España se ha librado. El Gobierno no tendrá finalmente que responder ante el Tribunal de Justicia de la UE por su mala calidad del aire, según ha anunciado este jueves el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, que ha dado a conocer los países que deberán enfrentarse a posibles sanciones por su incumplimiento reiterado de la normativa comunitaria sobre contaminación ambiental.

España estaba en la lista de los nueve Estados miembros a los que la Comisión dio un ultimátum el pasado enero por los altos niveles de polución atmosférica en Madrid y Barcelona. O el Gobierno tomaba medidas más restrictivas contra la contaminación, o España debería enfrentarse a la justicia europea. Ese fue el mensaje de la Comisión, que también recibieron Alemania, República Checa, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.

Hoy, sin embargo, la Comisión ha decidido dar otra oportunidad a España, Eslovaquia y República Checa. Los demás deberán asumir posibles sanciones.

"La decisión de remitir a los Estados miembros al Tribunal de Justicia de la UE se ha tomado en nombre de los europeos. Hemos dicho que esta Comisión protege y nuestra decisión sigue ese reclamo. Los Estados miembros enviados a la Corte han recibido suficientes últimas oportunidades en la última década para mejorar la situación. Estoy convencido de que la decisión de hoy conducirá a mejoras para los ciudadanos en una escala de tiempo mucho más rápida”, ha señalado Vella en un comunicado.

En el caso de España y de los otros dos Estados que tampoco se enfrentarán al TJUE, el comisario ha asegurado que "las medidas puestas en marcha o planeadas parecen ser las adecuadas para hacer frente a las carencias detectadas si se implementan completa e inmediatamente", aunque ha avisado de que "no se van de rositas" y de que se les seguirá vigilando de cerca.

El ultimátum a España se dio sobre todo por la mala calidad del aire en dos ciudades, Madrid y Barcelona, por violar reiteradamente los límites legales de dióxido de nitrógeno (NO2) –un contaminante provocado directamente por los motores diésel de los coches- desde que se aprobó la normativa en 2010.

Para convencer a la Comisión, el Ministerio de Medio Ambiente de Isabel García Tejerina ha remitido, entre otros, los planes de mejora de la calidad del aire de la Ciudad de Madrid (Plan A) y del área metropolitana de Barcelona, así como el Plan Nacional Aire II del propio Ministerio que, aún así no están consiguiendo contener la contaminación por debajo de los límites legales.

Un «voto de confianza»

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha opinado que la decisión de la Comisión Europa de no sancionar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la calidad del aire de Madrid y Barcelona es un «voto de confianza» que «respalda» la actuación del Ayuntamiento a través del Plan A. «Es una noticia muy importante que la UE respalde la estrategia del Ayuntamiento de Madrid y de Barcelona en la lucha contra la contaminación y el cambio climático», ha indicado Sabanés en un encuentro en el que ha recordado que muchas de las medidas del Plan A requieren del concurso de las otras dos administraciones, la regional y la estatal.

Sabanés tiene claro que la salud de los ciudadanos «está por encima de cualquier procedimiento administrativo» y que «la amenaza de contaminación que afecta a la ciudad» está ahí y hace que «nadie se libre de los problemas de salud»: «Hay que seguir trabajando a tope». «No nos hemos librado del problema de la contaminación todavía pero aplicando al máximo las medidas nos libraremos de la vigilancia de la UE y del efecto nocivo de la contaminación sobre la salud», ha recordado.

Este anuncio se produce solo unos días después de que ABC publicara las sanciones a las que España tendría que hacer frente en el caso de que los episodios de alta polución persistieran en Madrid y Barcelona. Estas, según los baremos de la UE, sería de 2.700 euros diarios en adelante.

Respaldo y confianza

Sabanés ha sentido un respaldo y confianza en el trabajo que se ha hecho y que se sigue haciendo con un Plan A entendido como «una herramienta fundamental que piden que se aplique con rigor y con intensidad y sin relajarse bajo ningún concepto». «Hay que trabajar con toda la urgencia porque vamos contrarreloj» porque la situación es de «absoluta emergencia», ha sostenido.

La titular de Medio Ambiente ha considerado que Europa ha tenido en cuenta los planes presentados, la evolución de todo lo relacionado con los niveles de emisiones contaminantes y la información que quincenalmente ha ido transmitiendo el área a Bruselas sobre, por ejemplo, la compra de autobuses o la puesta en marcha de líneas electricas de recarga.

