tienen un mero carácter consultivo y avanzó que Industria ya ha pedido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que evalúe y valore las propuestas del Libro, para unirlas a las opiniones de otros agentes del sistema eléctrico con vistas a los cambios en el sector.
El Libro Blanco --que consta de 591 páginas distribuidas en 12 capítulos-- parte de un diagnóstico de la regulación actual de la generación eléctrica, en el que detecta una decena de aspectos que deben revisarse en profundidad.
Así, se refiere, entre otros problemas, a una estructura de mercado inadecuada para la competencia; un precio mayorista de la energía con escasa relevancia; la necesidad de una armonización regulatoria con Portugal ante el futuro Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel); unas tarifas que "ignoran" el precio mayorista de la energía; un procedimiento de garantía de potencia costoso y poco eficaz; un mecanismo de recuperación de los CTCs que
distorsiona el "pool"; o "un país con un modelo energético insostenible".
Para hacer frente a estas carencias, los autores del Libro Blanco agrupan sus propuestas de reforma en tres bloques. Uno primero con medidas "estratégicas" para permitir el funcionamiento en competencia y sin distorsiones del "pool". Un segundo bloque con recomendaciones para mejorar el diseño de los mercados mayorista y minorista de la electricidad. Y un tercer bloque con propuestas "de largo plazo" acerca de la sostenibilidad del modelo
energético español.
El primer paquete de medidas, que recoge la propuestas centrales del documento, tiene como fin lograr que el precio de la energía en el "pool" recupere su "credibilidad" y sea la señal económica de referencia del mercado, siendo clave para un modelo de tarifa "suficiente y aditiva".
Esto requiere resolver la actual concentración horizontal y el poder de mercado de determinadas empresas detectados en el negocio de generación, así como las distorsiones derivadas de la recuperación de los CTCs. Además, exige cambios en lo referente al actual mecanismo de garantía de potencia.
Limitaciones a Endesa e Iberdrola
Así, para mitigar el poder de mercado, el texto defiende que ninguna compañía pueda disponer libremente en el "pool" de una capacidad efectiva de producción superior a un porcentaje de la potencia estimada de punta del sistema ese año. Este porcentaje lo determinará el Ministerio de Industria, a propuesta de la CNE, y se podrá actualizar con una antelación mínima de tres años.
Los autores del Libro Blanco estiman que en los próximos años habría que limitar la capacidad la capacidad efectiva de producción libre disponible de cualquier empresa en el periodo de punta al 22% de la demanda máxima anual del sistema.
Si se aplicara esta regla a las previsiones de este mismo año, Endesa (ELE.MC) sólo podría negociar en el mercado el 67% de su capacidad efectiva e Iberdrola (IBE.MC), el 76%. El resto de compañías no tendría ninguna limitación.
A su juicio, esta medida serviría sólo para limitar la "concentración efectiva", ya que no supone poner trabas a la cuota de generación que controlan las compañías. Este sistema de porcentajes debería también tenerse en cuenta a la hora de imponer limitaciones en caso de operaciones de compra y fusión entre las empresas.
Para ajustarse a estos límites, las empresas afectadas pueden vender activos de forma "voluntaria", llevar a cabo ventas virtuales de energía (las llamadas "emisiones primarias"), firmar contratos de venta largo plazo o los llamados contratos virtuales de energía.
Los contratos virtuales de energía son contratos financieros en los que el regulador especifica la cantidad de energía que se vende y su precio. Su saldo positivo o negativo respecto al precio de referencia que finalmente marque el mercado se repercutiría a los consumidores vía tarifa.
En la práctica, los autores del Libro Blanco consideran que, si el Gobierno optara por usar estos contratos virtuales como mecanismo de recuperación de los CTCs pendientes, al final no sería necesario establecer la mencionada "regla" para limitar la energía que las empresas negocian en el "pool".
Nueva fórmula para los CTCs
Esta nueva fórmula para liquidar los CTCs pendientes tiene dos partes. Así, hasta el 31 de diciembre de 2010, el documento propone que la empresas firmen contratos virtuales con cantidad fija de energía y precio fijo.
La cantidad de energía sería la producción estimada de las instalaciones de nuclear e hidráulica con derecho a CTCs (quedarían fuera las de carbón y fuel-oil que ahora sí tenían derecho); y el precio, el que ya se tiene en cuenta ahora para recuperar los CTCs, es decir, 36,06 euros por megavatio hora (MWh). La posible diferencia entre este precio y el que finalmente fije el mercado se aplicaría como reducción o cargo en la tarifa de los
consumidores.
A partir de 2011, el precio de estos contratos sería igual a la extrapolación del coste estándar comprometido en su momento en el Marco Legal y Estable.
Garantía de potencia y tarifas
Otra de las propuestas "estratégicas" del documento es la reforma del actual mecanismo de garantía de potencia, de forma que, al actual pago a las empresas por la capacidad firme disponible, se añadirían dos elementos nuevos.
Por una parte, las empresas deberían comprometerse a proporcionar la potencia firme asignada cuando el sistema se encontrara cercano al racionamiento, a cambio del pago por capacidad. El incumplimiento acarrearía sanciones económicas importantes.
Por otra parte, y en caso de necesidad para asegurar la cobertura del sistema, la Administración podría lanzar una subasta sobre el valor del pago de garantía de potencia entre los nuevos comercializadores.
En cuanto a las tarifas, el Libro Blanco defiende un sistema "transparente, suficiente y aditivo", que reconozca los desvíos y acabe con situaciones de déficit tarifario. Su idea es que la actual tarifa integral por defecto desaparezca de forma paulatina en favor del libre mercado y sólo se mantenga para pequeños consumidores que necesitan protección.
Nuclear y renovables
En otras de sus propuestas, los autores del Libro Blanco abogan por el establecimiento de un régimen económico "alternativo" para las centrales nucleares, reduciendo el fuerte incentivo económico que ahora perciben por producir a plena carga y el mayor tiempo posible, "con riesgo de relajación de las condiciones de seguridad".
Para las renovables, respalda el actual mecanismo de primas pero propone acotar su uso en el tiempo y hacer mayores discriminaciones por tecnologías, horas de funcionamiento y costes.
Fuente: Finanzas.com
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