Esta participación servirá para imponer determinados vehículos en función de sus emisiones de CO2, el mayor gas de efecto invernadero causante del cambio climático,“Por fin una ley de #CambioClimático que será pronto plenamente aplicable!! Enhorabuena #Catalunya!!” publicó Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica en su cuenta de twitter para expresar su satisfacción por la noticia.

“Estamos satisfechos de que la ley catalana de Cambio Climático pueda finalmente aplicarse” reiteraron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, Son palabras de aliento en un momento en que el nuevo Gobierno central ultima el borrador de la ley de Cambio Climático y Transición Energética. La impugnación del PP contra la ley de Cambio Climático levantó en su día una oleada de críticas, liderada por Teresa Ribera, quien criticó esa decisión como algo "propio de locos".

De este mismo modo, la Generalitat triunfa también en competencias para impedir los proyectos de ‘fracking’ para extraer combustibles, quiere gravar los coches mediante un tributo gradual por tramos en función del nivel de CO2 de los vehículos. En primer fase, a partir del 2019, se asignará a todos los vehículos con una emisión de 160 gramos de CO2 por kilómetro, mientras que a partir del 2020 se prolongará a los coches que expulsen más de 120 gramos de CO2 por kilómetro.

Con los nuevos recursos, se buscaría proveer un doble fondo (Fons Climàtic y Fons del Patrimoni Natural), con un montante total anual de entre 75 y 80 millones de euros. El primero servirá para impulsar las políticas en favor de la energía limpia, mientras que el segundo debe servir para apoyar la protección de espacios naturales, infrafinanciada en Catalunya por recortes continuos.

El Gobierno confirma el cierre de nucleares en 2028 y espera la clausura de siete centrales térmicas

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado la voluntad del Gobierno de cerrar el parque nuclear español a medida que las centrales nucleares cumplan sus 40 años de vida útil tecnológica, plazo que se cumple en 2028, en consonancia con el programa del Partido Socialista. Además ha asumido el cierre en 2020 de siete de las quince centrales térmicas existentes que no han realizado ninguna inversión.

Durante su primera comparecencia ante la Comisión para la Transición Ecológica ha expresado su "convicción clara respecto a la voluntad de cumplir con lo establecido en el programa del Partido socialista". "El PSOE y el Gobierno se atienen a lo que se introdujo en su programa, que es tomar como referencia el plazo de vida útil desde el inicio de la explotación comercial de la central", ha precisado.

A este respecto, ha admitido las posiciones diferentes de los grupos parlamentarios respecto a la postura sobre la referencia a tener en cuenta para establecer el cierre o continuidad del parque nuclear, ya que algunos entienden que la referencia a la vida útil o de diseño de las centrales es la fecha que active el cierre de las centrales y otros consideran que se debe aplazar el funcionamiento "más allá del plazo tecnológicamente previsto".

La voluntad expresada por la ministra llevará al apagón nuclear a 2028, cuando la central nuclear de Trillo (Guadalajara) eche el cierre. Si bien, la ministra ha añadido que es preciso abordar las "obligaciones" relacionadas con ese final y que se deberán acometer igualmente, ya sea el cierre adelantado o postergado, tales como las de coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería, la gestión de los residuos peligrosos.

Así, ha indicado que "no se ha encontrado" al llegar al Gobierno un plan nacional de seguridad de los residuos, por lo que España está "incumpliendo una obligación" europea, y también ha expuesto que en la actualidad se desconocen aspectos tales como el coste de la gestión de los residuos nucleares e incluso la cantidad de residuos existente.

En definitiva, cree que es un "tema crítico fundamental" y de impactos relacionado con la asunción colectiva del riesgo, que necesita un análisis "más profundo" así como entender los escenarios económicos y financieros. Sin embargo, ha afeado al anterior Ejecutivo que de estas cuestiones se ha encontrado "más bien poco", salvo algunas disposiciones normativas importantes, con un calendario de fechas "que se echan encima".

En este contexto, considera que es una "ventaja" la capacidad de generación "tan grande" del sistema eléctrico español a la hora de acompasar la salida de ciertas tecnologías y dar entrada a lo que deberá llegar después, de forma que se minimice el impacto en la seguridad de suministro y la estabilidad o 'previsibilidad' de cara a inversores y costes. "No podemos actuar con el capricho del ministro de turno", ha concluido.

Ribera ha asumido el cierre en 2020 de siete de las quince centrales térmicas existentes que no han realizado ninguna inversión, y ha condicionado la supervivencia de las otras ocho que sí que han invertido para continuar funcionando a diferentes circunstancias.

