La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha hecho hoy un llamamiento a las grandes empresas cotizadas para que se impliquen en la lucha contra el cambio climático, que movilizará en España 100.000 millones de euros de aquí a 2030 solo en renovables y eficiencia energética.
En un coloquio celebrado en Madrid, la ministra ha pedido que el sector financiero "sea parte de la solución" y ha apuntado que se requerirán, según diversos estudios, otros 83.000 millones en materia de economía circular hasta 2030.
Ribera ha expuesto la estrategia que incluirá la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética, que deberá presentar el Gobierno antes de final de año, en que remitirá a la UE el obligado Plan Nacional de Energía y Clima.
Para la ministra, la lucha contra el cambio climático precisa de "dotarnos de un marco estratégico" y de una "llamada a la reflexión" de los distintos actores de la cadena. Así, la ley de Cambio Climático obligará a las grandes empresas del país a evaluar su huella de carbono y acometer medidas para reducirla, así como crear "etiquetas verdes" que presten esa información a la sociedad.
Como novedad, todas las grandes empresas cotizadas estarán obligadas, como ya ocurre en Francia, a hacer una evaluación de riesgos y un plan de contingencias.
"El momento es ahora: nos enfrentamos a una necesidad de transición ecológica en España", ha reconocido la ministra, quien ha matizado que "reorientar un proceso económico y un modelo de desarrollo de más de 200 años no es nada sencillo. Tenemos que construir las pasarelas".
Y este cambio "tiene mucho que ver con las finanzas verdes, que son las que deben facilitar esas pasarelas", ha insistido Ribera, quien ha explicado que el conjunto de la UE requiere inversiones en este sentido por valor de 180.000 millones anuales, y en España de unos 100.000 millones hasta 2030.
Resistencia al cambio
Para la ministra, "la inercia de los mercados ha sido la resistencia al cambio porque consideraban que no era compatible con su desarrollo, lo que ha caído por su propio peso, y la economía verde es ahora la gran oportunidad de empleo y bienestar".
No obstante, "hay mucho por hacer y por ello necesitamos contar con el trabajo de fondos, bancos y compañías de seguros", porque "no vamos bien acompasados y no es fácil desacoplar el crecimiento de la economía de las emisiones".
Ha recordado que España fue de 2014 a 2017 el país de Europa que más aumentó las emisiones de gases de efecto invernadero, y sólo en 2017 crecieron un 4,4 % con respecto al año anterior.
"Necesitamos fijar objetivos claros con dos horizontes diferentes, 2030 y 2050, y con una estrategia clara, pero también consensuada", ha recordado la ministra, quien ha incidido en que empleo y economía van "indisolublemente asociados" al proceso de la transición ecológica, por lo que "debemos impulsar esa ecuación sin dejar a nadie atrás".
La ministra ha incidido en la apuesta del Gobierno por las energías renovables, que, "aunque no son las únicas, en este proceso de transición juegan un papel fundamental", y ha aseverado que el modelo actual "no solo no responde a las necesidades ambientales, se aleja de la línea de la economía e impacta en el bienestar".
El precio de la luz seguirá en aumento
El precio de la factura de la luz, que subió un 35,5% interanual en agosto, seguirá en aumento. Así lo aseguró el jueves la ministra Teresa Ribera, que comparecerá en el Congreso el 19 de septiembre para explicar los motivos de esta tendencia a la alza y presentar las medidas para tratar de frenar el incremento en unos precios con su nivel más alto desde enero de 2017.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el el precio de la luz seguirá en aumento debido al incremento de los costes de derechos de emisión de CO2 y de los combustibles fósiles, por lo que el Gobierno está trabajando en las políticas necesarias que permitan una evolución racional de los precios de la electricidad y que ampare a los colectivos más vulnerables.
Para Ribera, la evolución de los precios en los últimos meses es el resultado de la confluencia de varios factores, entre los que destacan un incremento significativo de los costes de los combustibles y los derechos de emisión de CO2 en los mercados internacionales, una reducción de la participación de la energía eólica, una producción nuclear que ha sido inferior a lo habitual debido a operaciones de mantenimiento y, todo ello, coincidiendo con un incremento de la demanda, motivada por el efecto de las altas temperaturas estivales.
En este contexto, Ribera aseguró durante su intervención en el 'Foro Cinco Días' que el Ejecutivo está trabajando sobre un paquete de medidas para ver cómo puede operar en el corto plazo sobre cada uno de los componentes de la factura, alguno de ellos "muy alejados" de su capacidad de acción.
"Hay que generar consensos en cada uno de los bloques de los operadores. Hay componentes fiscales, de coste regulado, de mercado... Estamos trabajando en ello y el Gobierno presentará su reflexión el 19 de septiembre en el Congreso", apuntó.
