El demandante reclama al juez que exija al Ayuntamiento tomar medidas para frenar la polución en la ciudad y, en concreto, propone que se implante un sistema de tasa o peaje de entrada para los vehículos, con la finalidad de reducir el tráfico, al estimar que ésta es la mejor manera de mejorar la calidad del aire, según la experiencia de varias ciudades europeas.

Román Martín Valldeperas, vecino del Eixample, invoca en su recurso al juez su derecho a disfrutar de un aire limpio y, sobre todo, de que este se ajuste al límite legal. La directiva europea establece una concentración máxima de dióxido de nitrógeno (NO2) de 40 microgramos por metro cúbico. Este valor límite anual viene siendo rebasado en la ciudad desde el año 2010, cuando la normativa entró en vigor.

Entre otros argumentos, señala que en el área de Barcelona mueren prematuramente cada año unas 3.500 personas a causa de afecciones relacionadas con la contaminación. El denunciante ha aportado abundante información sobre cómo se superan los niveles ilegales de contaminación en la ciudad y sobre los efectos que esta ocasiona en la salud, especialmente entre la población infantil. Varios de estos documentos señalan al tráfico como principal causante de la polución. También se añaden testimonios de algunos de los principales especialistas en contaminación.

Asimismo, se invoca como argumento sentencias del Tribunal de Justicia de la UE en las que se deja claro que las administraciones tienen la obligación de lograr resultados y obtener mejoras reales en los indicadores, sin que valga la mera presentación de planes sin efectos beneficiosos demostrados.

El juzgado ha tenido por formalizada la demanda el día 30 de enero, y ha concedido 20 días al Ayuntamiento para que conteste a la reclamación. El demandante presentó en su día un escrito al Ayuntamiento de Barcelona para solicitar información sobre la contaminación en la ciudad; consideró insuficiente la respuesta, y posteriormente presentó un recurso de alzada (el pasado 3 de mayo) ante el Ayuntamiento, que quedó sin respuesta. Ante el silencio administrativo, su decisión fue recurrir al juzgado contencioso administrativo que, tras aceptar la demanda, estudiará las pruebas y dictará sentencia. En su escrito, el demandante documenta experiencias en diversas ciudades europeas en los que se ha conseguido disminuir los niveles de contaminación.

Román Martín, padre de dos niñas, de 6 y 8 años, estima que el Ayuntamiento de Barcelona –contra el que se dirige la demanda– está incumpliendo la referida directiva europea –que pone límites muy claros y precisos a la contaminación por NO2–. Considera que no está tomando todas las medidas necesarias para acatar estas normas, que tienen un carácter de obligado cumplimiento, al estar recogidas en su adaptación al derecho español.

“Es obligación del Ayuntamiento actuar, sobre todo cuando sabe que la contaminación ocasiona problemas de salud a todos los ciudadanos de Barcelona”, declara el demandante. “Soy padre y me siento responsable de la salud de mis hijas”, dice este vecino del Eixample, cuyas hijas van a un colegio de la calle Aragón, “una autopista urbana con 100.000 coches al día”. “Tengo el mismo derecho a respirar aire limpio que quienes viven fuera de la ciudad y respiran aire puro”.

Román afirma que el gobierno local asume en su discurso la lucha contra la contaminación, pero sin que se lleven a cabo las medidas necesarias, lo que le atribuye al “temor a la impopularidad y al miedo a perder votos”. “Las directivas marcan límites muy claros. ¿Por qué no se cumplen? También la administración ha de cumplir las leyes”, repite.

Así las cosas, expresa su convencimiento de que “por la vía política no se conseguirá nada, más allá de expresar unas meras intenciones”, por lo que ha recurrido al juez.

En este sentido, argumenta que la documentación relativa a los planes municipales contra la contaminación no cuantifica el descenso de emisiones de NO2que comportaría. Igualmente, esgrime que las medidas anunciadas para disminuir la polución a partir del año 2020 (cuando no podrán circular los vehículos que carezcan de etiquetas adhesivas ambientales de la DGT) tampoco servirán para rebajar la contaminación para ajustarla al nivel permitido. “Cada día entran 1.000.000 de coches a la ciudad y los expertos nos han dicho que no está comprobado que esas etiquetas vayan a servir para la contaminación se quede por debajo de los 40 microgramos por metro cúbico”, dice. A su iniciativa se han sumado numerosas personas (padres de familia, profesionales...) que han promovido una plataforma en internet (wwv.stopcontaminaciobcn.org).

En su escrito, el demandante propone la implantación en Barcelona de un sistema como el que se aplica en diversas ciudades europeas (la tasa o peaje de congestión o de entrada en la ciudad), entre ellas Estocolmo, Londres o Milán, con la finalidad de que haya menos coches. Mediante esta fórmula, los vehículos que entran en la ciudad son controlados a través de cámaras y los conductores pagan una tasa diaria, que tiene un efecto disuasorio.

“Los especialistas nos dicen que la tasa de entrada en la ciudad es la medida más eficaz justa y equitativa” reiterada. “En Estocolmo, su aplicación ha dado magníficos resultados y un descenso del 35% del tráfico”, dice Martín, convencido de los ingresos de este sistema son la solución idónea, pues permitirían introducir mejoras complementarias: transporte público, autobuses-lanzadera hasta el centro de la ciudad, aparcamientos disuasorios en la periferia… “Me gustaría que el gobierno de mi ciudad me dijera que tiene una estrategia para cumplir la ley; que me concretara cómo va a reducir el tráfico y me enseñara los objetivos y el calendario concretos para llevarlo a cabo”, señala. “Tengo un derecho europeo que me ampara; por eso, pido al Ayuntamiento que aplique medidas concretas para que acabe con la contaminación. Y eso no debería ser ahora, y no dentro de dos años”, sentencia.

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