Aunque no ha dado muestras del cuándo se producirá este adiós al diésel, Ribera ha respondido en estos términos a los medios de comunicación, antes de comparecer en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, en la que ha anunciado la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, cuyo texto prevé remitir al Congreso de los Diputados antes de que termine el año.

La nueva ministra ha explicado que el proceso de descarbonización de los vehículos se tiene que acompañar "con facilidades que permitan ir cambiando el patrón", al considerar que no se puede culpabilizar al ciudadano de la compra de un coche diesel si no que forma parte de la labor del Gobierno darle al consumidor una opción de compra "intuitiva", a través de medidas fiscales y de mercado.

Medidas "urgentes"

Sobre los cambios en la fiscalidad, Ribera sostuvo que esa materia corresponde al Ministerio de Hacienda, pero sí incluyó en su discurso en la Comisión de Transición Ecológica la necesidad de implantar medidas para incentivar los cambios a favor de la movilidad sostenible y mejorar la calidad del aire, así como reducir las emisiones a través de la apuesta por el transporte público y el vehículo eléctrico en detrimento de los combustibles fósiles. Una medida enclavada dentro de su visión del binomio "ciudad energía" en la que también incluyó la transformación de los edificios en "viviendas eficientes".

"Será necesario repensar el mercado, los sistemas de gestión de precios, la ordenación, la previsión del funcionamiento de los distintos actores, la entrada y salida de los viejos y los nuevos, será necesario aprovechar el potencial de los saltos tecnológicos pero mientras tanto tenemos que ir adoptando algunas de las medidas concretas de ese cambio", precisó.

Entre ellas, la revisión de la normativa que se oponga al crecimiento de las energías limpias o a la cogeneración como herramienta clave para la competitividad de la industria española, así como la reforma de la regulación del autoconsumo.

Reducción de emisiónes en un 30 % en 2030

Ribera anunció su intención de ratificar una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica antes de que termine la legislatura para facilitar la descarbonización de la economía antes del año 2050. "Cuando los países del mundo se fijan un compromiso lo habitual es que se doten marcos legales que lo garanticen, y España no puede ser una excepción. España no puede terminar esta legislatura sin una Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE)", sostuvo.

El esquema de la nueva norma deberá incluir, según la ministra, una reducción de emisiones en el año 2030 un 30 % respecto a 1990 y reducir la emisión de gases de efecto invernadero un 90 % en 2050. "Si no lo logramos será muy difícil lograr la descarbonización en 2050 que es lo que nos hemos comprometido al ratificar el Acuerdo de París", sostuvo Ribera.

Impulsar reforma fiscal

"Quizás la medida más relevantes es la adecuación del sistema fiscal a la realidad climática, para que España deje de estar en el furgón de cola de la fiscalidad ambiental", precisó Ribera que prevé una ley que además incluya sendas de descarbonización a largo plazo (2050) revisables cada cinco años e impulse la elaboración y publicación de informes periódicos del Banco de España sobre el estado de la economía española, sus vulnerabilidades, riesgos y fortalezas frente al cambio climático.

También quiere la ministra un reporte anual de las empresas con una evaluación sobre su exposición al carbono así como el riesgo climático, algo que según ella ministra se incluye en la Ley francesa del 2015 y le ha permitido al sector "situarse de avanzadilla".

Por su parte, también se prevé una comisión independiente con informes periódicos en materia de clima que ayudará "a mejorar nuestro aprendizaje y coherencia en la acción colectiva" o iniciativas como trabajar en presupuestos nacionales de carbono que vean cómo ha ido el consumo cada año y la inclusión de "criterios verdes" en la contratación pública.

Estas han sido las principales medidas citadas por Ribera para una ley que deberá ir acompañada, dijo, con un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 para sentar las bases de la transformación económica en las próximas décadas y cuyo borrador será enviado a Bruselas a finales de año.

Apagón nuclear en 2028

Ribera también ha confirmado este miércoles la voluntad del Gobierno de cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años de vida útil tecnológica, lo que supondrá que se consume el apagón nuclear en 2028, al cierre de la central de Trillo (Guadalajara).

