Extremadura absorbe la tercera parte de los nuevos proyectos de energía renovable fotovoltaica, que se han multiplicado en España tras decidirse el Gobierno central a abrir la mano y realizar el verano pasado una subasta con primas, pero que se disparan por el aumento de la actividad económica y la rentabilidad en un mercado en el que ya se trabaja con contratos de suministro a largo plazo.

En estos momentos hay anunciados en España proyectos por un total de 23.500 megavatios de potencia, de los que 7.900 son en Extremadura, que se sitúa como la locomotora seguida de Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Castilla y León.

Si se llevan a cabo todas esas instalaciones la inversión sería de 20.000 millones de euros, de los que 6.700 serían en Extremadura.

No obstante no todos los anuncios e intenciones luego cuajan, entre otros motivos porque el proceso es largo y debe superar tres obstáculos fundamentales, el primero conseguir un punto de enganche de Red Eléctrica Española para verter y vender esa energía producida; Extremadura es de las comunidades que más reclama la ampliación de la red en su territorio.

La Junta de Extremadura prefiere ser prudente, y aunque maneja ese volumen de casi 8.000 megavatios de posible instalación (6.700 millones de euros), su presidente Guillermo Fernández Vara opta por hablar de los 2.000 megavatios que están “casi en disposición de poderse empezar”, y que llevarán a que entre 2019 y 2020 se inviertan en la región 1.500 millones de euros en ese tipo de renovables.

Tramitación

Y es que además del enganche a la red hace falta superar la declaración de impacto ambiental (DIA) que en algunos casos está siendo desfavorable, y luego la autorización administrativa, ya sea de la Junta, o del Gobierno central.

Otro fenómeno que se está produciendo en el sector es que la mayoría de los proyectos se diseñan para una potencia de 50 megavatios máximo, incluso a base de trocearlos, un techo que hacen que sean competencia de las comunidades y que si se supera pasa ya a los ministerios de Energía y Medio Ambiente con unas mayores dificultades burocráticas; la Junta está mimando dentro de la ley estas inversiones y ha creado un departamento especial para tramitarlas, dentro de la Consejería de Economía e Infraestructuras.

Así, por esa preferencia de presentarlos a las autonomías, de los 23.500 megavatios proyectados 18.500 han ido a ellas y los 5.000 restantes al Gobierno central.

Una novedad más de esta ‘explosión’ de la fotovoltaica es que ya ve recorrido fuera de las primas concedidas en subasta por el Ejecutivo de Rajoy, gracias a un precio de mercado de la electricidad que les resulta interesante, y a la aparición de contratos grandes de suministro con clientes a largo plazo.

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