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ago 9, 2018

Teresa Ribera: "no podemos olvidar que nuestra obligación es lograr cero emisiones para el 2050"


Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, se muestra prudente cuando habla del futuro de los diésel en las ciudades, pero pide a los fabricantes que sepan leer las demandas de una sociedad que quiere una atmósfera urbana limpia. La ministra socialista tiene como primera gran tarea sacar adelante la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, “un marco de referencia” que orientará todas las políticas en este campo.

(Entrevista de La Vanguardia a Teresa Ribera. Publicada el 09.08.2018)

¿Qué va a ser esta nueva ley de cambio climático?

Va a ser una ley importante; esta ley es una prioridad; no va a ser una guía de teléfonos; no va a recoger todo con detalle para cada una de las cuestiones que hay que tratar; pero va a ser una ley marco de referencia que facilite el proceso de cambio y que introduzca las herramientas que activen todos los resortes de los distintos actores, incluida la idea de que este gobierno alineamos todos las responsabilidades en la misma dirección.

El PP ha presentado su propuesta de ley de cambio climático, ahora cuando está en la oposición...

Mi sorpresa ha sido ver la falta de respeto institucional que supone que no han facilitado el debate publico en torno a esa ley cuando tenían ocasión de haberlo hecho, como habían prometido; y sin embargo, presentan un texto que venía de los servicios del Ministerio cuando ya no estaban al frente de él, como proposición del grupo parlamentario popular. Han presentado un documento elaborado durante meses por los servicios del Ministerio; no son los servicios del grupo popular, ni los servicios de expertos o académicos. Se han apropiado de algo que procede del trabajo de los funcionarios.

¿La ley que propone incorporará una fiscalidad ambiental para los coches?

Hacienda esta trabajando en definir esa fiscalidad asociada a las emisiones de gases de efecto invernadero, y nosotros estamos contribuyendo. Eso significa pensar en cuáles son las fuentes. Y son las que son.

¿Se modificarán los impuestos de matriculación y de circulación para que los coches paguen según sus emisiones?

Está en debate cómo se abordará este asunto; si en esta ley o en otra norma.

¿Habrá un fondo verde para financiar la transición energética?

Nosotros creamos un fondo de carbono con los ingresos procedentes de las subastas que pagan las empresas por los derechos de emisión. Pero por lo que he visto hasta ahora, esos ingresos se han destinado a liquidar el déficit de tarifa (deuda con las eléctricas), pagar lo que quedaba de las renovables, pleitos sobre las renovables... Pero deberían servir para mejorar actividad ambiental.

Las eléctricas son penalizadas por generar CO2 y pagan al Estado cientos de millones de euros por los derechos de emisión; pero ese dinero vuelve a las eléctricas. Es absurdo, ¿no?

En gran medida ha sido así. Estoy de acuerdo también en que se ha hecho de forma poco transparente. Puede darse una discusión legítima sobre cómo garantizar la solvencia de las eléctricas españolas en época de crisis. Pero no puede hacerse a cualquier precio ni de forma poco clara, ni ocultando que hay que orientar el futuro hacia una transición energética.

¿Qué ha visto a su llegada al Ministerio?

Al llegar al Ministerio me sorprendió la falta de capacidad de anticipación y de estrategia sobre cómo debe ser nuestro modelo energético a 20 años vista. Sólo vi apaños, acciones a corto plazo y patada hacia adelante.

¿Cómo abordará esa estrategia energética a largo plazo?

Vendrá definida por dos documentos. Uno es el Plan Nacional de Energía y Clima, que hay que remitir a Bruselas antes de diciembre de 2018, y que estará vigente hasta 2030. Los objetivos promedio de la UE son lograr al menos una reducción de emisiones de gases del 40% con relación a 1990, una participación de las renovables del 32% y una mejora de la eficiencia energética del 32,5%. El segundo documento versa sobre la estrategia de descarbonización hasta el 2050 y debe elaborarse a partir del 2019.

