Más de 170 científicos del clima se han reunido en Bergen, Noruega, para elaborar el 4º informe del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un documento que juega un papel vital en las decisiones presentes y futuras que afecten al clima en el mundo.

Que este país acoja este evento se explica fácilmente: en menos de 100 años desaparecerá el 98 % de la superficie glaciar en Noruega. Los científicos prevén que 11 de los 34 grandes glaciares noruegos se derretirán y el área total se reducirá un tercio.

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Las consecuencias directas para el ecosistema serán un aumento del caudal de los ríos y una pérdida considerable de agua potable porque los glaciares son un verdadero banco de agua. Por no hablar de las numerosas especies endémicas que perecerán o de sus repercusiones sobre la agricultura, la pesca, la producción energética y el turismo. Para los expertos reunidos, el cambio climático ya es imparable y, desde luego, es producto de la actividad del hombre.

España

Respecto de la situación de nuestro país, resulta a estas alturas más que evidente que al Gobierno español le resultará imposible cumplir con los compromisos adquiridos y por ello no se ha entregado a la Comisión Europea el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión, que debía determinar antes del 30 de junio qué industrias y cuánto dióxido de carbono pueden emitir en el periodo 2008-2012. Según datos publicados por la propia Comisión Europea, España es el Estado miembro que más se aleja de su cumplimiento y el esfuerzo que nuestro tejido industrial y de servicios deberá afrontar no va a resultar fácil de administrar. De hecho, ni siquiera el borrador presentado por el Ministerio de Medio Ambiente a las organizaciones no gubernamentales tiene, a juicio de éstas, la concreción necesaria para poder realizar un análisis crítico profundo; aunque al menos el Gobierno ha aceptado la recomendación de la UE de no adjudicar más derechos del total de las emisiones que tenían en 1990, más del 15%, que es el objetivo de España para cumplir con Kioto.

El punto con mayores problemas es el nivel concreto de emisiones que se fijará para el año base, 1990, puesto que no se tienen registros documentados de las emisiones de pequeñas instalaciones, instalaciones mixtas y de la cogeneración. Para los ecologistas, la cantidad máxima de derechos a repartir debería establecerse entre 131 y 144 millones de toneladas de CO2 anuales -muy por debajo de las necesidades reales- y abogan, además, porque se utilice al máximo el sistema de subasta, el que mejor responde al principio de "quien contamina paga". Incluso se habla de reducir los derechos al sector eléctrico, ya que es el que más posibilidades tecnológicas tiene y carece de competencia exterior, pero esto haría aún más difícil de manejar el elevado déficit de tarifa que estas compañías arrastran. Un serio problema para el que no parece haber solución, pero para el que no queda más remedio que encontrarla.

La Verdad. Editorial (02-07-2006)

Fuente: La Verdad

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