El precio diario de la luz alcanzó este miércoles un máximo anual de 74,58 euros, sin incluir ni impuestos ni peajes, y es muy inferior al anterior máximo, que data de enero de 2017, cuando se alcanzaron los 91,88 euros el megavatio/hora (Mwh) debido a la ola de frío.
Así, Ribera comparecerá en la Cámara Baja el 19 de septiembre para explicar el incremento en el precio de la luz registrado en los últimos meses, y que se ha agudizado en agosto con un encarecimiento del 35,5% con respecto al mismo mes del año pasado, registrando su nivel mensual más alto desde enero de 2017.
De este modo, para la responsable de la cartera para la Transición Ecológica está "bien" que se refleje el hecho de que generar energía de manera "sucia" es caro. "No podemos permitirnos el lujo de que en este proceso de cambio a un sistema enteramente limpio se vean afectados los colectivos con menos recursos", subrayó.
El negocio del CO2
El precio de la electricidad va camino de ser este año el más alto de las últimas décadas en España, según anticipan los resultados de los mercados donde se determina el coste para hogares y empresas de la parte del recibo correspondiente a la energía consumida. Una muestra de esa espiral de carestía: la cotización media de los megavatios/hora que se consumieron ayer fue de 74,58 euros, la mayor observada en un mes de septiembre durante los últimos diez años y un 50% por encima de la registrada a la misma altura de 2017.
Parte de esa subida obedece al encarecimiento de los combustibles fósiles (carbón y gas natural) y otra parte tiene origen en las maniobras especulativas en otro mercado, el de los bonos de dióxido de carbono (CO2), que es uno de los mecanismos principales de las políticas de la Unión Europea (UE) para acelerar la llamada transición energética y con ello el final de las térmicas de carbón, capitales en el sector energético asturiano.
El combustible: los expertos hablan de una especie de "tormenta perfecta" en torno al precio de la luz, al confluir varias circunstancias que tienen que ver con la actividad y los costes de las centrales térmicas. La caída de la generación eólica propia del verano ha hecho que sea mayor la producción con carbón y gas natural, combustibles ambos que se han encarecido intensamente, en línea con el petróleo. Conforme al modelo de mercado eléctrico (marginalista) que tienen España y el resto de países de la UE, cada kilovatio producido por las eléctricas se retribuye según el precio de la tecnología más cara que entra para cubrir la demanda de cada hora, papel que a menudo desempeñan las centrales de carbón y de gas. Cuanto más altos sean los costes de estas instalaciones, mayor es el riesgo de que el recibo se encarezca. El precio del carbón lo ha hecho más del 20% en el último año.
El CO2: pero el componente de los costes de las térmicas que más se ha disparado es el relacionado con la penalización económica que tienen estas instalaciones debido a sus emisiones de dióxido de carbono (CO2, gas responsable del cambio climático). Las eléctricas están obligadas a comprar derechos (bonos) para emitir CO2 en un mercado europeo que funciona como una bolsa y que fue diseñado con el propósito de desincentivar el uso de los combustibles fósiles en el sector eléctrico y en el conjunto de la industria.
La UE ha acordado endurecer ese mecanismo a partir de 2020 con medidas pensadas para elevar el precio de los bonos y que penalizan sobre todo a las térmicas de carbón, singularmente intensivas en emisiones (generan casi una tonelada de CO2 por megavatio, frente a las 0,4 toneladas de los ciclos combinados de gas). Y el mercado está precipitando los acontecimientos. La cotización de los derechos de emisión (ayer de 20,32 euros por tonelada) más que se ha triplicado desde septiembre de 2017. Según las consultoras españolas que siguen de cerca el comercio de CO2, ese comportamiento no está justificado por cambios estructurales en la oferta o en la demanda -sigue habiendo un magno excedente de derechos de emisión que debería mantener más contenidos los precios- y obedece más a los movimientos especulativos de bancos, "brokers" y otros intermediarios. La mitad de los bonos de CO2 que la UE subasta cada año son adquiridos y negociados ya por esos agentes, no por las industrias.
El recibo: la energía consumida representa en torno al 35% del recibo medio de un hogar. Por tanto, una subida como la que se está registrando en el llamado mercado mayorista de la electricidad puede encarecer el 17,5% la factura. El sobrecoste se traslada de manera inmediata a los consumidores que están acogidos a la tarifa regulada, que son minoría en Asturias. Para la mayoría, que tiene contratos de mercado libre, el aumento llegará cuando se actualicen los precios pactados con cada compañía. Otro tanto ocurrirá con las empresas. Las más expuestas a las variaciones en el precio de la electricidad -entre ellas, Arcelor, Alcoa y Azsa en Asturias- han vuelto a expresar su alarma a través de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía. Según sus estimaciones (ver gráfico adjunto), los precios de la luz en el mercado diario volverá a ser este año de media un 28% más caros que los de Alemania.
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