Este organismo ha observado que España se encuentra entre los países europeos con una recaudación por fiscalidad ambiental más baja, ya que los ingresos por este concepto fueron el 1,9 % del PIB en el año 2015, frente al 2,4 de la media europea.

Así se pone de relieve en un informe del Tribunal de Cuentas, que ha subrayado la necesidad de implementar en España una “verdadera” reforma fiscal de carácter global sobre la imposición medioambiental, lo que contribuiría “a modificar el comportamiento ambiental y a responsabilizar tanto a productores de bienes y servicios como a consumidores”.

Calidad del aire

El Tribunal ha analizado el Plan Nacional del Aire y Protección de la Atmósfera (2013-2016) para conocer la situación de la calidad del aire y sus conclusiones se incorporarán a un documento en el que trabajan 15 entidades fiscalizadoras de Europa y el propio Tribunal de Cuentas Europeo para realizar una Auditoría Cooperativa Internacional sobre la Calidad del Aire en Europa.

Este organismo se ha sumado a ese proyecto internacional al considerar que la calidad del aire está estrechamente relacionada con la salud de los ciudadanos, y ha concluido que España cuenta con una regulación “oportuna y suficiente” para llevar a cabo de manera eficaz la evaluación y el control de la calidad del aire y proteger la salud de los ciudadanos.

El informe refleja que coexisten en España administraciones públicas con competencias en materia de protección ambiental y de evaluación y gestión de la calidad del aire, lo que dificulta “la operatividad y la efectividad” de las políticas que se ponen en marcha y las medidas que se aplican.

El Tribunal de Cuentas ha lamentado que se creara de forma tardía la Comisión de Coordinación con las Comunidades Autónomas en materia de calidad ambiental, y ha recordado que ésta se puso en marcha en 2017, una vez finalizada la vigencia temporal del Plan de Calidad del Aire.

Así mismo, pone de relieve también la carencia de recursos humanos y que el personal asignado no está en algunos casos suficientemente cualificado para desarrollar trabajos complejos, lo que llevó al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (ahora Ministerio de Transición Ecológica) a firmar y prorrogar sucesivamente contratos de servicios.

La auditoría ha observado que la información que se suministra a la población en materia de calidad del aire resulta “heterogénea y difícilmente comprensible”, y ha criticado que el plan no se basara en una estrategia gubernamental previa, “como un instrumento de planificación que hubiera resultado fundamental para su correcto desarrollo”.

Califica además de “deficiente” la coherencia entre los objetivos que se perseguían y las medidas que se pudieron en marcha para conseguirlos y critica la falta de indicadores adecuados para su medición, lo que según el Tribunal de Cuentas impide evaluar de una forma adecuada los resultados del Plan.

El Tribunal ha cifrado en un 38 % las medidas previstas en el Plan que se han ejecutado.

Respecto a las medidas para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera o el porcentaje de población afectada por una calidad del aire deficiente, este organismo ha concluido que las iniciativas que se han puesto en marcha “no han demostrado la eficacia esperada” ya que las concentraciones de los principales contaminantes han seguido aumentando.

El Plan carece de un sistema contable que permitiría conocer el desglose de los gastos y de un plan económico específico, según el Tribunal de Cuentas, que ha señalado que eso impide conocer el coste real que ha tenido para el Gobierno la ejecución del mismo.

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