¿Por qué es importante este último documento?

Porque no podemos olvidar que nuestra obligación es lograr cero emisiones para el 2050. Y debemos tomar decisiones correctas a tiempo, aunque los efectos no sean inmediatos. Por eso, no podemos caer en la tentación de satisfacer de manera más o menos demagógica peticiones de corto plazo, de forma que eso nos dificulte cumplir con los objetivos del futuro.

Pero cuesta imaginar una reducción de emisiones del 90% al 100% en el 2050 ¿España va a ser capaz?

Es una pregunta clave. También se decía que las renovables eran caras y que era técnicamente imposible integrarlas en el sistema, que no iban a funcionar. Las tendencias son claras: desmaterialización, digitalización y descarbonización. Y esperamos nuevos saltos cualitativos todavía no identificados.

¿Cerrará las térmicas de carbón?

Las empresas están legitimadas para presentar su solicitud de cierre cuando no han llevado a cabo las inversiones necesarias o no las han visto viables. Pero todo esto no se hace de la noche a la mañana, sino que hay que ordenar ese proceso.

¿Cómo lo hará?

El Gobierno debe garantizar una transición justa. Hay localidades como Andorra (Teruel) que dependen de esta actividad. Es lógico que el cierre les inquiete. Pero en paralelo a la autorización de cierre hay que trabajar en iniciativas locales, activar la solidaridad del país y dar expectativas a la gente afectada.

¿Se abordará un plan de apoyo a estas personas?

Estamos trabajando en una estrategia de transición justa, en la que trabajan diversos ministerios con empresas y sindicatos. Eso requiere recursos, tratamientos de cuotas de la seguridad social, incentivos a la inversión, dedicación prioritaria a recursos en materia de formación profesional y de rehabilitación y recualificación de habilidades profesionales para los trabajadores de esa zona. Se requerirá un trabajo conjunto para dar soluciones al conjunto de la comarca.

¿Mantiene su plan de cierre de las nucleares?

Nadie debe caer en el engaño. El programa electoral del PSOE habla de un cierre de las nucleares según vayan cumpliendo los 40 años de vida de diseño. Pero éste es un Gobierno responsable. Lo primero es saber dónde estamos, los escenarios, las necesidades financieras y técnicas y cómo puede incidir esto en el suministro. Pero en dos meses no podemos adivinarlo todo.

Los responsables de Endesa e Iberdrola opinan diferente sobre el futuro de las nucleares; dicen cosas contradictorias...

Iberdrola ve perfectamente compatible cerrar centrales nucleares y las centrales de carbón; cree que eso da una actividad económica y de empleo importantísimo y abarata la factura de la luz. Y el CEO de Endesa se opone a cerrar las nucleares porque dice que tienen un impacto importantísimo en la factura de la luz. Van a la greña porque puede haber intereses empresariales detrás y son empresas con perfiles diferentes, pero esta discrepancia pone de manifiesto hasta qué punto faltan unos escenarios suficientemente armados y solventes para tomar una decisión. No pueden ser las dos cosas a la vez. Definir ese escenario debería ser competencia de Enresa.

Entramos entonces en el capítulo de la gestión de los residuos radiactivos. ¿Se creará el almacén en Villar de Cañas (Cuenca)?

Aquí nos hemos encontrado con que tenemos un procedimiento de infracción muy avanzado de la CE porque no tenemos un plan nacional de seguridad de residuos nucleares, y deberíamos tenerlo desde el año 2012 y no lo tenemos. No tenemos respuesta a todo eso, entre otras cosas porque no sabemos cuántos residuos nucleares vamos a tener. Hay incógnitas sobre lo que va a ocurrir que debemos despejar cuanto antes mejor. No podemos mantener la incertidumbre, tenemos que responder enseguida a esta pregunta.