Entre estas circunstancias, la ministra ha mencionado la evolución de los precios de la materia prima, la fiscalidad respecto al CO2 y "los avances y los costes del resto de los operadores del sistema", tal y como ha dicho este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

"Las otras siete (centrales), que no han hecho ninguna inversión, no tienen mucho margen para pensar en cómo poder seguir funcionando cuando el marco comunitario les obliga a cerrar", ha señalado Ribera, puntualizando que "los plazos (de cierre) vienen dados" por la propia Comisión Europea.

"Creo que pretender que en un mes es posible cambiar lo que ya existe con fecha de pasado mañana es una cosa un poco rara", ha apostillado, al tiempo que también ha invitado a los grupos a proponer medidas para "incentivar o facilitar el proceso de transición" para "modular" esta "salida de las centrales, antes o después".

Respecto al gas, la ministra ha llamado a "evaluar y ponderar" si las instalaciones actuales son suficientes o si es necesario aumentar la capacidad pero, en todo caso, siendo "extraordinariamente cautelosos con respecto a delirios de grandeza en un impulso o crecimiento" de un recurso del que, ha recalcado, carece España y que además "ni tiene, a priori, una larga vida por delante".

"Cautela, por tanto, con respecto al gas, y eso aplica a prácticamente todas las cuestiones que tienen que ver con la generación y con las infraestructuras de gas", ha dicho Ribera, sin hacer referencia a ningún proyecto concreto, a pesar de que una de las grandes inversiones proyectadas y prioritarias para el anterior Gobierno era la interconexión gasística del Midcat, que conectaría España con Francia a través de los Pirineos.

En todo caso, ha diferenciado estas inversiones con el empleo de esta energía "como materia prima en procesos industriales o que se puedan ir generando otras combinaciones tecnológicas que permitan su utilización para fabricar polímeros y facilite más allá de 2050 las emisiones negativas".

El transporte público pide al Ministerio de Transición Ecológica 500 millones

El sector del transporte público ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que acelere la ley de cambio climático y que esta incluya al menos 500 millones para el sector después de la publicación este lunes del avance del Inventario español de emisiones de CO2 que revela que en el último año las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aumentaron un 4,4 por ciento, el mayor incremento desde 2012.

Así, la Asociación del Transporte Público (ATUC) recuerda que el tráfico rodado provoca en torno a la mitad de las emisiones de GEI en las ciudades y de estas, más del 90 por ciento son de coches. En concreto, las emisiones del transporte crecieron en el último año un 2,6 por ciento, según los datos publicados por el Gobierno y que ahora remitirá a Bruselas para su validación.

En este contexto, reclama que el texto de la futura ley recoja un espacio propio para el transporte público como alternativa al vehículo privado, sobre todo teniendo en cuenta las futuras prohibiciones al acceso y aparcamiento en el centro en ciudades como Madrid.

Además, justifica la petición también en el hecho de que el parque móvil español está "muy dieselizado" pese a que estos vehículos emiten un 15 por ciento más de dióxido de carbono por litro de carburante que los gasolina.

La ATUC propone que más de los 2.100 millones de euros que se ingresarán tras equiparar los impuestos a los carburantes, como mínimo 500 millones se dirijan al sistema de transporte público, tanto para contribuir a su financiación como para inversiones con las que mejorar los servicios, ganar más usuarios y reducir el número de coches en circulación.

En esta línea, la asociación opina que la contribución del transporte público para reducir las emisiones de GEI "justifica de por sí" el desarrollo de uno o varios artículos con medidas y acciones encaminadas a un nuevo modelo de movilidad consensuado entre todas las administraciones competentes en la materia.

Entre sus recomendaciones para la Ley de Cambio Climático, la ATUC pide de forma explícita que la futura norma inste al desarrollo de una Ley de Financiación del Transporte Público, de la que España carece actualmente siendo una excepción en toda Europa; así como una financiación estable y compartida entre las distintas administraciones, algo que considera "fundamental" por la relevancia del cambio que se está promoviendo hacia medios sostenibles de transporte.

Entre sus propuestas también sugiere por el desarrollo de un Plan Nacional de Movilidad Urbana que siente las bases de la movilidad sostenible en las ciudades españolas.

Para el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, "no se entendería que la futura ley no reservara un espacio específico para el transporte público, que hoy en día se trata de la solución más efectiva contra los altos niveles de contaminación en las ciudades y contra las congestiones de tráfico que tantos problemas originan".

Leer noticia en fuente original: news.soliclima.com | eleconomista.es | lavanguardia.com