Una sentencia pionera en España ha dejado al borde de los tribunales a la Comunidad de Madrid. Este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) hizo pública su decisión de obligar a la Junta de la región a elaborar un plan autonómico contra el ozono troposférico sin esperar a que el Gobierno de Pedro Sánchez acometa el suyo.

En la sentencia -que todavía puede ser recurrida y que fue fechada el 19 de octubre-, el magistrado resuelve que el Gobierno de esa comunidad autónoma debe elaborar y aprobar “a la mayor brevedad” los preceptivos programas para mejorar la calidad del aire aquellas zonas en las que se superaron los valores de contaminación marcados para la protección de la salud entre los años 2010 y 2014.

Así, en base al artículo 16 de la Ley estatal de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, el tribunal dictamina que los gobiernos regionales deben adoptar programas del estilo sin que sea necesario contar con carácter previo con una normativa estatal. “Aunque, eso sí, deberán tener la necesaria interrelación y coherencia entre ambos”, señala el juez.

En este sentido, la resolución sienta un precedente judicial que puede afectar al Gobierno de Ángel Garrido, pues Ecologistas en Acción -impulsor de la demanda contra el Ejecutivo de Castilla y León- estudia emprender acciones similares en la región en caso de que la Comunidad “no se ponga las pilas”.

Y es que, tal y como señala en una conversación con Madridiario, Miguel Ángel Ceballos, portavoz de la formación, Madrid no cuenta con un Plan que garantice el cumplimiento de los estándares legales de calidad del aire por el ozono “malo”, al igual que otras doce regiones del territorio patrio.

En este sentido, Ceballos insta a la Comunidad a realizarlo porque, si no, puede verse en un escenario similar al de la región colindante. Un extremo que en el que no quiere contemplar el Ejecutivo de Ángel Garrido.

Preguntados por esta cuestión, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente señalan que están “revisando” el Plan Azul+ 2013-2020 para “garantizar el cumplimiento íntegro de la normativa de calidad del aire en 2020”.

Además, explican que su Gobierno lleva “un control estricto” del tema y que puede afirmarse que la calidad del aire “ha mejorado notablemente durante las tres últimas décadas en todas las zonas”.

El ozono en Castilla y León

La Sierra de Gredos es uno de los territorios más «puros» del país. Distinguido incluso como uno de los lugares privilegiados del planeta para contemplar las estrellas por sus claros cielos. Sin embargo, su aire ya es otra historia. Al sur de las cumbres, la zona del Valle del Tiétar es una de áreas en las que en los últimos años en Castilla y León los sistemas de medición han detectado valores de ozono por encima de los límites objetivo. ¿Qué hace un contaminante en un lugar así? La respuesta está a más de cien kilómetros, en la capital madrileña, donde el tráfico y la industria generan un alto volumen de emisiones que posteriormente viaja con el viento sin entender de fronteras.

Y es que el ozono es un contaminante secundario y no siempre se manifiesta concretamente donde se emiten sus precursores. Ejemplo de ello es Castilla y León. Desde 2012 se han contabilizado en siete zonas 450 veces valores por encima de los objetivos fijados para la protección de la salud y una octava área en la que los altos niveles serían, en este caso, perjudiciales para la vegetación. Pues bien, cada zona tiene su propio origen. En cinco de las mismas la contaminación era ajena, llegó en unos casos de Oporto (Portugal) y en otros de Madrid e hizo aparición en lugares en los que el humo de las fábricas o de los tubos de escape ni se huele. No obstante, no quedan libres de culpa los castellano y leoneses. En otros tres casos, ciudades y zonas industriales son en sí mismas un foco de emisiones con suficiente entidad. Así lo explican desde Ecologistas en Acción, artífices de la demanda que ha concluido con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia que obliga a la Junta a elaborar un plan del aire. A la espera de un análisis riguroso que exige al Ejecutivo autonómico, la organización traza una aproximación sobre el origen de este contaminante.

En este contexto, su examen determina que si el ozono es resultado de la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias en presencia de radiación solar, el caso más evidente de contaminación en Castilla y León es Valladolid. Un importante volumen de tráfico urbano e interurbano de la ciudad más grande de la Comunidad, unido a su tejido industrial, con la producción de automóviles y sus componentes a la cabeza, son responsables de los altos niveles registrados en las estaciones de medición de esta zona.

