En ese documento, obra de la consultora Deloitte, se alerta de que la clausura anticipada de las llamadas centrales convencionales (térmicas de carbón, de gas o nucleares) "puede comprometer la seguridad de suministro y la competitividad" de la economía.

La transición energética hacia un modelo sin apenas emisiones de dióxido de carbono (CO2, gas causante del cambio climático) requerirá en los próximos años un magno despliegue de instalaciones renovables en España, pero también disponer de suficiente "potencia firme", de plantas capaces de asegurar la cantidad y la calidad del suministro cuando la generación limpia (hidráulica, eólica y solar) no sea suficiente por falta de agua, de viento o de insolación. Esa misión de "respaldo" la realizan ahora las centrales de carbón y las alimentadas por gas natural (ciclos combinados), que en el futuro podrían ser sustituidas por nuevas tecnologías de almacenamiento de energía (baterías, entre ellas) para cumplir en 2050 el mandato europeo de reducir en más del 85% las emisiones de CO2.

"Es difícil prever cuándo las nuevas tecnologías estarán disponibles en volumen y a coste competitivo como para proporcionar la flexibilidad y el respaldo necesarios para las puntas de demanda, pero en cualquier caso existe una duda razonable de que, en el horizonte de 2030, las tecnologías de almacenamiento puedan proporcionar un respaldo significativo", se recoge en el informe titulado Un modelo energético sostenible para España en 2050. Sus autores tampoco consideran verosímil que estén disponibles a tiempo nuevas líneas de interconexión internacional (sobre todo para intercambiar más electricidad con Francia en caso de necesidad) o innovadores mecanismos de gestión de la demanda que aún están en fase de maduración.

¿Cómo garantizar entonces el suministro a precio razonable y hacerlo a la vez compatible con la reducción de las emisiones? Los expertos de Deloitte se apartan de la tesis que por ahora ha defendido el Gobierno central -cierre de las térmicas de carbón de aquí a 2025- y se inclinan hacia un proceso gradual y más lento para contener el riesgo de un encarecimiento significativo de la electricidad y su impacto en la costes de la industria.

"En el caso de que se comprometa el cierre de las actuales centrales de carbón, habría que instalar (ya desde 2020) nuevas centrales de gas", estima Deloitte. La potencia eléctrica que precisa el sistema se calcula considerando los picos de demanda. Para cubrirlos sin la participación de las térmicas sería necesario invertir unos 3.500 millones extra en nuevos ciclos combinados (nueve gigavatios de potencia), adicionales al medio centenar de plantas que ya existen y que ahora funcionan por debajo de su capacidad.

"Además, se produciría un incremento del precio mayorista -cotización diaria de la electricidad que supone un tercio del recibo- que podría suponer un sobrecoste para los clientes de entre 25.000 y 3.500 millones (equivalente a entre nueve y once euros por megavatio de incremento del precio) en el período 2020-2030", subrayan los expertos de Deloitte acerca el impacto presumible que tendría prescindir de las térmicas de carbón. Y añaden que el coste de mantener abierta algunas de estas centrales -quizá con limitaciones de funcionamiento para contener las emisiones- sería inferior que abordar la construcción de nuevas plantas de gas, que también emiten CO2 y cuya amortización añadiría cargas al recibo de la luz.

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