El borrador del ministerio (que tendrá que ser consensuado con los partidos políticos para poder salir adelante en el Congreso) establece como meta que en 2030 las emisiones globales de gases de efecto invernadero de España sean un 20% inferiores a las de 1990. Eso implica recortar un tercio las emisiones actuales del país en algo más de una década.

Las ONG sí aplauden que el borrador cuente con "casi todas las herramientas principales necesarias para estar a la altura de otras normas" aprobadas en otros países en los últimos 10 años. Pero consideran que ese objetivo del 20% es "claramente insuficiente". No fijan un porcentaje alternativo, pero recuerdan que el Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución en la que apuesta por una reducción del 55% para el conjunto de la Unión en 2030. Por su parte, la Comisión ya fijó una reducción del 40% y se espera que a finales de este año pueda subir ese compromiso hasta el 45%.

Pero esos porcentajes son objetivos globales para toda la UE. Luego, cada país tiene metas más o menos individualizadas en función de sus circunstancias de partida. Y el Gobierno español sostiene que el objetivo del 20% es más ambicioso de lo que le tendría que recortar al aplicar todas las normas europeas de lucha contra el cambio climático.

Respecto a las medidas concretas del borrador de ley, los ecologistas aplauden las prohibiciones del fracking o las prospecciones. O la retirada de incentivos a los combustibles fósiles. Pero echan en falta la "prohibición" de tecnologías de "captura y almacenamiento industrial de CO2". O un calendario de "cierre programado de las centrales de carbón y nucleares para antes del 2025". Previsiblemente, ese calendario de cierre (aunque no a 2025, sino más adelante) se presente en breve en el marco del plan de energía y clima que España debe presentar a la Comisión.

Coches de combustión

Una de las medidas que más repercusión han tenido del borrador que el ministerio presentó la semana pasada es la del veto a las ventas de turismos y furgonetas que emiten CO2 a partir de 2040. Los grupos ecologistas consideran que esa prohibición (que otros países de la UE también están poniendo sobre la mesa) se debe adelantar mucho más, a 2028.

También proponen las ONG que el 100% del sistema eléctrico sea renovable en 2030, y no en 2040 como se indica en el borrador. Y reclaman una "tasa sobre las emisiones de CO2 y otras medidas específicas de ecofiscalidad", que en el borrador se dejan de lado.

PP y PSOE ante el cambio climático: diferencias y semejanzas

El Gobierno del PP no llegó a tiempo de presentar una ley contra el cambio climático, pero a los pocos días de prosperar la moción de censura que llevó al socialista Pedro Sánchez a La Moncloa registró un texto legislativo para tratar de combatir el que considera "el mayor desafío medioambiental y socioeconómico al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI".

Pedro Sánchez señaló la Ley de Cambio Climático y Transición Energética como una de las prioridades de la legislatura, y el Ejecutivo ha dado a conocer un documento como “germen” de la futura Ley y ya se conoce el primer borrador del anteproyecto elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El texto elaborado por el PP, que se tramitó como proposición de ley, ha sido recientemente rechazado en el Congreso, y la iniciativa del actual Gobierno pretende llegar a las Cortes, tras ser aprobado en el Consejo de Ministros, antes de que acabe 2018.

Reducir emisiones y “descarbonizar”: un objetivo común

Uno y otro texto encierran numerosas semejanzas, sobre todo en cuanto a los objetivos que se persiguen (reducir las emisiones para cumplir el Acuerdo de París y descarbonizar la economía) y a los plazos para alcanzarlos, pero también profundas diferencias sobre las medidas para lograrlos.

El PP planteaba en su proposición reducir en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores que están incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión (las centrales eléctricas o las grandes plantas industriales) de acuerdo con los compromisos asumidos por España en el marco de la UE, es decir reducir esas emisiones en al menos un 43 por ciento.

Para los sectores que no están incluidos en ese régimen de comercio (la edificación, el transporte, la agricultura o el comercial), la iniciativa del PP planteaba una reducción del 26 por ciento en 2030 de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático respecto a las cifras de 2005.