Junto al área de Valladolid, otra de las zonas en la que han saltado las alertas en los últimos años ha sido Salamanca. En este caso, no existe un alto volumen de emisiones de fábrica y el tráfico de la ciudad y la periferia serían los causantes.

Donde sí hay actividad industrial es en el eje Villamuriel de Cerrrato-Venta de Baños-Palencia. Los gases de fábricas automovilísticas o de cemento de la zona son partícipes de unos niveles de ozono que afectan a toda la zona denominada «Duero Norte», en la que también el tráfico de la A-62 juega su parte, explica la organización.

A partir de aquí en el resto de zonas señaladas en los últimos seis años, de momento, las fuentes de contaminación locales, aunque se dan, «no son muy importantes» y no han llegado a dar la alarma. El origen del ozono viene de fuera y hay dos focos claros, explican en Ecologistas: Madrid y Oporto.

El primero de ellos es el más evidente. «No se puede negar» que en el abulense Valle del Tiétar y Alberche la contaminación procede de la capital de España. Existe una estación de medición a cada lado de la frontera autonómica y presentan una evolución paralela. «Allí está claro», explica en declaraciones a ABC el portavoz de Ecologistas en Valladolid, Miguel Ángel Ceballos.

«A muy poca distancia»

Lo mismo ocurre en la Montaña Sur, donde la estación en la que se han detectado esos altos niveles de ozono se ubica en Segovia. La contaminación que producen «los cientos de miles de coches que cada día circulan por sus calles no sólo afectan a Madrid». Es un «foco de contaminación enorme que tenemos a muy poca distancia», explica Ceballos, quien señala una tercera zona afectada directamente por los «malos humos» de la capital española: Soria y Demanda.

Si ni las altas cumbre de Guadarrama sirven de barrera natural tampoco frenan las emisiones contaminantes las fronteras nacionales. Junto a Madrid, Castilla y León cuenta con un segundo frente contaminante a poca distancia: Oporto. En este caso, afecta a la zona Duero Sur, y principalmente a las provincias de Salamanca y Zamora.

En lo que respecta al área Sur y Este de Castilla y León, donde la afección apunta a la vegetación, la procedencia es variada. En esta amplia zona entran en juego contaminantes propios y, sobre todo, los que trae el aire procedentes del país vecino y de la Comunidad de Madrid.

El hecho de que el ozono sea un contaminante secundario que no sólo se manifiesta directamente donde se produce hace que sea «más difícil controlarlo», señala Ceballos, más aún cuando el problema no es sólo interautonómico sino transregional. No niegan desde Ecologistas que, efectivamente, en la mayoría de enclaves la contaminación no es propia, como así ha insistido esta semana en señalar el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Investigación científica

La disparidad de pareceres llega en cuanto a cómo actuar. La Junta entiende que no serviría de nada hacer un plan regional cuando los orígenes del ozono no están sólo en una comunidad autónoma y sostiene que «tiene que ser un plan basado en una investigación científica clara y tiene que ser de carácter nacional», expuso la semana pasada Suárez-Quiñones. Por su parte, Ecologistas opina que, aunque «el margen de maniobra es difícil» y entienden que debe haber un trabajo de la mano de los territorios de los que emana buena parte del problema, ello «no es una excusa» para no abordar la situación a nivel regional, como apuntaba la sentencia, que señala que aunque la envergadura internacional «no desvirtúa el carácter imperativo» con el que la ley regula «el deber de actuar de las administraciones autonómicas» con un instrumento «independiente» al del Estado, con el que reconoce que deberá de haber una «interrelación y coherencia». Sea como fuere, tras el fallo, Suárez-Quiñones informó de que ya hay una estrategia regional en marcha, cuyo primer borrador verá la luz en diciembre.

De momento, se continúa con las labores de medición. Los resultados son publicados por la Junta de Castilla y León. Existen tres rangos de alarma en función de los niveles de concentración: los citados valores objetivos que han sido definidos para la protección de la salud, que no deben superarse en más de 25 ocasiones en un periodo de tres años como así ha ocurrido en las ocho zonas expuestas por el TSJ; el umbral de información a la población (más alto y registrado en 18 ocasiones desde 2012), que recomienda evitar esfuerzos al aire libre en la zona durante el episodio; y el de alerta, nunca alcanzado.

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