En concreto, este grupo está formado por Abertis, Acciona, Asociación Forestal de Soria, Bankia, BBVA, Climate Strategy, Contazara, Ecoacsa, Ecoalf, Ecoembres, Ecoterrae, Endesa, Eulen, Ferrovial, Fraternidad-Muprespa, Iberdrola, Ikea, Inclam, Ineco, Lafargeholcim, Logista, Mapfre, NH Hotel Group, OHL, REE, Sicasoft Solutions, Siemens Gamesa, Since02, Sust4in, Teimas, Telefónica y Willis Towers Watson y está coordinado por el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV).

En el manifiesto, titulado 'Empresas españolas por las oportunidades de la Transición Energética y la lucha contra el Cambio Climático', el grupo considera "imprescindible" la adopción de medidas a corto plazo que permitan superar de forma efectiva las barreras que lo dificultan.

Así, para conseguir ese cambio de modelo, los firmantes instan a los poderes públicos a que en este año, lleguen a un acuerdo que facilite la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética "estable, ambiciosa y eficaz, que proporcione certidumbre para inversiones a largo plazo", señalan en un comunicado.

Además, el texto recuerda cómo la economía mundial, y en particular la mayor parte de los países del entorno, están ya evolucionando hacia una economía baja en carbono, desencadenando así una revolución a escala global, por lo que considera que "las economías que lideren la transición serán las primeras en aprovechar las oportunidades que ladescarbonización ofrece y las que más se beneficiarán de la misma".

Así, considera que España está bien posicionada para aprovecharlas, aunque se requieren políticas efectivas inmediatas, ya que, "en caso contrario las aprovecharán otros".

Por ello, piden una Ley de Cambio Climático y Transición Energética "ambiciosa", un requisito que ven "indispensable" para consolidar esa transformación y sentar las bases sobre las que construir una nueva economía que ha de limitar el incremento de la temperatura media global por debajo de los dos grados centígrados.

PRINCIPIO DE QUIEN CONTAMINA, PAGA.

De esta manera, el grupo señala que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe ser "estable", incluyendo, entre otros puntos, unos objetivos de reducción de emisiones de carácter vinculante para España a 2030 y 2050 en línea con los compromisos de la UE y el Acuerdo de París, así como un precio al carbono y una revisión de la fiscalidad para que, sin aumentar la carga tributaria, se cumpla el principio de 'quien contamina, paga'.

Asimismo, solicitan un órgano de la Administración del Estado para direccionar, coordinar y supervisar el proceso de descarbonización, así como un calendario progresivo de abandono de todo tipo de apoyos a combustibles fósiles y esquemas que mitiguen el eventual impacto del proceso de descarbonización sobre los colectivos vulnerables.

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