Entre ellas, la contaminación se ha extendido por la totalidad de la Comunidad de Madrid, la más afectada como consecuencia de las emisiones del tráfico rodado del área metropolitana de Madrid. Además de perjudicar la salud de los seis millones y medio de madrileños y madrileñas, afecta de manera grave a tres millones de habitantes de Castilla y León, Castilla La Mancha y Extremadura, a ambos lados de la Cordillera Central.

Al margen del problema creado por el tráfico urbano de Madrid, el otro gran foco de contaminación por ozono en España se encuentra en el litoral mediterráneo, desde Girona hasta Almería, pasando por la Comunidad Valenciana, Murcia y las Illes Balears. Esta contaminación, ocasionada por el alto grado de urbanización de la costa y el elevado tránsito marítimo, afecta a tres millones de personas, especialmente en las áreas de interior.

Las restantes áreas afectadas por los elevados niveles de ozono se reparten entre el Valle del Guadalquivir andaluz (incluyendo las áreas urbanas de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla), la aglomeración de Valladolid y el Valle del Ebro, desde Aragón hasta la Ribera navarra, donde viven otros seis millones de personas.

El valor objetivo se define como el ‘nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la medida de lo posible, en un momento determinado para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza’. El valor objetivo octohorario para la protección de la salud humana es de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire (μg/m3), que no deberá superarse en más de 25 días por cada año civil, de promedio en un período de 3 años.

Existe asimismo un valor objetivo para la protección de la vegetación, que se evalúa en periodos de 5 años, y que entre 2013 y 2017 se habría incumplido en 340.000 kilómetros cuadrados, dos tercios del territorio español. De esta forma se sigue situando a España junto a Italia a la cabeza de los países europeos por los daños ocasionados por el ozono a los cultivos agrícolas y los ecosistemas naturales.

Las estaciones de control de la contaminación atmosférica de referencia donde en el último trienio se ha superado los objetivos legales de ozono son un centenar de las 450 que miden este contaminante en España.

La Ley estatal de calidad del aire establece que las comunidades autónomas adoptarán planes de mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos establecidos, en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen dichos objetivos, como es el caso del medio centenar de zonas indicadas.

Dichos planes suponen una medida obligatoria para las autoridades autonómicas, que de ninguna manera se puede entender como discrecional, y es independiente de las iniciativas que pueda adoptar el Gobierno central, que por otro lado tampoco ha elaborado el Plan Nacional de ozono comprometido hace ya casi tres años, motivo por el cual Ecologistas en Acción ha interpuesto una demanda en la Audiencia Nacional.

Por ello, Ecologistas en Acción ha vuelto a registrar formalmente peticiones para que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Región de Murcia y Navarra pongan en marcha sin más dilación los planes de reducción de ozono, con la finalidad de evitar que esta lamentable situación se siga repitiendo cada primavera y verano.

Estos planes deben pasar por la reducción del intenso tráfico urbano e interurbano que soportan las principales ciudades del Estado, manteniendo un modelo de ciudad compacta y promoviendo el uso de medios de transporte más sostenibles como la marcha a pie, la bicicleta y un transporte público y colectivo alimentado preferiblemente con energía limpia procedente de fuentes renovables. Por otro lado, debe procederse al cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón, sustituidas por energías renovables. Asimismo, Ecologistas en Acción pide al gobierno español que se una a Francia en la creación de un Área de Control de Emisiones que limite la entrada de buques altamente contaminantes en el Mediterráneo.Todo ello sin perjuicio de la necesaria coordinación entre comunidades autónomas, Gobierno central y Unión Europea.

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