Las empresas participantes en el III Foro Energético de elEconomista, celebrado bajo el epígrafe El Plan Nacional de Energía y Clima, y patrocinado por BP, EY, REE, Engie y Gesternova, abordaron la problemática fiscal de la transición energética, con dos visiones diferentes: por un lado, la de aquellos que defienden el empleo de la fiscalidad para dar señales a los consumidores, penalizando las energías fósiles, y aquellos que defienden un mayor equilibrio en el tratamiento impositivo a las distintas fuentes: en la actualidad, los vehículos ligeros pagan 16.000 millones de euros al año por el Impuesto de Hidrocarburos, pero si fueran eléctricos, esa recaudación se reduciría a 3.000 millones, porque la luz tiene un gravamen cinco veces menor.

También se abordó otro tema de actualidad: la escalada de precios de la luz. Al respecto, los ponentes de las eléctricas indicaron que responde a la subida de las materias primas, el CO2 y la fiscalidad, aunque pidieron acabar con la volatilidad para el consumidor.

Todos los participantes apoyaron un proceso de transición justo y ordenado, que permita captar una inversión de unos 70.000 millones de euros hasta 2030, necesaria para cumplir los objetivos de clima y energía establecidos por la UE.

Ya los patrocinadores del evento lo destacaron. Luis Aires, consejero delegado de BP España, recalcó el reto de cubrir una demanda creciente de energía -se duplicará en 30 años- a la vez que se respeta el medio ambiente y se combate el cambio climático. José Luis Pirelli, presidente de EY, subrayó que las empresas aplican cada vez más un "ecologismo moderno".

Loreto Ordóñez, consejera delegada de Engie, calificó de "terrible" la oportunidad que representa la transición, por la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera. Apostó por un mix energético "razonable" en el que se tengan en cuenta las necesidades de las tecnologías de respaldo de las renovables, particularmente del gas, y reclamo un diseño de mercado que le aporte equilibrio financiero.

Aires continuó, destacando que España está bien situada para encarar la transición y puso como ejemplo el desarrollo de eólica y solar. Se adentró en la necesidad de descarbonizar todos los sectores, apuntando que el más complicado, "y el más caro", es el transporte. Defendió un precio para el CO2, "vía impuestos o vía cap and trade", como el mecanismo más eficiente para orientar a los actores económicos.

A continuación José Bogas, consejero delegado de Endesa, resaltó el descomunal esfuerzo que debe acometer el país e incidió en que afecta a todos los sectores, aunque el eléctrico deba crecer: "hoy representa el 22% de la energía final y debe llegar al 33% en 2030". Se detuvo a analizar la relevancia de la digitalización y consideró inviable cerrar las nucleares a los 40 años, entre otras cosas por la imposibilidad de almacenar sus residuos antes de 2027 ó 2028, por el retraso de la construcción del Almacén Temporal Centralizado y por la duración del propio proceso de almacenamiento.

En contraste con sus palabras, Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España, aseveró que sí se podían cerrar las nucleares entre los años 2020 y 2028 "sin gran afección". La ejecutiva consideró muy positivas las políticas europeas y españolas, que se traducen en objetivos cada vez más agresivos de renovables. Pero rechazó que esas políticas se traduzcan en actuaciones puntuales que tengan efectos perniciosos a medio y largo plazo, reclamando "estabilidad jurídica" para atraer inversión. Llamó la atención sobre la relevancia de las redes y pidió que los esfuerzos para conseguir los objetivos ambientales se repartan entre todos los sectores energéticos, "y en concreto en el sector de hidrocarburos", para dar señales correctas a los consumidores.

Imaz, durante su intervención, también subrayó la buena situación de España para encarar la transición y explicó que hay margen para analizar con comodidad los efectos en sectores tan relevantes como el de la automoción, responsable del 10,5% del PIB nacional, o en el propio bolsillo de los propios consumidores, y rechazó las políticas de subvención que llevan a abonar hasta 1.200 euros para reducir una tonelada de CO2: "un disparate", remachó.

Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo, recordó que "el ganador indiscutible de la transición energética es el consumidor, que dispondrá de energía limpia, tecnología y autonomía a la hora de tomar decisiones". Parte de su intervención la dedicó a reclamar que la regulación ponga en valor la I+D -necesaria para abordar una penetración masiva de renovables- al objeto de que forme parte del negocio, aportando rentabilidad.

El último en intervenir fue Rafael Mateo, consejero delegado de Acciona Energía. Compartió con los asistentes los análisis de Irena, la Agencia internacional de renovables, que concluyen que el beneficio de la transición energética supera de dos a seis veces su coste. En España, indicó que los 70.000 millones de inversión hasta 2030 contrastan con los 400.000 millones que gastaremos en importaciones de hidrocarburos hasta ese año y recordó que debe abordarse la sustitución de tecnologías emisoras de CO2 por otras renovables, para lo que pidió señales políticas claras, que fomenten las limpias y penalicen las que no lo sean.

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