"El PSOE y el Gobierno se atienen a lo que introdujo en su programa, que es tomar como referencia el plazo de vida útil desde el inicio de la explotación comercial de la central", precisó Ribera.

No obstante, la ministra resaltó que se deberán tener en cuenta "obligaciones" relacionadas con ese final como son los costes financieros, las necesidades técnicas y de ingeniería y la gestión de los recursos peligrosos, que podrán adelantar o postergar ese cierre. Asimismo, Ribera denunció que a su llegada al Gobierno no se encontró ningún plan nacional de gestión de residuos, lo cual está "incumpliendo una obligación" europea, sostuvo.

Depuración del agua

La ministra lamentó la modificación "por la puerta de atrás" de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y subrayó su intención de "volver a liderar a nivel nacional e internacional las directrices que nos permitan luchar con la pérdida de la biodiversidad".

Asimismo Ribera anunció un "plan de choque" para mejorar los niveles de depuración del agua y señaló como aspecto más preocupante "el enorme desajuste entre lo precioso del recurso y los niveles de actuales de saneamiento". Recordó Ribera que España se enfrenta a una sanción de 46,5 millones de euros de la Unión Europea por incumplimiento de las normas europeas.

La industria del automóvil se rebela

Apenas 24 horas después del encuentro con José Vicente de los Mozos, el presidente de Anfac, la asociación de fabricantes de automóviles en España, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sentenciado a muerte al motor diésel. Concretamente, en el Congreso de los Diputados ha asegurado que «el diésel tiene los días contados. Durará más o menos, pero sabemos que el impacto de las partículas que emite en lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida».

En ese contexto, ha considerado que eran muy razonables y normales las restricciones al tráfico de vehículos con motores diésel que preparan los ayuntamientos de algunas ciudades, pues cree necesario facilitar la movilidad «sin perjudicar la salud de los ciudadanos». En este sentido, ha señalado que el Gobierno debe plantearse qué señales fiscales y regulatorias puede aprobar para acompañar a los gobiernos municipales «en ese proceso de cambio».

La ministra ha dejado entrever penalizaciones fiscales, sea en el carburante, sea en los vehículos con estos motores, para «facilitar los comportamientos responsables del consumidor. En todo caso, sobre una posible subida de impuestos que pudiera afectar al gasóleo, Teresa Ribera se ha remitido a su colega María Jesús Montero, titular de Hacienda.

La contundencia de las declaraciones de la ministra ha sorprendido en el sector ya que las consideran consecuencia de la mala imagen que se ha creado respecto a este tipo de motores tras el dieselgate. Sin entrar en consideraciones de tipo industrial o social, creen que no es consecuencia del análisis de la tecnología pues lo que han logrado los fabricantes de automóviles en los últimos tiempos es conseguir que los motores diésel, líderes en eficacia respecto al resto de los de combustión interna, sean también tan limpios como los de gasolina.

Mismas partículas en diésel y gasolina

Según la evolución de las emisiones de los motores diésel y gasolina en los últimos 26 años se puede apreciar que los primeros tienen los mismos límites de emisiones o incluso menores que los motores de gasolina. Salvo en los óxidos de nitrógeno, en los que pueden estar en algún caso ligeramente por encima (0,02 gramos por kilómetro).

En cuanto a las emisiones de partículas, expresamente mencionadas por la ministra, en la industria se tiene la sensación de que se refería a humeantes motores diésel con más de 20 años de antigüedad, que contribuyen al problema de la baja calidad del aire, y no a los actuales. Estos últimos emiten la misma cantidad de partículas que los de gasolina y, como ya se ha dicho, son más eficientes y consumen menos carburante, expulsando menos gases de efecto invernadero (CO2). Por cierto, una eventual desaparición del diésel, haría más difícil la buscada descarbonización del transporte.

