Al cúmulo de dificultades en las que está inmerso el proyecto para explotar una mina de uranio a cielo abierto en Salamanca se ha sumado un último escollo: la preocupación por sus efectos medioambientales en Portugal. El país vecino, cuya frontera se sitúa a menos de 40 kilómetros de los terrenos donde se pretende levantar la mina de la australiana Berkeley, reclama a España “una evaluación de impacto ambiental transfronteriza” que tenga en cuenta también las repercusiones del proyecto para el territorio luso.

"Las autoridades portuguesas están muy preocupadas por la implantación de esta mina de uranio y creemos que las españolas deben adoptar una actitud de transparencia y compartir información con Portugal", señaló este lunes el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento portugués, Pedro Soares, en una visita de una delegación de parlamentarios lusos a Retortillo (Salamanca) para recabar información sobre el proyecto.

El Gobierno de Portugal apoya sus reclamaciones en un Protocolo de actuación firmado entre los dos países en 1998 para la aplicación de las evaluaciones ambientales de planes, programas y proyectos con efectos transfronterizos, y en un informe de la Agencia Portuguesa de Ambiente, que considera que, dado el régimen de vientos, la mina podría acarrear problemas de contaminación radiológica en el aire y en las aguas del río Yeltes, afluente del Duero Vinícola, del que se abastecen dos millones de portugueses.

La Declaración de Impacto Ambiental es un documento oficial e imprescindible para la construcción de infraestructuras de gran envergadura en Europa. El proyecto minero de Salamanca la tiene, pero la Junta de Castilla y León, que fue quien se la otorgó, determinó que las instalaciones —que incluye también una planta de tratamiento de residuos radiactivos— no tendrían repercusiones para Portugal. Ahora, las autoridades lusas consideran que la declaración debería someterse a información pública en Portugal para que se puedan presentar alegaciones. Representantes políticos de Izquierda Unida, Equo, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís que acompañaron a la delegación portuguesa han apoyado la solicitud.

"El Gobierno miente"

El Gobierno, por ahora, no ha dado una respuesta. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, aseguró el pasado 13 de febrero en la comisión de energía del Senado que el Gobierno ha “mantenido contactos frecuentes en relación con la mina de Retortillo” y que se “ha respondido al Gobierno de Portugal” cuando ha remitido alguna consulta, pero los representantes lusos de visita ayer en Salamanca confirmaron que el Ejecutivo español “ha negado dicha información con la excusa de no afectar a suelo portugués”.

“Es evidente que el representante del gobierno mintió conscientemente en el Senado, el Gobierno español no ha colaborado con el Portugués en este caso. El Gobierno Español está cómodo derivando todas las responsabilidades al autonómico y mirando hacia otro lado mientras se incumplen los protocolos básicos de consulta al país vecino en un caso que le afecta gravemente”, ha señalado el senador de Compromís Carles Mulet, que ha anunciado que elevarán una queja.

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