Ribera ha señalado en declaraciones a la Cadena Ser que es una «cuestión prioritaria» tener un compromiso para generar alternativas «reales» y voluntad de diálogo con las comarcas mineras y con centrales térmicas y nucleares que ven con «legítima» preocupación el fin en el medio plazo de su actividad.

Así, ha puesto como fecha orientativa al fin del carbón el año 2025, aunque ha precisado que no hay una «decisión cerrada» y en 40 años de vida útil el cierre de las centrales nucleares. Para Ribera en este escenario de caída de peso paulatino del carbón en el 'mix', es preciso un compromiso «muy serio» sobre las alternativas que requieren un régimen de flexibilidad para acomodar a las personas en el territorio.

En cuanto a las nucleares, ha recordado que figura en el programa electoral de PSOE su cierre a los 40 años de vida útil y ha añadido que «nada» apunta que cerrarlas más tarde de esa fecha pueda ser más barato, frente a los «otro tipo de riesgos» que supone alargar su actividad que, requeriría otra inversión adicional que deberá ser estimada por los financiadores.

En este contexto energético, la nueva ministra se ha comprometido a hacer «un esquema» que permita «entender» el recibo de la luz, lo que se paga o no en el recibo de la luz, lo que se está dispuesto a pagar y los riesgos e hipotecas que se está dispuesto a asumir y, en base a esto, decidir en qué momento se quiere impulsar un proceso de cambio «sumamente eficiente» que si es renovable, augura que tendrá un coste más reducido y precios más estables en el medio y largo plazo pero con una inversión mayor. «El gran desafío será entender el negocio», ha manifestado.

Respecto al «bolsillo» del consumidor, el recibo, según la ministra, este depende de las reglas del sistema de fijación de precios de la factura, en la que ha restado importancia a las primas de las renovables y ha subrayado, por ejemplo el pago por capacidad, la moratoria nuclear o el pago por la gestión de los residuos nucleares o el pago por kilowatios de origen hidroeléctrico. «Hay que repasar un poco de qué estamos hablando», ha resumido.

Por otro lado, confía en que se pueda desacoplar «rápidamente» el crecimiento económico del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero para lo que cree necesario cambiar el modelo de crecimiento tradicional que «no es viable», por lo que insiste en que el Gobierno debe emitir «señales económicas adecuadas de valor y desvalor para los inversores» y ser muy eficientes en los consumos energéticos.

«Mi objetivo en el tiempo útil que disponemos en esta legislatura es poder orientar esas señales para que todos los operadores económicos, institucionales y la sociedad vayan asumiendo modelos de decisión mucho más coherentes y ese desacoplamiento se haga evidente, obvio de aquí a muy poco tiempo. Hoy esta señal está muy mitigada», ha apuntado.

En este tránsito para cumplir el Acuerdo de París, Ribera ha destacado el papel «fundamental» de los actores locales que tienen competencias por ejemplo en movilidad, espacios verdes o percepción ciudadana.

De esta manera, ha citado a Ayuntamientos «valientes, de colores muy diferentes» que son «generalmente más de la izquierda pero no solo» y se ha referido expresamente a ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valladolid o Vigo, de las que ha dicho que están «intentando hacer las cosas de manera distintas».

Nueva ley de Cambio Climático

La ministra de la Transición Ecológica Teresa Ribera, ha indicado que sus prioridades «en lo que queda» de legislatura serán la aprobación de la Ley de Cambio Climático y la estrategia de transición energética, que empezará a elaborar «ya» tras encontrarse con un borrador del Gobierno anterior «interesante» pero con «carencias importantes» y «poco claro» en la forma de involucrar a todos los sectores sociales. La ministra apostará el resto de legislatura por un modelo de energía y clima que permita generar «consensos» sobre las prioridades que «todos» los cambios requieren para acometer la transición a una economía baja en carbono.

Finalmente, ha expuesto que en Europa el debate está en ofrecer señales claras que orienten a empresas, reguladores y ciudadanos sobre la forma de construir la coherencia entre las distintas políticas para avanzar en la transición energética.