El acoso al diésel va a perjudicar, en primer lugar, a propietarios de vehículos con esta tecnología, cuyo valor en el mercado de ocasión va a descender dramáticamente. En segundo lugar, a la industria, capaz de cambiar la producción de motores diésel a gasolina con rapidez pero también con inversiones no previstas que habrá que amortizar. Las empresas de logística, en pleno boom de las ventas por internet gracias al éxito de Amazon, que utilizan vehículos diésel para su reparto urbano. Y en último lugar, sale dañada la credibilidad de un país al que los inversores le piden, sobre todo, estabilidad en sus normas.

La UE endurece las normas de emisiones

No sólo los propietarios, la logística y la industria van a sufrir las consecuencias de esta guerra al diésel. A España, como país se le va a poner más difícil cumplir con los porcentajes de reducción del CO2 que impone Europa y que, como han reconocido otros países -Alemania, por ejemplo- hacen necesario un porcentaje de matriculaciones de vehículos diésel cuyas emisiones son entre un 10% y un 15% menores que las de uno de gasolina. El descenso de las ventas de vehículos con motores diésel ya ha tenido un primer efecto negativo, pues la emisiones de CO2 generadas por el automóvil crecieron en 2017 hasta 116 gramos de CO2 por primera vez en 10 años.

La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) manifestó ayer su preocupación ante la dureza de los límites y la brevedad de los plazos que fija la Comisión Europea (CE).

El organismo europeo que parte de una media de 95 gramos de CO2 en el conjunto de coches que se matriculen en 2020. Se analizarán los niveles que se registren ese año y en 2021 se les aplicará una reducción del 15%, que se hará efectiva en 2025, y del 30% en 2030. Estos objetivos sólo se conseguirán si se eleva la cuota de coches eléctricos.

Por el momento, en la UE representan sólo el 0,7% del volumen total de ventas, pero fabricantes como Renault o Volkswagen van a aumentar su oferta. En España el porcentaje está por debajo. Hay 66,6 millones aprobados para incentivar la venta de vehículos eléctricos y ECO además de infraestructuras de carga dentro del plan VEA. Esta dotación está bloqueada y podría seguir así hasta final de año.

El Gobierno acepta "modular" el cierre de las centrales térmicas que emplean carbón

El Gobierno mantiene el plan previsto para la transición hacia un modelo energético sin emisiones de gases de efecto invernadero pero ayer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, introdujo dos precisiones en principio atemperadoras de la cadencia de la anunciada clausura de las centrales térmicas de carbón: la titular del departamento habló de "modular" la "salida de las centrales, antes o después" del sistema y se refirió a un cierre "progresivo" de "las plantas contaminantes".

Este tono de cautela cobró mayor calado porque Ribera eludió establecer una fecha definida y concreta para la desconexión de estas plantas (Galicia cuenta con dos instalaciones de este tipo, las dos en A Coruña: en los concellos de As Pontes y Cerceda) mientras que sí fue imperativa en la señalización del abandono definitivo de la energía nuclear: todas las centrales existentes cesarán a los 40 años de su vida útil, lo que significa que la última en cerrar se apagará en 2028.

Cierre de siete térmicas

Pese a que el Gobierno podría considerar una transición menos acelerada a una energía verde para dar tiempo a la asunción de los costes sociales, territoriales y económicos inducidos por el fin de las térmicas de carbón, la ministra consideró inevitable el cese de actividad en 2020 de siete de las quince instalaciones de este tipo existentes en España, dado que no han realizado ninguna inversión para adaptarse a las nuevas exigencias comunitarias de reducción de emisiones. En esa situación está la coruñesa de Meirama, en Cerceda, sobre la que su dueña, Naturgy -antes Gas Natural Fenosa-, aún no ha decidido si invertirá los cerca de 120 millones que necesitaría para adaptarse a la nueva normativa de emisiones. "El marco comunitario les obliga a cerrar", explicó, y no es realista pensar que vayan a hacer en un corto periodo de tiempo lo que no hicieron, dijo, hasta ahora.

La ministra reiteró que el necesario cambio de modelo energético se hará "sin traumas y sin dejar a nadie atrás" y que, para que esto sea posible, hay que empezar a trabajar ya en ello y "no esperar a que la fecha de cierre se nos venga encima".