Para Ecologistas en Acción, la decisión de la CE "fomentará la reiteración de estos incumplimientos"

El Estado español lleva excediendo los valores legales para varios contaminantes desde la entrada en vigor de las normativas correspondientes: dióxido de nitrógeno (NO2) desde 2010, y partículas inferiores a 10 micras (PM10), desde 2005. La gestión de la contaminación realizada ha sido la de la inacción. Esto a pesar de las más de 20.000 muertes anuales que provoca la exposición a estos contaminantes, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

El incumplimiento reiterado de los límites legales en diversas zonas del Estado español motivó la apertura de sendos expedientes de infracción en 2009 por partículas PM10 y 2015 por NO2, pendientes desde entonces de remisión al Tribunal de Justicia Europeo. En un último aviso, la Comisión Europea llamó a consultas a los responsables ministeriales tanto del Estado español como de otros ocho Estados miembros el pasado 30 de enero.

Tras la reunión con los representantes de los Estados incumplidores, el Comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, declaró: “Ha habido algunos indicios positivos, pero no suficientemente sustanciales para cambiar la perspectiva general”. Asimismo Vella advertía a los Estados miembros de la necesidad de tomar medidas contundentes y urgentes para luchar contra este ”problema mortal”, y requería documentación sobre los planes y medidas implementadas para corregir la situación.

Aunque ha habido poca transparencia en el proceso (Ecologistas en Acción pidió conocer qué documentación había sido enviada, pero el acceso a la misma fue denegado), hay constancia de que no se han dado los pasos firmes contra la contaminación que exigía el Comisario Vella. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha remitido, entre otros, los planes de mejora de la calidad del aire de la Ciudad de Madrid (Plan A) y del área metropolitana de Barcelona, así como el Plan Nacional Aire II del propio Ministerio.

Ecologistas en Acción considera que son documentos sin ejecutar y con medidas insuficientes que debían haberse aprobado y aplicado hace más de una década, para llegar a 2010 en condiciones de poder cumplir los valores límite de NO2. Ahora deberíamos estar en un estadio mucho más avanzado, de puesta en práctica de esos planes. Por otro lado, aunque el Plan A de Madrid supone un gran avance, aún no se ha materializado y la ciudad de Madrid continúa incumpliendo los valores límite de NO2 y desde hace unos años, también de ozono troposférico.

Respecto al Plan Aire II del MAPAMA, no es más que una recopilación de muchas de las acciones que ya recogió el Plan Aire I y que no se llevaron a cabo, más algunas vagas promesas sin apenas compromiso político ni presupuestario que corre el riesgo de ser ‘aire’ en sí mismo.

Para Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, “nuestra esperanza era que la Comisión Europea por fin dejase claro al Estado español que, como dijo en enero el Comisario Vella, la inacción tiene consecuencias. El que no las tenga, nos deja desprotegidos frente a la contaminación. Da un mensaje a las autoridades de que no es necesario hacer esfuerzos adicionales para mejorar la calidad del aire”.

Nuria Blázquez, responsable de la campaña Diésel de la organización ecologista, explica: “Necesitamos medidas contundentes, sobre todo necesitamos disminuir drásticamente el tráfico rodado y en particular el de los vehículos diésel, mejorar el transporte público, potenciar el tránsito peatonal y ciclista, y desinvertir en infraestructuras viarias y energías fósiles.”

María García, portavoz del área de contaminación de Ecologistas en Acción de Cataluña, califica de grave irresponsabilidad la decisión tomada por la Comisión Europea, al dar licencia para que Barcelona y su área metropolitana sigan incumpliendo los límites legales de contaminación de dióxido de nitrógeno. Y añade: “La Comisión determinó en enero pasado que las medidas presentadas por Barcelona no eran creíbles, oportunas ni efectivas. No ha habido ningún cambio desde entonces, por lo que vemos injustificado el cambio de opinión en Bruselas. Como en el fraude diésel, todo indica que se ha respondido a otros intereses antes que a su obligación de proteger de forma urgente la salud de la población”.

Juan Bárcena, portavoz del área Contaminación Atmosférica de Ecologistas en Acción de Madrid, concluye: “El Comisario ha afirmado que aunque aún no lleva a los tribunales al Estado español, estará atento al cumplimiento de las medidas propuestas. Eso deja clara la absoluta necesidad de ejecutar las acciones de restricción del tráfico comprometidas en el Plan A de Madrid en el menor tiempo posible: en caso contrario acabaremos en los tribunales próximamente y nos veremos abocados a pagar una cuantiosa multa”.

Leer noticia en fuente original: publico.es | abc.es | ecologistasenaccion.org