A raíz de conocerse un nuevo estudio realizado por la Universidad Carlos III y el Instituto Geológico y Minero de España más que evidencia la relación entre contaminación por metales pesados y cáncer, la formación morada ha solicitado que la Consejería de Sanidad tome cartas en el asunto y garantice la realización de estudios epidemiológicos completos a las poblaciones afectadas por la contaminación, ampliándolos a otras zonas, y no únicamente a los pueblos de la Sierra Minera.

También solicitarán al Servicio Murciano de Salud que ponga en marcha una campaña específica para que en las zonas más afectadas los ciudadanos puedan solicitar los análisis o pruebas correspondientes para el control de su salud, y de esta manera prevenir posibles enfermedades producto de la contaminación.

El grupo municipal ha recordado que las evidencias conocidas "no permiten ni la quietud ni el silencio", ya que estos nuevos datos se suman al estudio ya publicado de la Unidad de Salud Medioambiental de La Arrixaca, un informe que vinculaba la contaminación con el aumento de los casos de cáncer infantil en las zonas del municipio cercanas a los polos industriales.

También pedirán a la Comunidad que "se informe a la población de manera didáctica, completa y transparente sobre la calidad del aire que respiramos".

El grupo municipal morado ha recordado que Cartagena es un municipio con uno de los mayores índices de ozono troposférico del país -según el último informe de Ecologistas en Acción, que se elabora en base a los datos de la propia Consejería-, a lo que hay que sumarle los suelos contaminados, el aire irrespirable por los complejos industriales, una minería cuyas consecuencias aún sufre el Llano del Beal, el amianto, el tráfico a motor y un turismo de cruceros desregulado que contribuyen a generar mayores emisiones y la situación del Mar Menor.

Es decir, "una retahíla de casos que no son casuales y que revelan el fracaso del modelo económico cortoplacista e insostenible aplicado en el municipio, un modelo que va de la mano del nulo control por parte de las administraciones", señalan desde Podemos.

Desde el grupo municipal han anunciado que "presentarán nuevas iniciativas en las tres administraciones, para revertir esta situación al tiempo que demandarán el cumplimiento de los acuerdos ya aprobados a nivel municipal y Regional, acuerdos como los referentes a la Mesa de Calidad del Aire, el Plan de descontaminación de la Sierra Minera o el aumento de las estaciones medidoras en el municipio".

Alcantarilla: archivada la causa de los malos olores contra Derivados Químicos por falta de indicios

Derivados Químicos no centrará la primera causa por malos olores en la historia de la jurisprudencia regional. El Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia ha emitido un auto en el que tumba las aspiraciones de Ecologistas en Acción y la Plataforma Aire Limpio de poner delante de un juez a los dueños de la empresa por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La magistrada Raquel Lacunza ha acordado «el sobreseimiento provisional y archivo» de las diligencias «por entender que no hay indicios suficientes de delito».

El auto, al que ha tenido acceso 'La Verdad', pone fin al denominado 'caso Sanje' que se inició después de que, el 13 de enero de 2014, un episodio de malos olores obligase al desalojo del instituto San Jerónimo (Sanje) y a que algunos alumnos y profesores recibiesen asistencia médica por mareos, vómitos y dificultades respiratorias. La juez expone que «las periciales realizadas no permiten concluir con fiabilidad que el origen de los olores o emanaciones recibidas en dicho local fueran procedentes de Derivados Químicos».

Aquel día la empresa estaba realizando la limpieza de una balsa que acumulaba residuos orgánicos procedentes de la actividad, que consiste en la síntesis de principios activos destinados a fabricar medicamentos que incluyen procesos de transformación de productos químicos. Desde el inicio de la investigación judicial, se sospechó que estos trabajos eran la causa del desalojo del instituto, pero la juez se remite al informe aportado por el Grupo de Investigación de Seguridad e Higiene en la Industria, según el cual, «el episodio del Sanje no fue debido a la limpieza de la balsa».

Los profesores que suscribieron el citado documento subrayaron que se desconocía el tipo de químicos que había y «entienden que no es posible la afectación de las personas del instituto sin que aquellos que limpiaban la balsa se vieran también afectados». El auto expone que tras el desalojo del instituto, durante 2014 y 2015, se recibieron más denuncias de episodios, «las cuales no dieron lugar a más actuaciones que pudieran esclarecer o determinar el origen del concreto episodio denunciado en cada caso, para sostener la imputación de un delito contra el medio ambiente contra Derivados Químicos». De hecho, la magistrada subraya que el desalojo del IES Sanje ha sido el «único» episodio «objeto de profunda investigación por los organismos competentes».

Disparidad de criterios

El auto evidencia la disparidad de criterios existente en la Administración regional respecto a la actividad de la empresa. Valga como ejemplo el apartado que se refiere a la declaración de dos técnicos de la Dirección General de Calidad Ambiental, los cuales aseguraron que en Alcantarilla «hay otros focos de contaminación, de modo que no se puede decir que Derivados es el responsable de la mala calidad del aire». Por contra, en la página siguiente se recoge un informe del Servicio de Sanidad Ambiental que «considera que existe y existió riesgo para la salud de las personas, pero no es posible determinar o cuantificar cuál es el nivel de riesgo».

De forma que la juez concluye que ante «la imposibilidad de conectar el 'episodio Sanje' con la actividad de Derivados Químicos y, en general, la imposibilidad de atribuir a esta mercantil la calidad del aire, la imposibilidad de individualizar el riesgo generado por esta, no hay elementos suficientes de prueba que puedan sustentar la continuación de las actuaciones». El auto admite recurso de reforma y subsidiario de apelación, así como la posibilidad de emprender acciones civiles o administrativas.

Abrirán otro proceso judicial contra la mercantil por desobediencia

El auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia ha deparado una de cal y otra de arena para Derivados Químicos. Por un lado, fija el archivo de la causa por un delito contra el medio ambiente que pesaba contra la empresa, pero el auto también establece «incoar nuevo procedimiento por delito de desobediencia, con declaración en calidad de investigada a la mercantil». Esta medida se adopta contra la empresa por el «incumplimiento de la suspensión de la actividad acordada por la Administración».

Los hechos se remontan a noviembre de 2015, cuando el Gobierno regional ordenó a Derivados Químicos el cese de la actividad tras detectar superaciones de las emisiones y el «incumplimiento» de las nuevas condiciones impuestas por la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Hasta en dos ocasiones la empresa no acató tal orden y ahora el juzgado, a petición de la Fiscalía, accede a iniciar actuaciones por desobediencia.

José Manuel Muñoz, abogado de Ecologistas en Acción, avanza que «nos personaremos en esta nueva causa porque la empresa no acató la suspensión de la actividad durante la tramitación del 'caso Sanje'».

Ecologistas recurirrá a la Audiencia Provincial

José Manuel Muñoz, abogado de Ecologistas en Acción, avanzó también que «recurriremos el archivo con un recurso de apelación a la Audiencia Provincial». Para el letrado «hay elementos relevantes para determinar la acusación de la empresa en el 'episodio Sanje'». Muñoz admitió que es «difícil» acreditar la contaminación atmosférica, «pero en esta causa había multitud de indicios, como los expedientes sancionadores que durante años abrió la Comunidad Autónoma a Derivados Químicos». El abogado también lamentó que durante la instrucción de la causa «no se han investigado los hechos, solo se han tomado declaraciones, no se ha hecho un estudio de la calidad del aire y su incidencia en la salud de los vecinos».

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