Cambio climático

La pasada legislatura entraron por el registro del Congreso de los Diputados tres propuestas de ley de cambio climático: Unidos Podemos, el Partido Popular (justo después de ser desalojado de La Moncloa) y el Gobierno socialista presentaron sus visiones. El Ministerio para la Transición Ecológica remitió además a Bruselas el borrador del Plan de Energía y Clima de España. La realidad final es que estas herramientas para afrontar la crisis climática todavía no están en vigor.

Mientras, las emisiones de gases de efecto invernadero que lanza España a la atmósfera (origen del calentamiento global) volvieron a subir en 2017: 340,5 kilotoneladas. Eso supuso estar 17,9% por encima del objetivo de reducción marcado por España trazado en un quinto menos de lo que se emitía en 1990 (288,4 Kt). El año pasado, tres centrales térmicas españolas entraron en el top30 de los principales emisores de CO2 en la Unión Europea: As Pontes y Litoral de Endesa más A Boño de EDP.

No son ya párrafos científicos en informes de advertencia. El calentamiento global actúa en España. La ha convertido en más cálida. En más seca. Con menos agua disponible. De hecho, los veranos duran una media de cinco semanas más que hace cuarenta años.

Y los ciudadanos no solo son conscientes de este fenómeno sino también de su origen humano. Lo certificó el CIS en diciembre pasado cuando reflejó que el 83% de los españoles cree que el cambio climático es algo real. También más del 80% entendía que los partidos políticos deberían dar mucha o bastante importancia a este fenómeno en sus propuestas electorales. Cuando falten tres días de las elecciones, el 25 de abril, los jóvenes del FridaysforFuture prevén repetir la movilización por el clima que ya celebraron el 15 de marzo. Tratan de dar continuidad al movimiento de protesta surgido al calor de la activista sueca Greta Thumberg.

La contaminación del aire

España se ha librado por lo pelos de ser llevada a los tribunales europeos por la mala calidad del aire. No porque los niveles de tóxicos bajaran por debajo de los umbrales legales sino porque los planes presentados en Madrid o Barcelona han servido de tregua. Iniciativas como la zona de bajas emisiones y tráfico restringido de Madrid Central han comprado tiempo.

Pero la realidad sigue siendo esta: unos 17 millones de personas respiran aire con exceso –legal– de polución. En 2017, crecieron todos los tóxicos acumulados, según el estudio de datos oficiales realizado por Ecologistas en Acción. Además, España parece encadenada a la emisión de contaminantes para conseguir crecimiento económico: más diésel para transportar mercancías, más queroseno para el tráfico aéreo (incluso hubo más carbón en 2017 para obtener energía eléctrica ante un mal año para las renovables).

«Con la contaminación estamos matando a una escala que no comprendíamos«, decía a eldiario.es el economista Nicholas Stern en enero pasado. Ahora empezamos a vislumbrar la factura en vidas que tiene: casi nueve millones de muertes en el mundo. 800.000 solo en Europa. Los límites establecidos en la Unión Europea para las micropartículas son demasiado altos y deberían acercarse a los propuestos por la Organización Mundial de la Salud», advertía uno de los responsables de ese estudio Mark Nieuwenhuijsen.

El agua

España acaba de atravesar por uno de los inviernos más secos desde que hay registros. La escasez de agua empeora y, según los cálculos ya admitidos por el Gobierno, se encamina hacia un panorama en el que los recursos disponibles caerán entre un 20 y un 30%. La exigencia de una nueva gestión hidrológica según el agua disponible en lugar de en función de las demandas no solo llega por las normativas europeas sino por la propia coyuntura hídrica.

Menos agua se traduce en un avance de la erosión y la desertificación. En este sentido, la temporada invernal 2018-2019 ha sido la que ha registrado la mayor diferencia de temperaturas entre el día la noche desde que se tienen datos. Una característica más propia de climas áridos. El constante avance del terreno dedicado a cultivo de regadío (principal consumidor de agua), los trasvases y las grandes infraestructuras están en revisión.

La basura plástica

España ha acumulado retraso a la hora de regular el uso del plástico. En 2018 terminó de trasladar la normativa europea sobre bolsas. Lo hacía casi al mismo tiempo que la Comisión Europea iba un paso más allá y presentaba una nueva regulación sobre los objetos de plástico de un solo uso: las pajitas, las tapas de bebida, los bastoncillos… En marzo de este año, el Parlamento Europeo terminó el proceso legislativo comunitario y aprobó la directiva para limitar la puesta en el mercado de estos productos. España es un gran consumidor de plástico: la demanda ronda los cuatro millones de toneladas anuales.126 toneladas de esta basura llega cada día al mar español.

Un estado con 5.900 kilómetros de costa no puede dar la espalda a esa riada de desechos de larguísima duración. De hecho, un estudio de 2012 ya calculaba que, en el Mediterráneo, flotaban 250.000 millones de microplásticos. El 95% de la basura marina en estas aguas está hecho de este material. El ritmo lento que ha venido marcando la legislación española sobre plásticos no es una obligación. La comunidad autónoma de las Islas Baleares aprobó en enero pasado una ley específica para abordar la basura plástica que termina por acumularse en su litoral: a partir de 2021, no se podrán comercializar bolsas de plástico de un solo uso, las anillas de las botellas y las latas solo podrán ser biodegradables y las bandejas de alimentos, tazones, cubiertos, platos, pajitas o bastoncitos de los oídos o de Chupa-Chups tendrán que ser compostables. La ley balear llegó dos meses antes que la votación en Estrasburgo.

Invasiones biológicas

Cualquiera que sea el color del Gobierno que se forme después del 28A tendrá encima de su mesa la expansión y daño que está causando la creciente invasión biológica que sufren los ecosistemas españoles. Especies exóticas, normalmente trasladadas por la acción humana, desembarcan en los hábitats ocasionando un efecto dominó destructivo. Hace pocos días, el CSIC alertaba sobre el peligro inminente que un pequeño pez de acuario –el amaro– supone para una de las especies más amenazadas de la fauna ibérica: la almeja de río margaritona. Poco antes, el Gobierno declaró al cerdo vietnamita como especie invasora ante los daños que ya provocan los ejemplares asilvestrados. Dos mascotas convertidas agentes de pérdida de biodiversidad.

Las variedades exóticas invasoras recorren y empobrecen el medio ambiente español peninsular e insular. Y obligan a enormes inversiones económicas para tratar de contener sus efectos. Algunos nombres: el camalote (un nenúfar) que cubre las aguas del Guadiana e impide la vida dentro del río. El mejillón tigre que llegó en embarcaciones de recreo a la red fluvial. La avispa africana, la avispilla del castaño que diezma los bosques de este árbol. Hay muchas más. La convención para la biodiversidad considera las especies invasoras la segunda mayor amenaza sobre la riqueza natural del planeta. Hace poco se ha constatado que el devastador nemátodo del pino ronda la entrada a las masas forestales desde Portugal. El cambio climático, además, favorece la expansión de algunas variedades. Un ejemplo: el mosquito tigre, vector de varias enfermedades como el dengue. España registró el año pasado sus primeros casos de dengue transmitidos dentro del país por estos insectos.

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