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feb 22, 2019

España: el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Cambio Climático


El desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) permitirá un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) hasta los 25.100 millones de euros desde los 19.300 actuales entre 2021 y 2030. Es uno de las cifras que recoge el anteproyecto de LCCTE, planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), y aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, y que junto al Plan de Energía y Clima y a la Estrategia de Transición Justa forman el paquete normativo de energía y clima del Gobierno.

La nueva normativa responde a los compromisos de España con la Unión Europea respecto a la descarbonización de la economía con miras a 2050 y tras pasar por el proceso legal volverá al Consejo para su aprobación definitiva.

La ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha señalado que los pilares de la nueva normativa son la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), la introducción de energías renovables y la eficiencia energética.

Ha asegurado que el paquete normativo presentado este viernes es “sólido y denso que inicia una transformación importante en el país. Es la reforma estructural más importante para todos los países, incluido el nuestro, con un debate público, que hasta ahora ha sido silenciado”.

Fuentes del Miteco han señalado que las normas permitirán una adaptación al cambio climático, “en un país totalmente vulnerable”, con una mejor gestión de agua, de costas e infraestructuras, y meter los escenarios reales de los efectos para la planificación y buena gestión de los recursos.

Gases de efecto invernadero

Se contempla una reducción de un 20 % de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 con respecto a las de 1990, y de un 90 % en 2050, lo que supondrá una reducción de 2.222 muertes menos por contaminación ambiental.

Las fuentes del Ministerio han subrayado la importancia de este compromiso cuando a finales de 2017 España sobrepasó en 18 puntos porcentuales por encima de la referencia.

Según las mismas fuentes, la normativa permitirá a todas las instancias involucrarse en el desarrollo e implementación de la legislación que marcará el camino a la descarbonización de los diferentes sectores de la economía.

Con estos planes el Gobierno pretende potenciar el empleo en parados de larga duración, mujeres y jóvenes, así como políticas de formación profesional en sectores de las energías renovables, industriales y de la construcción.

Las medidas prevén mover oportunidades de negocio superiores a los 200.000 millones de euros en la próxima década en la que deberán estar las entidades de crédito, las cotizadas, las aseguradoras y sociedades y que abarquen sectores de industria, energía y construcción.

Esta cifra se prevé que se haga con inversiones públicas estatal, autonómica, local y europea de 47.000 millones de euros.

El Gobierno calcula que el conjunto de medidas del Marco de Energía y Clima creará 300.000 nuevos empleos en la década de 2021 a 2030, de los que entre 99.000 y 172.000 corresponderán a inversiones en renovables en el sector energético.

Eficiencia energética

Según fuentes del Miteco se fomentará la rehabilitación de al menos 100.000 viviendas al año para fomentar la eficiencia energética; y antes de 2050 el Gobierno impulsará la rehabilitación de edificios públicos y privados para transformarlas en edificaciones más eficientes energéticamente y descarbonizadas.

En relación a la movilidad sostenible, la Ley de Cambio Climático no permitirá en 2040 la matriculación y venta de vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2), lo que incluye a los que llenan sus depósitos con gasolina, diésel, híbridos, gas natural y gas licuado del petróleo.

Las fuentes han señalado que son programas con vistas a las generaciones futuras pero con actuaciones urgentes, porque los efectos del calentamiento global se dejan sentir ya en España.

Descarbonización del país: 2050

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado el conjunto normativo para "facilitar y orientar" la descarbonización de la economía en 2050, de acuerdo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.

"Hemos visto el marco estratégico de energía y clima que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y es una apuesta par facilitar la modernización de la economía, el empleo en sectores y campos en los que tenemos gran potencial y que nos colocará en el provenir garantizando la equidad", ha subrayado Ribera.

Así, defiende que este es un marco "ambicioso, equilibrado, modernizador y plenamente factible" que permitirá la creación y "reposicionamiento" la industria, las energías limpias y generará efectos positivos para el desarrollo del medio rural, el medio ambiente, la salud y la justicia social.

Se trata, ha dicho, de una propuesta "sólida, transversal" y que maximiza las sinergias "de forma convincente" en la que han participado todos los Ministerios, el conocimiento científico y se han analizado más de "mil" variables.

El anteproyecto de Ley plantea dos fases, a 2030 y a 2050. El primero de ellos, 2030, marca el objetivo de reducir al menos un 20 por ciento (%) las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990; generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable; asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos un 35%.

Por tanto, Ribera ha dicho que reducir las emisiones un 20% respecto a 1990 en 2030 supondrá eliminar "una de cada tres toneladas de dióxido de carbono" y para llegar a una neutralidad de carbono en 2050 se deberán reducir las emisiones de CO2 en al menos un 90% con respecto a 1990.

Para alcanzar estas metas el Gobierno prevé aprobar subastas de por lo menos 3.0000 megawatios renovables cada año y desarrollar un nuevo marco de retribución para la generación renovable que se base en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimiento de concurrencia competitiva y se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.

Otras de las medidas contempladas en el anteproyecto de ley es que solo se podrán dar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil si están "debidamente" justificados por motivos de "interés social o económico" o por la "inexistencia de alternativas tecnológicas".

