Se trata de que los 28 en su conjunto logren ese porcentaje, por tanto, no todos deberán alcanzar esa cifra, aunque sí tendrán que presentar sus planes estratégicos en Bruselas para caminar en esa dirección. Además, el pacto prohibe a los Estados miembros la aplicación del conocido como 'impuesto al sol', un canon que aplican países como España por el autoconsumo, e incluye un fondo para las regiones que van a sufrir la transición hacia economías con una menor emisión de CO2, de los que Asturias podría llegar a beneficiarse.

Tras conocerse el acuerdo, las reacciones no han parado de sucederse. Para unos, como la ministra del ramo, Teresa Ribera, es «una buena noticia»; aunque asociaciones ecologistas consideran que se queda corto, y otros, como el Gobierno del Principado, alertan del impacto negativo que tendrá esta decisión en la economía asturiana y en la industria en general.

En línea con la opinión expresada el día anterior por el presidente regional, Javier Fernández, que se posicionó a favor de dejar el objetivo en un 27%, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, mostró ayer su preocupación por los términos del acuerdo y recordó que existe una intención de elevar ese porcentaje en 2023. «No sabemos qué implicaciones puede tener esa cuestión», reconoció, aunque intentando ver el vaso medio lleno, señaló que ese 32% es mejor que el 35% que planteaba el Parlamento Europeo. Precisamente, España junto con Italia, Suecia o Portugal apostaron por esa cuota más ambiciosa, mientras que Reino Unido y los países del Este defendieron ir más despacio y dejar el porcentaje por debajo del 30%.

«Más allá de las comarcas mineras es un problema que impacta en toda Asturias», advirtió Martínez, que también aseguró que tendrá un efecto negativo en la industria regional, con gran presencia de empresas electrointensivas, y en la española. «Nadie va a escapar al impacto de estas medidas», insistió.

Pero frente al temor del Gobierno socialista asturiano, la responsable en la materia del Ejecutivo de Pedro Sánchez se mostró encantada con la decisión, que consideró una «fantástica noticia», buena «para España y para su industria». Durante su visita a una feria de renovables en Madrid, la ministra Teresa Ribera hizo suyo el compromiso de la UE y se mostró confiada en que se puedan cumplir esos objetivos, aunque «hay que repasar al detalle dónde estamos en este momento».

La situación de partida no es halagüeña. España deberá duplicar el peso de sus renovables para alcanzar ese 32%, ya que en la actualidad este tipo de generación ronda el 16% de la energía final. En Asturias, con gran peso de las térmicas, el porcentaje es mucho menor y se sitúa en el 8%.

«Facilidades importantes»

Para Ribera, sin embargo, el objetivo es factible, ya que el compromiso recoge «facilidades importantes» y subrayó «el peso que deben tener los sistemas de autoconsumo en la contribución y constitución de un modelo energético diferente». Además, consideró que hay que ser «lo suficientemente inteligentes» para plantear las premisas que permitan alcanzar esos objetivos y poner la vista en 2050 para lograr entonces «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable».

El comisario de Energía y Medio Ambiente, el popular Miguel Arias Cañete, también se felicitó por un acuerdo que calificó de «victoria duramente trabajada para desbloquear el verdadero potencial de la transición de Europa hacia una energía limpia». El exministro español se mostró convencido de que con este compromiso se lograrán «más empleos, facturas energéticas más baratas para los consumidores y menos importaciones de energía».

Esta percepción de nuevas oportunidades es compartida por Iberdrola, que en noviembre anunció su deseo de cerrar la central térmica de Lada. A través de un comunicado, la compañía aseguró que se trata de una «muy buena noticia» y se muestra segura de que el objetivo es «alcanzable» gracias a los avances tecnológicos realizados en los últimos años. Para otros, como el partido de Los Verdes, Fundación Renovables o diversas ONG el pacto es «agridulce» e «insuficiente» y defienden que la cuota debería situarse entre el 40% y el 45% para lograr los objetivos del Acuerdo de París.

Por su parte, el eurodiputado asturiano Jonás Fernández destacó, sobre todo, la creación de ese fondo que gestionará la Comisión Europea para las regiones que aborden la transición, una propuesta del grupo socialista que considera «un éxito insólito», ya que no estaba incluido ni en la propuesta del Consejo ni en la de la Eurocámara. Aún sin cuantificar, esta partida no podrá ser destinada a prejubilaciones, sino a facilitar la transición hacia una economía medioambientalmente sostenible.

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