Los tres acusados se han sentado en el banquillo de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y mercantil. Han negado los hechos que se le atribuyen.

Segura estaba bajo la dirección de Lamparero en la Consejería y, según contempla la calificación provisional, ambos decidieron favorecer a través de contrataciones ficticias a la empresa Asesores Económicos Públicos S.L., que estaba controlada por Rafael Parra.

Se da la circunstancia de que Parra, siempre según el mismo escrito fiscal, estaba casado con una funcionaria cuya hermana trabajaba como secretaria de Lamparero.

Así, con la "sola" intención de favorecer económicamente a la sociedad, y en perjuicio de los fondos públicos, Lamparero, en su calidad de director general para el Cambio Climático y de acuerdo con las competencias que tenía, junto con Segura contrataron fraudulentamente a Asesores Económicos en 2008 sin publicidad ni concurrencia para una asistencia técnica en el proyecto 'Perspectivas de la Administración Local en el desarrollo de la Ley 2/2006' por 12.000 euros. Segura certificó la realidad de los trabajos pese a que no se habían confeccionado.

Un año más tarde, en 2009, con la misma "intención fraudulenta", se intentó simular una contratación pública a pesar de que estaba adjudicado el contrato a Asesores Económicos. De esta manera, se invitó a la asociación sin ánimo de lucro Academia Valenciana de Juristas, controlada por Sancho Sempere, que mantenía una relación de amistad y colaboración con Parra, y a otra mercantil para que ofertasen una propuesta. "Nada de ello respondía a una verdadera y real contratación pública", apostilla el fiscal. Y el importe de estos trabajos ascendió a 20.416 euros.

Con esta dinámica, unos meses más tarde Asesores Económicos emitió otra factura por 8.152 euros por 'Revisión y contraste de la Legislación en otras autonomías en materia de actividades calificadas', certificando Segura haberse realizado el trabajo pese a que no se entregó ningún informe ni documento escrito que lo avalase.

Finalmente, la empresa facturó en 2010 un total de 8.151 euros bajo el concepto 'Elaboración de actividades realizadas entorno a las perspectivas de la Administración Local de la Ley 2/2006', y como en las otras ocasiones, Segura certificó la elaboración del trabajo pese a su inexistencia. Y se firmó la orden de pago por Lamparero. El total de la cantidad distraída a la Generalitat Valenciana ascendió a 48.719 euros.

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