Pero, ¿se mantendrá el ATC en Villar de Cañas?

Estamos en una situación de standby, tras la petición que hicimos al Consejo de Seguridad Nuclear (para que paralizara la autorización). Lo hicimos porque nos preocupa que el Consejo de Seguridad Nuclear tomara una decisión sobre una base que no era necesariamente compatible con un mapa sobre el volumen de residuos, la seguridad de su gestión y tratamiento, el papel de los almacenes temporales individualizados. También hay cuestiones técnicas que los técnicos del CSN pusieron de manifiesto que hay que mirar con detenimiento. Y además tenemos un problema de judicialización por la creación en esta zona de un área para la protección de las aves.

¿Hay que hacer más almacenes de gas en España?

Yo tengo serias dudas, sobre todo sabiendo que es un combustible de transición y que, por lo tanto, tiene por delante una vida relativamente limitada.

¿Se van a prohibir las prospecciones petroleras en el mar?

Hemos empezado a hacerlo con la declaración del corredor de migración para cetáceos en el Mediterráneo y con la ampliación de parque nacional de Cabrera, que pasará de 10.000 a 90.000 hectáreas. Tenemos que trabajar en una moratoria.

¿Qué significa?

Es una paralización de las autorizaciones por un período que debemos determinar, mientras logramos formular la propuesta en sede parlamentaria, para prohibir con carácter definitivo nuevas actividades de prospección y explotación en el mar. No será una prohibición de las prospecciones no en el Mediterráneo sino probablemente en las aguas nacionales. El asunto se ha planteado para las prospecciones en Baleares y Canarias.

España ha sido condenada a pagar 12 millones de euros al presupuesto de la UE y una multa de 10,9 millones por semestre por la deficiente depuración de las aguas residuales urbanas.

Ha sido una sanción muy dura. No estamos para perder dinero. Y, además, existe el peligro de tener que devolver fondos comunitarios entregados para cofinanciar actividades de depuración y saneamiento, y otras infraestructuras hidráulicas.

¿Por qué?

Muchos fondos se han usado bien y otros no tan bien. Y si no lo hemos hecho bien, tendremos que devolverlos. En el procedimiento de infracción abierto por la CE, hay asuntos que tienen que ver con un sobredimensionamiento de las plantas de depuración; con depuradoras que fueron mal diseñadas, o instaladas en sitios que no correspondían… Eso genera perplejidad. La consecuencia más indeseable de todas es seguir vertiendo aguas sin depurar. Me parece tremendo…

Usted ha dicho que a España le ha costado 20 años entender la directiva marco del agua de la UE.

Sí. El precio del agua debe reflejar todos los costes, incluidos su saneamiento y depuración. La lógica de la directiva del agua es entender las necesidades y ordenar la planificación de éstas de manera racional. Eso exige un caudal ecológico, fijar las prioridades de los usos… Pero aquí la discusión muchas veces es muy emocional y poco racional. Se sigue pensando: ‘yo tengo el derecho a toda el agua que necesite’. ‘¡Oiga, pues no!’. No existe este derecho. Se parte de considerar que el agua es un recurso infinito. Pero no es infinito, cuesta generarlo; no es gratis; hay que compatibilizar sus diferentes usos.

La región de Barcelona tiene un déficit estructural de recursos hídricos, pero el Gobierno nunca ha dado una respuesta.

No debemos de perder de vista la gran sequía del año 2008; y que gracias a la desalinizadora de El Prat nunca se ha planteado con crudeza la hipótesis de cortes de agua en Barcelona. Hay que anticiparse y prever soluciones no ordinarias, como la desalinización.

Si la región de Barcelona requiriera una tercera desalinizadora, el Gobierno podría contribuir?

Tiempo al tiempo. Los usuarios son los responsables de sufragar este tipo de costes; otra cosa es que en un contexto de necesidades sociales pueda haber una cobertura con cargo al presupuesto o un sistema de cofinanciación.

