Ribera confirmó su voluntad de imprimir un giro copernicano en las políticas energéticas, como resultado de la propia evolución ambientalista del PSOE y del alto grado de consenso alcanzado en con otros grupos que acompañaron a su partido en la oposición. Su póker de promesas es claro: Fin del impuesto al sol, impulso a las energías renovables, negativa a prorrogar el funcionamiento de las centrales nucleares y cierre más o menos cercano de las centrales térmicas de carbón, grandes emisoras de CO2.

Ribera ha venido sosteniendo en sus primeras declaraciones (LaSexta, Antena 3) que las mejoras técnicas y la reducción de costes de las fuentes renovables van a permitir que España se sitúe en “mucha mejor” posición para emprender la transición energética. En este sentido, se mostró convencida de que en los próximos 30 años el consumo “energético tiene que ser sumamente eficiente” y basarse en las renovables.

En primer lugar, adelantó su intención de derogar el denominado impuesto al sol, una carga impositiva a la producción de autoconsumo doméstico con energía fotovoltaica implantada por el Gobierno del PP para las instalaciones solares de más de 10 kW de potencia. Este gravamen entró en vigor, pese a la resistencia de los productores y los partidos de oposición. El impuesto al sol ha sido considerado como una de las trabas que ha impedido un mayor despegue de esta fuente renovable en el ámbito doméstico.

La ministra hizo referencia a que este bloqueo ha sido una de las “cosas más llamativas” recogidas los últimos años en los comentarios de analistas internacionales, que no entendían la implantación de barreras no técnicas sino regulatorias y fiscales.

También se pronunció a favor de fomentar las energías renovables y, al mismo tiempo, dio a entender que se darán pasos para el cierre paulatino de las centrales nucleares (a las que no se les renovaría la licencia de explotación transcurridos más de 40 años de explotación, según el programa electoral del PSOE). Tanto nucleares como las térmicas de carbón “no tienen futuro” y “ya no tienen sentido”.

“Son soluciones que se están generalizando y facilitando en la mayor parte de los países en los que la disponibilidad solar es infinitamente menor que la española”, comentó, convencida de que España debe aprovechar sus recursos energéticos, que son “fundamentalmente” sol, viento y “algo de geotermia”.

La ministra apuntó que es “más sensato” diversificar la economía de las zonas donde que acogen centrales nucleares, en vez de “alargar el riesgo”, por lo que se mostró a favor de ir preparando “salidas alternativas”.

También esgrime que una menor participación de las fuentes convencionales en el mix eléctrico “no tiene por qué” comportar un recibo de la luz más caro, puesto que de lo que se trata es de que éste sea reorganizado. Las tecnologías renovables, en particular la eólica y la fotovoltaica, tienen unos costes operativos y de instalación competitivos respecto a las fuentes tradicionales, reiteró.

La ministra auguró “poco futuro” a las centrales térmicas de carbón pero ha mostrado su “preocupación” por el futuro de la población en comarcas cuyo “monocultivo económico” y prosperidad dependen de las minas de carbón o de las centrales térmicas. Precisó que “en ese proceso de transición hay que ir compaginando la apuesta por el futuro con dar salida a los colectivos que se sienten en una situación de vulnerabilidad mayor”.

A su juicio, España debería de haber invertido los últimos diez años en la diversificación industrial y económica, y en soluciones alternativas que sean atractivas para los jóvenes y la población local, en vez de “desperdiciar dinero en mantener situaciones (de subsidio) que tienen poco futuro”. “Desde el punto de vista del impacto que comporta al conjunto del planeta la salud y el cambio climático, es difícil pensar que el carbón pueda tener futuro”, sentenció.

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