La medida se tomó el jueves por el aumento de los niveles de contaminación vinculados a la movilidad y el potente anticiclón, que han incrementado la concentración de partículas en suspensión. Esta decisión no conlleva restricciones a vehículos.

La Dirección General de la Calidad Ambiental y Cambio Climático mantiene el episodio por el pronóstico que indica persistencia en las condiciones de estabilidad atmosféricas. El lunes se volverá a valorar si hay que mantenerlo o desactivarlo.

El Ayuntamiento de Barcelona "no descarta" implantar en el futuro un peaje urbano

Con Barcelona bajo una alerta de alta contaminación por partículas en suspensión por segundo día, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha asegurado este viernes que no descarta y tiene en estudio la implantación de un peaje para reducir el tráfico en la ciudad.

El anuncio lo ha hecho la teniente de alcalde de Urbanismo, Ecología y Movilidad, Janet Sanz, que ha exhibido rotundidad al ser preguntada por la situación de contaminación: "Somos el primer gobierno que ha puesto en la agenda la contaminación y haremos lo que sea para garantizar la salud, no descartamos ninguna medida y una de ellas es el peaje urbano", ha manifestado. "No es una medida para implantar a corto plazo, es muy complejo de implantar, pero está en una fase de estudio avanzado", ha añadido.

El anuncio, sin embargo, llega entre las críticas de los expertos y entidades ecologistas porque pese a la elevada contaminación de la última semana el protocolo no prevé restringir el tráfico, que también genera contaminación por partículas en suspensión. Las restricciones solo están previstas en caso de contaminación por dióxido de nitrógeno. En este sentido, Sanz ha respondido que el protocolo es fruto del trabajo de una mesa de expertos, pero que está dispuesta a "revisarlo para ir más allá si es necesario".

Precisamente esta semana se reveló que un informe elaborado por la consultora Idencity asegura que poner en marcha un peaje urbano reduciría, de promedio, un 11,4% las partículas PM10 (de un diámetro de entre 2,5 y 10 micrómetros) y un 9,2% las de óxidos de nitrógeno. Esa reducción sería consecuencia directa de que el pago para entrar en las dos grandes ciudades españolas habría evitado la circulación de 113 millones de vehículos al año en Madrid y de otros 76 millones en Barcelona.

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