Unidos-Podemos ha propuesto que la centrales hidroeléctricas reviertan al Estado al acabar su concesión. ¿Qué opina?

El debate sobre lo que significan los bombeos y los saltos hidroeléctricos es importante. El debate consiste en determinar si los bombeos, que son el principal sistema de almacenamiento natural del sistema eléctrico, deben servir para reducir los costes del conjunto del sistema eléctrico o hasta qué punto son utilizados simplemente para maximizar los beneficios de los titulares, debido a la manera en que se establece el precio al que se vende la electricidad. Y este es un debate insoslayable, pero debemos tenerlo.

Cambiemos de asunto. Varias comunidades plantean la prohibición de los plásticos de usar y tirar, pues al final llegan al mar…

Un gran porcentaje del plástico que empleamos puede ser sustituido o eliminado directamente. No es necesario envolver naranjas con plástico, ni usar pajitas de plástico. Las iniciativas de Navarra y Baleares son interesantes, pero se necesita orientar las limitaciones o prohibiciones que con una visión global debido al funcionamiento del mercado interior. Pero hay que prestar atención a estas cuestiones.

España también tiene expedientes de infracción de la UE por los vertederos ilegales.

Algunos vertederos han mejorado pero otros siguen igual.

¿Puede haber sanciones para España con respecto a este asunto?

Sí, es muy probable que las haya, porque hay un momento en que nos quedamos sin margen, y hagas lo que hagas llega la sanción de manera automática. Es lo que nos ha pasado en las sanciones por la depuración de las aguas. Se tarda tiempo en actuar y, aunque reacciones, no da tiempo a impedir que te pongan la multa.

Ante las carencias en el sistema de reciclado de envases, ¿se plantea recuperar el sistema de depósito, devolución y retorno de éstos al comercio?

Antes de quitar el sistema actual, debemos ver hasta dónde éste puede dar de sí. Es muy probable que haya que introducir mejoras. A lo mejor hay flujos (plástico, latas...) que encuentran un cauce complementario más eficaz de lo que hoy tenemos, y haya que explorarlo y aprovecharlo. Ésta debe ser una discusión abierta. Es improbable que podamos cumplir con los objetivos que marca la UE (sobre recuperación de residuos) con un sistema que pertenece a los años 90.

¿Deben prohibirse los coches diésel en las ciudades?, ¿hay que vetarlos?

El engaño de Volkswagen, y que luego vimos en otros fabricantes, ha sido enormemente perjudicial para la propia industria. Los fabricantes son responsable de ese engaño y ha despertado alertas de las administraciones públicas y de los ciudadanos, que exigen a las autoridades que se toman en serio estos problemas. Me sorprendieron las reacciones que hubo a mis palabras sobre los diésel; porque las hemerotecas demuestran que las ofertas de los vehículos diésel y el hundimiento de las ventas de los vehículos diésel no tienen nada que ver con el cambio de Gobierno, sino que desde hace tiempo se estaban produciendo. Y el escándalo por las trampas con relación a las mediciones de los vehículos diésel despertó las alarmas de los consumidores. Es inútil que busquen un chivo expiatorio. No descubrí el Mediterráneo. Si el automóvil es un sector tan sensible, que representa el 11% del PIB, la pregunta correcta que deben hacerse los responsables de la industria es cómo va a evolucionar el sector y qué tipo de demanda va a haber para mantener su peso. Y si ven restricciones continuas en los países de su entorno, deben ver cómo hacen evolucionar el tipo de productos que colocan en el mercado. Y creo que la industria es consciente aunque necesita tiempo para adaptarse. Abramos ese debate porque nadie quiere que caiga la industria de ningún sitio.

Leer noticia en fuente original: https://www.lavanguardia.com/natural/20180809/451260599284/teresa-ribera-entrevista-ministra-ecologia-cambio-climatico.html



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