Además, se deberá elaborar un informe sobre el régimen fiscal que se apliquen a los productos energéticos de origen fósil que incluirá un calendario para revisar estas ayudas.

La Administración General del Estado y los organismos, entidades que forman el sector público estatal deberán desprenderse en dos años de todas las participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté ligada a la extracción, refinado o procesado de productos energéticos.

También se fomentarán los combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y en la aviación se promoverá el uso de biocarburantes avanzados y otros renovables de origen no biológico.

Una vez que entre en vigor la ley no se darán nuevas autorizaciones para explorar, investigar hidrocarburos o nuevas concesiones ni en tierra ni en aguas territoriales, ni tampoco se podrán desarrollar proyectos de fractura hidráulica ('fracking'). Las prórrogas vigentes no podrán extenderse más allá del 31 de diciembre de 2042.

Los proyectos se quedan cortos, según ecologistas

La medida no ha sido acogida con entusiasmo por los sectores medioambientales. Ecologistas en Acción, en un comunicado emitido este viernes ha criticado la falta de ambición de las medidas: "Si bien los compromisos planteados son al menos superiores a la propuesta anterior del Partido Popular, están muy lejos de reducciones anuales superiores al 7 % anual hasta 2030", opinaban.

Equo, por su parte, ha calificado el ateproyecto como "una tomadura de pelo". "El PSOE ha acabado haciendo exactamente lo mismo que el PP y que tanto hemos denunciado: presentar la ley de cambio climático cuando ya no puede tramitarse. Una auténtica tomadura de pelo. El papel lo aguanta todo y cuando ya no puede tramitarse la ley, tampoco puede hacerse una valoración seria de su contenido", ha declarado Juantxo López Uralde, diputado del partido en el Congreso de los Diputados.

Coches o emisiones de CO2

En la actualidad, dado que el transporte es el responsable de más del 26% de las emisiones contaminantes y del 42,1% de las de óxidos de nitrógeno, el anteproyecto establece en 2050 la fecha en la que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros deberá ser libre de emisiones directas de CO2. Como paso intermedio, los nuevos coches y furgonetas serán cero gramos de emisión de CO2 por kilómetro "no más tarde en el año 2040".

En este proceso el Gobierno trabajará para acompañar al sector de la automoción y pondrá en marcha medidas para facilitar la penetración de estos vehículos. También se creará una Mesa de la Movilidad en la que participarán todos los agentes implicados.

La ley contemplará que el Ejecutivo deberá elaborar una 'Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada' que analizará las desigualdades en el acceso a modos de transporte más limpios, la transformación digital en el transporte y la necesidad de una mejor planificación y eficiencia de las inversiones para el transporte.

No se prohibirán los coches diésel y gasolina en 2040

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró ayer que en su propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ha dado a conocer hoy, no se prohibirá la venta de vehículos de combustión a partir de 2040. El Gobierno rectifica así, después de que el borrador de trabajo de la Ley planteara la prohibición de vender turismos y vehículos comerciales diésel, gasolina e híbridos a partir de esa fecha.

Ribera defiende que su Gobierno ha hecho un "copy paste" de la propuesta de la Comisión Europea a este respecto y espera una felicitación de la Comisión por el camino adoptado por el Ejecutivo.

El comisario de Acción Climática y Energía, Miguel Arias Cañete, rechazó que se prohíba la venta de este tipo de vehículos en 2040, tal y como ya adelantó en su día elEconomista.

Para el comisario, Bruselas apuesta por incentivar más el desarrollo de la movilidad eléctrica que por la prohibición y recuerda que para que un país pueda adoptar una decisión de este tipo necesitaría los permisos de la UE.

Según los cálculos de la Comisión para 2030, España necesitará 312.000 puntos de recarga eléctrica para alrededor de 373.000 coches eléctricos, pero más de 2,7 millones de vehículos híbridos enchufables.

La UE además está desarrollando una propuesta para poder reducir las emisiones de la aviación aérea.

Objetivos en la UE

Arias Cañete hizo también un repaso a los objetivos que se están marcando en Europa. Francia se ha impuesto un 32-35%; Suecia, un 65%; Austria, un 50%; Lituania, un 45%; Portugal, un 47%, y mañana España propondrá un 42%.

El comisario destacó que lo que más le importa es que se cumpla el objetivo global y espera que en 2023, cuando toque revisarlo, se pueda incrementar el actual objetivo europeo por encima del 32%.

Cañete además hizo balance sobre el cumplimiento de los objetivos de 2020. En total hay 11 Estados que cumplirán los objetivos de Kioto, otros nueve están en línea de lograrlo, entre ellos, España y otros ocho que pueden no lograrlo, entre los que están Holanda, Francia, Irlanda, Bélgica o Reino Unido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también aludió a la polémica medida incluida en el borrador de la Ley que se divulgó en el mes de noviembre durante la presentación de las medidas que aprobará hoy el Consejo de Ministros.

Concretamente, dijo que "apostamos por una movilidad sin emisiones de CO2, apostamos por la necesaria electrificación del transporte y la innovación asociada a tecnologías limpias".

