El Gobierno ha elaborado un anteproyecto de ley de calidad del aire y protección de la atmósfera que faculta y obliga a las comunidades autónomas a ejercer un control más riguroso en un campo donde España adolece aún de graves déficits.
Noticias Troposfera.org
30/05/2006 Entre otras competencias, las autonomías podrán "prever medidas de control y supresión de aquellas actividades que sean significativas en la situación de riesgo, incluido el tráfico automovilístico", según se indica en la propuesta legislativa.
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Hasta ahora, la comunidades autónomas apenas han intervenido en una cuestión que se dejaba en manos exclusivas de los grandes municipios como Madrid y Barcelona, mientras los niveles de polución vinculados al tráfico no ha dejado de crecer en los últimos años. La nueva norma les obligará ahora a elaborar "planes de mejora para alcanzar los objetivos de calidad del aire" en plazos concretos y "planes de acción a corto plazo" con la adopción
de medidas cuando exista el riesgo inmediato de superar los límites establecidos. Los planes podrán incluir esas medidas de supresión del tráfico.
La Generalitat tiene en fase de elaboración un plan de calidad del aire en el área metropolitana que con esta ley se verá reforzado. Ninguna otra comunidad ha aprobado un plan de este tipo, precisamente por la falta de un marco normativo que lo establezca.
Las autonomías también tendrán que dividir el territorio en zonas, según los niveles de contaminación, identificando las que superan los niveles permitidos. Estas áreas de riesgo deberán ser tenidas en cuenta a la hora de aprobarse los planes urbanísticos y la ordenación del territorio. "No se podrán autorizar actividades que agraven el problema de calidad del aire", explica el secretario general para la Prevención de la Contaminación del
Ministerio de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri.
Si el problema está, por ejemplo, vinculado al tráfico se vetará, por ejemplo, un plan que aumente la circulación de vehículos.
La ley también abre la puerta a la creación de un sistema de comercio de emisiones para algunos de los 14 contaminantes controlados siguiendo el modelo del mercado de derechos de CO2 creado a raíz del protocolo de Kioto.
El borrador contempla también la creación de un sistema nacional de información y vigilancia de la contaminación y obliga a las diferentes comunidades autónomas a enviarle los datos de forma periódica de un modo homogéneo.
Fuente: Diario Córdoba
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