Aumento de emisiones

España no puede eludir el desafío de la transformación energética, indicó la ministra, porque se comprometió a ello "en los Acuerdos de París y por ser país miembro de la UE", y porque España "no puede ser una excepción". "Se necesita desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero" y, frente a este compromiso, España fue el país que en el periodo 2014-2017 más aumentó las emisiones, fundamentalmente por la generación eléctrica y, en particular, por la quema de carbón, explicó.

Para hacer posible lo que se ha dado en llamar la "transición justa" ("con justicia social", precisó la responsable ministerial) Ribera abogó ayer ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso por impulsar "pactos locales" específicos en cada territorio y comarca afectados, con "objetivos y plazos", dando participación a las administraciones, los agentes sociales, los ciudadanos y los trabajadores. Se trata, dijo, de definir y apoyar "alternativas económicas" con "un plan ágil de actuaciones inmediatas", "trabajando de forma específica en cada zona vulnerable" y promoviendo "clusters de reindustrialización cuyos objetivos deben ser evaluables". "Las políticas de acompañamiento son prioritarias y exigirán actuaciones integrales y transversales", argumentó.

Proyecto de ley este año

A su juicio, "todo cambio tiene riesgos" y "el mayor de todos es no anticiparse" a lo que va a ser inevitable, "no tener estrategia y mirar para otro lado", permitiendo que "nos pille de imprevisto".

Las políticas contra el cambio climático y el calentamiento global supondrán oportunidades de empleo y de nuevas actividades, pero las zonas a las que esta transformación les impacte de forma negativa (al menos, en primera instancia) deben ser objeto, propuso, de actuaciones que garanticen la "cohesión social y territorial" y "no dejen a su suerte a las personas".

Ribera comprometió que el anteproyecto de la ley de cambio climático y transición energética para impulsar la descarbonización de la economía estará disponible antes de fin de año para que la ley pueda estar aprobada en esta legislatura (antes de las elecciones de 2020). La futura norma, que el Gobierno pretende elaborar a partir de "un acuerdo amplio, sólido y participado", debe facilitar, dijo, "una señal clara y contundente para orientar a los inversores", promover "nuevas actitudes socioeconómicas" y lograr una "economía plenamente descarbonizada" en 2050. Este objetivo "sería muy difícil de lograr", explicó, "si antes no conseguimos una reducción de emisiones en 2030 del 20% respecto a 1990" y una participación de las energías renovables del 32%.

"Esto nos obliga a trabajar en tiempo récord en los próximos meses para cumplir los plazos porque partimos de cero", expresó en una referencia crítica con el anterior Gobierno, del PP. "España tiene que enviar a la UE un plan integral de energía antes de que acabe este año, en el que debemos definir y consensuar grandes indicaciones sobre oportunidades y riesgos, y que servirá de paraguas a la futura ley".

El Gobierno constituirá una comisión independiente, integrada por especialistas en diversas disciplinas, que asesorará el proceso y evaluará tanto las políticas que se adopten como sus resultados.

Cogeneración y fiscalidad

La ministra avanzó que estudia la revisión del tratamiento de la cogeneración y el autoconsumo para favorecer una "descentralización de la producción energética", para lo que promoverá "un paquete de medidas urgentes". También se plantea "repensar" tanto el mercado energético como el sistema de fijación del precio de la energía. Una reconsideración de los elementos ajenos a la electricidad incluidos ahora en la factura permitiría compensar el eventual encarecimiento que pudiera originar el abandono del carbón como fuente primaria de energía. La ministra prevé revisar "de forma urgente" toda la normativa de renovables para facilitar su despliegue, y postuló la necesidad de "adecuar el sistema fiscal existente a la realidad climática".

Esta referencia alude a los tributos que, como en el caso del diésel, incentiva el consumo de las energías más contaminantes.