Señaló que "esto constituye una enorme oportunidad para la industria automovilística", antes de añadir que es "una industria fundamental en nuestro tejido productivo, que sabe lo que demandan los ciudadanos y que está invirtiendo masivamente en desarrollar modelos eléctricos".

"Lo que necesitamos es establecer un marco claro y adoptar medidas de apoyo para que esas inversiones se produzcan aquí, y no fuera, que es lo que está ocurriendo desgraciadamente, para que sean nuestra industria y nuestros trabajadores los que se beneficien de esta imparable ola transformadora".

España, el último país de la UE en enviar a Bruselas su plan climático

El último plan. España se convertirá este viernes en el último país de la UE que presenta su plan nacional para cumplir los nuevos objetivos energéticos y medioambientales del club comunitario hasta 2030. Luxemburgo, el penúltimo país en cumplir con la obligación, lo presento el miércoles por la noche. Estas estrategias deben fijar la senda de cada socio comunitario para contribuir a los objetivos generales de la Unión para ese año. La suma total debe permitir que para finales de la próxima década se hayan reducido las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de Europa en al menos un 40% (en comparación a 1990), y que al menos el 32% del consumo energético final provenga de fuentes renovables.

España admite el retraso. Y lo achaca, según ha explicado este jueves por la tarde la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que cuando en junio llegó el PSOE al Gobierno no se había adelantado nada de este programa. "Hemos hecho un ejercicio muy serio y partíamos prácticamente de cero", se ha defendido Ribera. Lo ha hecho junto al comisario de Acción por el Clima y Energía, el español Miguel Arias Cañete, en un debate en Madrid.

El departamento de Arias Cañete, precisamente, es el que debe analizar todos los planes presentados por los Estados y decidir si son suficientes para lograr los objetivos marcados para toda la UE. A diferencia de la década anterior, la UE ha suprimido los objetivos nacionales vinculantes, como ha recordado Arias Cañete. Pero la Comisión se reserva el derecho de pedir correcciones si concluye que los planes presentados no garantizan el cumplimiento de los objetivos globales de la Unión.

De momento, fuentes del departamento de Arias Cañete, aseguran que los planes presentados por los 26 socios (a falta del español) tienen la falta de concreción como denominador común. Bruselas, sin embargo, considera que esa característica no es preocupante porque los planes marcan el inicio de un proceso de diálogo entre la capital comunitaria y los Gobiernos que permitirá concretar las medidas exactas de cada país.

De hecho, el plan enviado por España (como el resto de Estados) es solo un borrador. La ministra española ha incidido en que ahora se abre un proceso de información pública y debate. Y será el Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril el que apruebe definitivamente el plan. En el departamento de Ribera defienden que su propuesta es lo suficientemente seria como para que pueda mantenerse con un Ejecutivo de otro color político. Sin embargo, el texto no cuenta con consenso político e incluye asuntos polémicos como un plan de cierre de las nucleares sobre el que las posturas entre derecha e izquierda están enfrentadas. Y en ese caso concreto, la Comisión Europea se muestra neutral, ya que las centrales nucleares no emiten gases de efecto invernadero, con lo que depende de la posición de cada partido político.

Una de las apuestas del borrador del plan que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros para luego ser remitido a Bruselas es por las energías renovables. Según ese texto, en 2030 el 42% de todo el consumo final de energía deberá venir en España de fuentes renovables, lo que supone un incremento de 25 puntos respecto a la cuota actual. El Ejecutivo destaca que el objetivo que se fija está 10 puntos por encima del establecido para el conjunto de la UE.

Arias Cañete ha explicado que en las reuniones de los últimos meses lo único que se le exigía a España era que debía presentar un plan en el que al menos se llegara al 32% de renovables en 2030. Y ha añadido que otros países se han fijado también metas altas, como Francia (entre el 32% y el 35%), Suecia (65%), Austria (50%), Portugal (47%) o Lituania (45%). "Ahora hay que mirar las medidas para ver si permiten a los países cumplir con los objetivos", ha indicado el comisario europeo.

Inestabilidad

La elaboración de estos planes en casi toda la UE (también en España) se ha visto marcada por la inestabilidad política y la fragilidad de muchos Gobiernos europeos. Más de una decena de países, incluida también España, afrontan procesos electorales este año y los planes de los Ejecutivos actuales presentan la interrogante sobre su posterior evolución tras los comicios en ciernes. Por eso, el comisario ha incidido en la importancia de intentar consensuar esos planes que son de largo recorrido.

En el Consejo de Ministros de este viernes, además, se aprobará el anteproyecto de ley de cambio climático, que incluye una medida que ha generado polémica: el veto a las ventas de coches nuevos que emitan CO2 a partir de 2040. Ribera ha defendido que el Ejecutivo emplea la misma redacción que la Comisión Europea ha incluido en su estrategia de largo recorrido de descarbonización. Y Arias Cañete ha reconocido que, con esa estrategia en la mano, para 2050 (cuando la UE debe tener emisiones cero) el transporte debe estar electrificado completamente, "o con hidrógeno", ha añadido sobre la posibilidad de contar con nuevas tecnologías que no emitan dióxido de carbono.

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