As Pontes y Cerceda

Los planes del nuevo Gobierno socialista de acelerar el proceso de "descarbonización" de la economía y reducir las emisiones para combatir el cambio climático implican apostar por la expansión de las fuentes renovables y adelantar el cierre de las centrales térmicas que utilizan este mineral para generar electricidad. Este cambio de política, más ambiciosa que la defendida por el anterior Ejecutivo del PP, genera incertidumbre sobre el futuro de las dos centrales térmicas existentes en Galicia, ambas en territorio coruñés, en los concellos de As Pontes y Cerceda. Los alcaldes de los dos municipios -también socialistas- discrepan de los planes de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y defienden la continuidad de las plantas.

El regidor de As Pontes, Valentín González Formoso (PSdeG-PSOE), ve un error prescindir de este tipo de instalaciones de generación eléctrica, especialmente si cumplen las normativas europeas sobre emisiones. "En As Pontes, Endesa [propietaria de la central] cumple los límites de emisiones actuales y cumplirá los de 2020, para lo que realiza una inversión de 217 millones. Debemos someternos a los límites de emisiones en esta materia", defendió el también presidente de la Diputación de A Coruña, que reconoce que el proceso de descarbonización está asumido por la sociedad, pero lamenta la falta de inversión "en tecnologías para el tratamiento del CO2 [dióxido de carbono]".

"Es un error perder esta fuente de abastecimiento de energía si se cumplen las normas de emisiones. Hace que los costes de energía sean más bajos. Producir un megavatio con carbón cuesta 45 euros y producir uno con gas, con ciclos combinados [la alternativa como respaldo a la generación con fuentes renovables], 90. Y no sé si es lo ideal porque supondría encarecer el recibo del consumidor final", reflexionó González Formoso en declaraciones a este diario sobre la mayor térmica de carbón de Galicia y también de España, vital para el sistema eléctrico cuando fallan las renovables -los eólicos y la hidráulica por falta de viento y lluvia-.

Su homólogo en el concello de Cerceda, José García Liñares (PSdeG-PSOE), también defiende la continuidad de la térmica de Meirama y recuerda la moción aprobada a principios de año en apoyo a los trabajadores de la central, que instaba a Gas Natural Fenosa (dueña de la planta) a cumplir su compromiso de invertir los más de 100 millones que la instalación necesita para cumplir la normativa de emisiones a partir de 2020 y poder seguir operativa. Sin embargo, la empresa aún no ha anunciado qué hará, algo que previsiblemente ocurrirá a finales de mes, cuando presente el plan estratégico para los próximos años.

Un futuro "negro"

"A ver qué decide. Es un tema complicado porque es una inversión fuerte y el carbón es caro", apuntó el regidor cercedense. "Lo de cerrar centrales es fácil de decir, pero hay que hablarlo. Hace años que el futuro del carbón es negro, pero no se puede olvidar que prescindir de él supone dejar a mucha gente en la calle", añadió García Liñares, que no se mostró muy convencido de la efectividad de las medidas compensatorias que plantea la ministra de Transición Ecológica para las zonas afectadas por el cierre de las centrales. "A ver cómo se materializan. Pero nosotros vamos a reclamar la permanencia porque hay muchos trabajadores que dependen de la planta, no solo de la plantilla, también camiones de transporte del carbón", recordó el regidor de Cerceda. Las instalaciones de Meirama dan empleo directo a unas 200 personas y las de As Pontes a alrededor de 700.

Pero la importancia para los dos concellos coruñeses de las centrales térmicas va más allá. En el caso de As Pontes, la planta de Endesa aporta "el 50% de los ingresos tributarios" del Ayuntamiento, según su regidor, mientras que en el caso de Cerceda las instalaciones de Meirama suponen "1.400.000 euros de los alrededor de diez millones de presupuesto municipal".

"No se puede cerrar por cerrar. A todos nos gustaría no contaminar y tener todo con energías renovables, pero si no hay carbón también tenemos un problema", concluyó el alcalde de As Pontes, en referencia a ese encarecimiento del recibo de los consumidores que supondría recurrir a los ciclos combinados.

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