Desde hace días, los preparativos para cortar al tráfico dos tramos en el barrio de Altona-Nord avanzan a buen ritmo, aunque la corporación municipal evita dar fechas de cuándo se empezarán a aplicar restricciones. Todo apunta a que será más pronto que tarde, posiblemente antes de que concluya este mes de mayo de 2018, porque los operarios del ayuntamiento ya han colocado en esta zona cerca de un centenar de señales que informan sobre desvíos alternativos y sobre vetos al paso de vehículos.

La puesta en marcha de las medidas, sin embargo, se mantiene congelada a la espera de que la Justicia alemana aclare los términos de la sentencia pionera dictada a mediados de febrero por un tribunal de Leipzig, en el este del país, que autorizaba a prohibir el uso de vehículos diésel altamente contaminantes en centros urbanos.

Un debate nacional

Según información facilitada por la agencia de noticias dpa, los jueces germanos van a autorizar a los ayuntamientos a cerrar a la circulación determinadas calles, pero no todas las vías de un barrio o zona. "Esta sentencia constituye toda una debacle para el actual Gobierno alemán, que se ha puesto de parte de los intereses económicos de la industria automovilística germana y ha dejado solos a diez millones de propietarios de coches diésel que fueron trucados", señalaron desde la asociación alemana de medio ambiente Deutsche Umwelthilfe (DUH). Estas voces aluden al escándalo de manipulación de vehículos diésel de la automotriz alemana Volkswagen, que saltó a la luz en 2015.

El debate sobre la prohibición de coches altamente contaminantes en entornos metropolitanos, que en un inicio tenía en Alemania un carácter puramente local, ocupa ahora a la primera plana política del país. Los esfuerzos se redoblan para hacer equilibrios que sirvan para contentar a la poderosa industria del automóvil germana y a una ciudadanía cada vez más preocupada por el impacto que las emisiones tienen en el medio ambiente y en su salud.

Demanda de la UE por mala calidad del aire

A ello se suma además la presión de Bruselas, donde la Comisión Europea precisamente esta semana demandó a Alemania por no haber reducido suficientemente la contaminación atmosférica. Las mediciones oficiales revelan que los residentes en las ciudades alemanas respiran cantidades peligrosas de dióxido de nitrógeno. ¿El causante? El temido diésel. Más concretamente el dióxido de nitrógeno (NO2), un gas que irrita las vías respiratorias y que procede principalmente de los tubos de escape de los vehículos.

En 2017, un total de 66 ayuntamientos alemanes superaron los límites de contaminación permitidos. Por eso no extraña que, además de Hamburgo, otras urbes de la potencia europea, como Stuttgart o Múnich, también preparen ofensivas contra los automóviles diésel.

La intención de la corporación municipal de Hamburgo, de tinte socialdemócrata, es comenzar prohibiendo el tráfico de camiones en algunas calles y, en otras, vetar la circulación de automóviles, eso sí, con excepciones, como por ejemplo ambulancias, residentes, vehículos de reparto y taxis que recogen y dejan pasajeros. En los primeros días, la Policía de Hamburgo llevará a cabo una labor informativa y no pondrá multas. Más adelante, no respetar las restricciones podrá costar 25 euros (30 dólares) a los propietarios de automóviles y 75 a los conductores de camiones.

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