Los oponentes al anuncio por parte del PSOE de cumplir con lo establecido en su programa, que plantea el cierre de todas las centrales hasta 2028, surgieron de forma inmediata. Actualmente están en funcionamiento cinco de ellas: Almaraz I y II (Cáceres); Trillo (Guadalajara); Vandellós II (Tarragona); Ascó I y II (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

El hecho de que los planes en materia energética dispongan su realización a largo plazo hace imposible descartar otro cambio en la hoja de ruta en materia energética. A pesar de ello, son muchas las voces críticas surgidas, no solo entre los partidos políticos de la oposición, sino entre los que se verían afectados en primera persona ante un hipotético cierre de las centrales.

Primera en la lista

La primera central que el plan del Gobierno planea clausurar es Almaraz, pues la instalación ubicada en territorio extremeño es la que más años lleva en activo.

La central, cuya propiedad pertenece a Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Gas Natural (11,3%), es capaz de asegurar una producción anual de 16.000 millones de kWh mediante funcionamiento interrumpido y ha generado desde su inicio el equivalente al consumo anual de 120 millones de hogares. La alcaldesa del municipio, Sabina Hernández, remitió el pasado 16 de julio una carta al Ministerio para la Transición Ecológica, a la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres solicitando un plan alternativo para el entorno de la central nuclear, cuya licencia de explotación fue renovada diez años más por el Ministerio de Industria en 2010. Se estima que los empleos directos superan los 800 y suponen 24 millones de euros, mientras que los indirectos los 2.900. Cada fase de recarga, que se produce cada 18 meses, supone la contratación de más de mil trabajadores, es decir, 5 millones de euros en salarios.

La contribución de la central nuclear, al desarrollo económico y social de la comarca, junto con la discrepancia del resto de partidos políticos sobre cómo llevar a cabo la renovación energética acrecienta el fantasma de que la propuesta del gobierno quede, finalmente, en papel mojado.

Desde Ecologistas Extremadura, organizacion que no mantiene ningún vínculo con los partidos políticos de la región, consideran un riesgo innecesario seguir apostando por la energía nuclear en la actualidad. "Estamos convencidos del potencial de empleo que puede generar la energía renovable, lastrada por la nuclear en la actualidad", apunta el coordinador de la formación extremeña, Pablo Ramos Duro.

Sin embargo, parecen ser más quienes se oponen al cierre sin un plan alternativo. De hecho, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también se ha mostrado contrario al plan del Gobierno con las centrales. "Obviamente que algún día cerrará, pero no va a ser ahora, y eso se lo puedo asegurar", afirmó el barón socialista, que ha asegurado que no permitirá la clausura de la central "si no existe una alternativa" a los puestos de trabajo y a la actividad económica que la instalación genera en la comarca cacereña del Campo Arañuelo.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos en Extremadura ha calificado el plan de cierre de la central por medio de su portavoz, Cayetano Polo, de "error absoluto", al tiempo que ha dicho que se "opondrán a ello en las condiciones actuales".

El Partido Popular, por su parte, ha sido la única formación política que siempre ha mantenido un discurso en contra del cierre de las centrales. Es cierto que la central nuclear de Garoña se cerró con el PP en el gobierno, pero el anterior ministerio de Energía dirigido por Álvaro Nadal batalló por adquirir más poder de decisión en torno a las centrales para alargar así la vida de estas.

Las centrales seguirán marcando la agenda energética a largo plazo. Si las que se están en activo se unirán a a las centrales ya desmanteladas sigue siendo una incógnita.

Entre las instalaciones nucleares que ya no se encuentran en activo están la central de José Cabrera, la cual siendo la primera construida en España y habiendo producido energía de forma interrumpido durante 38 años dejó de funcionar definitivamente en abril de 2006 y la ya mencionada Garoña, cuyo cierre se anunció con el Gobierno de Zapatero y se efectuó con el de Rajoy cuatro años más tarde.

Otras centrales no llegaron incluso a ser puestas en funcionamiento. Es el caso de la de Lemóniz en Vizcaya, la de Santillán en Cantabria o la de Valdecaballeros en Badajoz, cuyo proyecto incluía dos reactores.

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