AireNet, una organización formada por veinte entidades y asociaciones de los municipios afectados, ha pedido también al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y al ayuntamiento dos auditorías, una histórica y otra funcional, para conocer el funcionamiento real de TERSA en los últimos cinco años. La entidad ha basado sus reclamaciones en un estudio publicado en 2015 en la revista científica Science of the Total Environmental, coescrito por el profesor de la Universitat Rovira i Virgili (URV) José Luis Domingo, que ha señalado que "los habitantes de esta zona sufren 2,5 veces más riesgo de desarrollar un cáncer".

A partir de la medición de una serie de muestras de suelo y aire en la zona circundante a la planta de TERSA, realizadas entre 2014 y 2017, Domingo ha determinado que "los riesgos de salud de la población que vive en las cercanías de la depuradora eran diez veces superiores a los que producen el resto de incineradoras".

La segunda mayor incineradora de España

La PVE de TERSA, ubicada en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), es una empresa propiedad de Barcelona Serveis Municipals (59%) –que pertenece al Ayuntamiento de Barcelona– y del AMB (41 %) . Trata aproximadamente 45 toneladas de residuos por hora, lo que la convierte en la segunda mayor de España.

Además, la investigación también llegó a la conclusión de que "los habitantes del entorno de la incineradora tienen unos niveles de exposición ambiental a las dioxinas del 51%, cuando normalmente no se supera el 5%". Domingo ha recordado que las dioxinas son sustancias altamente cancerígenas, por lo que "no tienen niveles de seguridad" y hay que evitar cualquier tipo de contacto con ellas, ya que pueden producir "alteraciones hormonales y problemas en la gestación".

Malas prácticas filtradas por empleados anónimos

Por otro lado, AireNet ha señalado que lo más preocupante es que también poseen indicios de que TERSA ha tenido una serie de malas prácticas desde hace muchos años y que persisten hasta la actualidad. Han tenido conocimiento de ellas gracias a la filtración de información por parte de trabajadores anónimos.

La portavoz de la coordinadora, Silvina Frucella, ha asegurado que TERSA "ha estado ejecutando malas prácticas deliberadas e ilegales durante años" y que es "una incineradora opaca, donde es muy difícil acceder a la información". Entre las irregularidades que AireNet menciona en el informe que han presentado a la Fiscalía se señala que "TERSA ha trabajado consistentemente por debajo de la temperatura mínima legal de 850 grados", lo que provoca que se liberen más dioxinas, pues éstas no se desintegran a temperaturas menores a esta.

Además, la entidad ha constatado, gracias a unos correos electrónicos enviados a los trabajadores de la incineradora, que TERSA ha alterado premeditadamente la medición de las temperaturas de los hornos y las condiciones habituales de trabajo para obtener mejores resultados en las auditorías. Frucella ha denunciado que las administraciones públicas conocen los problemas de contaminación de la incineradora desde hace años. La Generalitat les ha asegurado que no tiene recursos para controlar a TERSA y el Ayuntamiento de Barcelona "está actuando con lentitud", critican.

Domingo, que desde el 2014 se ha reunido con diversas administraciones locales y regionales, ha asegurado que "lo que es realmente preocupante es que mientras se están haciendo más estudios no se actúa", y mientras tanto los vecinos sigue expuestos a la contaminación.

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