CCOO ha recordado en una carta a la ministra de Industria que una decisión muy estricta en el porcentaje de reducción de emisiones para vehículos pesados "pondría en peligro la viabilidad de las empresas y los puestos de trabajo", ha informado en un comunicado.

El Parlamento Europeo (PE), la Comisión Europea (CE) y el Consejo se pronunciarán el próximo 12 de febrero sobre la cantidad de CO2 que los camiones emitirán a la atmósfera a partir de 2015 y de 2030, ha explicado el sindicato.

CCOO considera "fundamental" para el futuro de la industria y del empleo la decisión que se adopte en la Unión Europea y al mismo tiempo espera que se consiga el equilibrio "entre los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, social y medioambiental".

El sindicalismo europeo -que representa a 6,4 millones de trabajadores de la industria del automóvil y del mercado de posventa- trabaja en el asunto desde hace meses, según CCOO.

La federación de Industria de CCOO ha pedido este jueves en la citada carta a Maroto y en nombre de IndustriaAll Europe que "tenga en cuenta su opinión" cuando el 6 y el 8 de febrero España presente su posición en las reuniones preparatorias del Comité de Representantes Permanentes (COREPER).

Madrid cuenta con una planta de camiones propiedad de la compañía italiana Iveco (del grupo CNHi) y Valladolid fabrica la cabina que monta en la factoría madrileña, lo que suma una plantilla de 3.500 personas, ha especificado.

La CE y el Consejo -que recomendaron que las emisiones de los camiones se redujeran un 15 % en 2025 y un 30 % en 2030 y propusieron un mecanismo de "súper créditos" para incentivar las ventas de vehículos de bajas y cero emisiones- mantienen la posición "más conservadora", aunque al sindicalismo europeo le sigue pareciendo "muy ambiciosa", ha informado CCOO.

El sindicato español y el europeo creen que superar esas cifras podría perturbar "gravemente el sector y afectar negativamente al empleo".

El PE ha establecido objetivos "más estrictos", que suponen reducir las emisiones un 20 % para 2025 y un 35 % vinculante para cinco años después.

El órgano de representación pretende que desde esa fecha el 5 % del total de las ventas de vehículos pesados corresponda a modelos de cero emisiones.

El sindicalismo europeo prefiere el sistema de créditos a la imposición de objetivos de venta, ya que son "demasiadas las incógnitas" que surgen sobre el potencial de mercado de los camiones con bajas emisiones de carbono.

Además, a CCOO y a IndustriAll les parecen "excesivamente elevadas" las sanciones previstas, por lo que proponen integrar en el reglamento el uso de combustibles alternativos y no descartan que se pueda revisar el reglamento en 2022 tanto al alza como a la baja.

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