Así lo recoge en una de sus enmiendas al proyecto de ley que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en Consejo de Ministros el pasado mes de marzo y que modifica hasta tres leyes: la de Evaluación Ambiental, la de Montes y la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Según explicó en su momento el Ejecutivo del PP, este texto propone reforzar el carácter preventivo ante las amenazas y los nuevos desafíos ambientales y presta una atención especial a la eficiencia de los recursos y a la prevención de riesgos que a partir de ahora estarán "mejor reflejados en el proceso de evaluación".

De este modo, la Ley de Evaluación Ambiental modificará la evaluación de las obras de repercusión social para hacer hincapié en la especial eficiencia del uso de los recursos. Será obligatorio tomar en consideración la vulnerabilidad de los proyectos ante el riesgo de accidentes graves o catástrofes naturales, como terremotos, inundaciones o subida del nivel del mar y también se espera la integración o coordinación de los procesos de evaluación de impacto ambiental con otros procedimientos ambientales.

Dentro de este marco, PNV y Ciudadanos piden, en sus enmiendas, que la norma recoja una nueva disposición final en la que se determine que, cuando un procedimiento judicial afecte directa o indirectamente a la ejecución de un proyecto y ya cuente con una Declaración de Impacto Ambiental favorable, el plazo de vigencia de la misma se quedará en suspenso hasta el momento de la sentencia firme.

INCORPORAR LA ECONOMÍA CIRCULAR

"Se pretende evitar que el promotor tenga que tramitar nuevamente una evaluación ambiental del proyecto desde cero", indican los nacionalistas en la justificación de sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press.

El proyecto de ley también busca potenciar la calidad de la información y la participación pública en los procedimientos de evaluación ambiental y priorizar el uso de los medios electrónicos, para poder garantizar así la participación efectiva de todas las personas interesadas en el procedimiento. En este sentido, Unidos Podemos ha incluido enmiendas para que esta información sea accesible a la población, a través de las webs de los ayuntamientos, durante 30 días hábiles.

Por otra parte, Ciudadanos reclama en su texto registrado el Pacto por la economía circular al que se llegó en septiembre de 2017. Para ello, propone un avance en la reducción dek yso de residuos naturales, no renovables; que se haga un análisis del ciclo de vida de los productos y se incorporen criterios de ecodiseño; o favoreciendo la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos.

Ni el PP, que aprobó en el Ejecutivo este proyecto de Ley, ni el PSOE, ahora en el Gobierno, han presentado enmiendas a este texto.

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