IU rechaza el 'fundamentalismo' ecológico de la Ministra Ribera y su descarbonización exprés

La coordinadora de IU Asturias aprobó hoy una resolución sobre transición energética en la que se rechaza de plano una descarbonización exprés así como la "rotunda oposición a cualquier intento irresponsable por parte de la Ministra Rigera, adalid del fundamentalismo ecológico, de convertir ll que ha de ser un cambio de modelo,o energético paulatino, justo y equilibrado, dentro del marco fijado en los Acuerdos de París, en una apresurada y brusca ruptura que nos situaría en un escenario de incertidumbre energética".

La resolución llega al hilo del pleno que se celebrará el próximo viernes en la Junta General del Principado y recoge la posición mantenida a lo largo de los últimos años por IU Asturias sobre el sector minero pero, también, y el rechazo expresión a una descarbonización exprés que incluya el cierre inmediato de las centrales térmicas.

Para IU es imprescindible mitigar los efectos del cambio climático y abordar las causas del mismo pero de forma equilibrada y dando alternativas de futuro a comarcas y territorios cuyo futuro se vería comprometido si el proceso se realiza de forma brusca, condenándolos a la desertización.

IU reclama, además, compromiso al Gobierno de autonómico "la configuración de una alianza política, sindical y ciudadana dentro de Asturias, coordinada con los representantes institucionales y sociales de otras comunidades autónomas y otras regiones europeas organizadas en torno a la Plataforma de Regiones Carboneras en Trasición en la UE".

El coordinador general de IU Asturias, Ramón Argüelles, fue especialmente crítico con el modelo que trata de imponerse por la nueva ministra y cuestionó si el fin último de este cambio de modelo puede suponer una apertura del debate sobre la energía nuclear, que en algunos países de los que impidan el fin del carbón están tratando de impulsar. El dirigente de IU calificó el cambio en el rumbo pilotado por la Ministra Ribera de "unilateral e irresponsable", pues pretende cambiar de un plumazo un modelo productivo que ha modelado Asturias desde hace siglo y medio.

España, a juicio de Argüelles, ha cambiado de bando, alejándose de posiciones como la alemana y acercándose a la holandesa y de otros países del norte donde se quiere apostar por la energía nuclear. Frente a esa posición, Argüelles adelantó que IU Asturias se situará junto a las necesidades de su población y no hará el juego a las grandes energéticas que ahora, bajo el manto del ecologista, tratan de darse un lavado de imagen que no responde a los intereses de la ciudadanía sino de sus propias cuentas.

La coordinadora monográfica la abrió el Alcalde de Mieres, Aníbal Vazquez, quien, en esta materia, afirmó no sentirse representado por ningún partido en Madrid. Claramente enfadado, el regidor exigió que la descarbonización se haga sin cargar de nuevo en los territorios mineros y en su clase trabajadora el peso de los cambios de modelo.

También fue muy crítica la coordinadora en ese condenó Beatriz González Prieto, que recordó que los fondos mineros habían servido para mejorar infraestructuras pero que no habían sido suficientes para detener el declive, por lo que exigió que esta nueva vuelta de tuerca contra las comarcas del carbón llegue con medidas afectivas para evitar que el cierre no sea solo de un sector económico sino de todo un territorio.

El diputado Ovidio Zapico fue contundente en su rechazo al cierre de las térmicas y la exclusión del carbón del mix energético. A su juicio, la descarbonización debe enmarcarse en la parámetros y fechas fijados en los acuerdos de París.

Jaime Gareth Florez, secretario de Convergencia de IU, enfatizó en los problemas que aun antes de la puesta en marcha de medidas de descarbonización exprés territorios mineros como el sur occidente asturianos sufren ya los impactos directos de la ley de transición energética con unos claros perdedores: los trabajadores y trabajadoras de las empresas de explotación privadas que sean en una situación de crisis total.

Por su parte, el Alcalde de Morcín y vicepresidente de ACOM, Máximino García, alertó de que la descarbonización va más allá del cierre de minas y térmicas y que su calado afecta a la misma estructura del sistema productivo, por lo que sus implicaciones, si se hace de forma apresurada, puede suponer el colapso de la economía de Asturias.

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