El borrador, propuestas

El borrador del actual Gobierno apuesta por reducir en 2030 las emisiones, en el conjunto de la economía española, en al menos un 20 por ciento con respecto a las cifras de 1990.

Dado que en la actualidad las emisiones de España son un 17 por ciento superiores a las del año 1990, y que el Miteco se propone que sean un 20 por ciento inferiores, el objetivo que se fija el Ejecutivo es reducirlas en un 37 por ciento para ese año.

A más largo plazo, en el horizonte 2050, la iniciativa del PP apostaba por conseguir para ese año una reducción de las emisiones del 80 por ciento con respecto a los niveles de 1990; el texto del Gobierno eleva ese porcentaje al 90 por ciento.

Respecto a la penetración de las renovables, la proposición del PP volvía a equiparar su ambición con los objetivos que se había señalado la UE: que el 32 por ciento de la energía final procediera de fuentes renovables en el año 2030.

El Gobierno plantea alcanzar una penetración de las renovables en el consumo de energía final ligeramente superior (el 35 por ciento), y que el sistema eléctrico español cuente con al menos un 70 por ciento de generación a partir de fuentes renovables.

Y avanza su objetivo para el año 2050: que el sistema eléctrico español se base exclusivamente (el 100 por ciento) en fuentes de generación de origen renovable.

Fiscalidad ambiental

Los dos textos son similares en materia de fiscalidad ambiental y casi idénticos al señalar que la política fiscal del Estado incorporará “elementos” que configuren el sistema tributario como un instrumento que incentive una economía baja en carbono y resiliente al clima y que permita internalizar los costes medioambientales en las actividades económicas que generan emisiones de gases de efecto invernadero y aumentan la vulnerabilidad de la economía.

El PP apostaba por una reforma de la fiscalidad para mejorar la aplicación del principio de “quien contamina paga“.

El borrador ya conocido del Ejecutivo plantea que ya no se concederán más autorizaciones de exploración ni concesiones de explotación de hidrocarburos, que no se podrán desarrollar nuevas actividades de “fractura hidráulica” (fracking) y las licencias vigentes no podrán seguir más allá de 2040; la iniciativa parlamentaria del PP no entraba en estas materias.

El papel de los ayuntamientos

El PP incluyó en su texto la necesidad de que los municipios con más de 100.000 habitantes aprobaran, antes de acabar 2021, planes de mitigación y adaptación con medidas concretas para reducir las emisiones, especialmente las derivadas de la movilidad, la climatización y gestión de residuos.

El Ejecutivo quiere obligar a los municipios con más de 50.000 habitantes a contar con “zonas de bajas emisiones” antes de 2023.

Los dos texto incluyen capítulos destinados a la financiación de la lucha contra el cambio climático; el del PP señala el objetivo de que todas las administraciones destinen una parte importante de su presupuesto anual (más del 20 por ciento) a actuaciones de impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.

El del Gobierno planea que el 20 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.

Uno de los aspectos más trascendentales del texto del Gobierno es el límite (año 2040) que pone a la venta y matriculación de los vehículos contaminantes (los de diésel, gasolina, híbridos o propulsados por gas); el texto del PP no entraba en esta materia.

En el sector de la edificación, el texto del Ejecutivo plantea garantizar por ley la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de al menos 100.000 viviendas al año de media entre 2021 y 2030; el del PP no especificaba nada al respecto.

Adaptación al cambio climático; casi idénticos

Los dos textos guardan muchas similitudes en el apartado de adaptación al cambio climático, y citan (de forma idéntica) que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático será “el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en España”.

Coinciden también al señalar que el cambio climático se deberá tener en cuenta en la planificación y en la gestión hidrológica, y atender por ejemplo los riesgos derivados del aumento del nivel y la temperatura del mar, los riesgos derivados de la mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones o sequías) o los previsibles cambios en los regímenes hídricos.

En materia de control y “gobernanza“, el PP planteaba la creación de un “Observatorio” para el seguimiento, asesoramiento, consulta, información y estudio de las políticas y medidas relacionadas con el cambio climático; el Gobierno actual apuesta un “comité” que actúe con plena autonomía e independencia, aunque estaría adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica.

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