Según el IIDMA, el Comité de Derechos del Niño de la ONU en sus "Recomendaciones a España sobre el Examen de los V y VI Informes Periódicos Consolidados", incluye advertencias basadas en el Informe Paralelo presentado por esta entidad junto al Center for International Environmental Law (CIEL).

El documento de IIDMA presentado en 2017, indica que las 15 centrales térmicas españolas provocaron 709 muertes prematuras en 2014 y pérdidas de casi 1.700 millones de euros.

Las recomendaciones tocan otros derechos recogidos por la Convención de los Derechos de los Niños por los efectos negativos del cambio climático, según el IIDMA, por lo que insta a España llevar a cabo una "evaluación de los impactos de la contaminación atmosférica generada por las centrales térmicas en la salud de los niños y adolescentes y en el clima".

Esta evaluación deberá servir como "base para diseñar una estrategia para remediar dicha situación y regular de manera estricta las emisiones máximas de contaminantes atmosféricos, incluyendo las generadas por parte de las empresas privadas".

A la luz de las recomendaciones de la ONU, España debe diseñar una estrategia para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes como el NOx, el SO2 y partículas procedentes de las térmicas de carbón que afectan de forma directa a la salud de los niños tanto en el territorio español como fuera de su jurisdicción.

El Comité recomienda, además, en su documento la inversión presupuestaria necesaria para cumplir con las observaciones y añade que el Estado deberá presentar un nuevo informe de seguimiento del cumplimiento de estos puntos en enero de 2023, periodo en el que se llevará a cabo el siguiente examen de la situación.

Actualmente funcionan en España 15 centrales de carbón, que emiten 105.650 toneladas de SO2, 83.723 toneladas de NOx y 4.008 toneladas de partículas, que se relacionan con aproximadamente 700 muertes prematuras al año, según datos del IIDMA.

Según el IIDMA, la entidad ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo contra el Plan Nacional de Transición, mecanismo que permite a las centrales emitir de "forma excepcional por encima de los límites de la Unión Europea, contrariando a las recomendaciones de la ONU, que exige la regulación de forma estricta los techos de emisión de contaminantes".

Por ello, es urgente que se elabore la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, además de un plan progresivo y ordenado para el cierre de las centrales térmicas de carbón, ha afirmado la directora del IIDMA, Ana Barreira.

España siendo un país "especialmente vulnerable no se está preparando para afrontar el cambio climático", ha aseverado la experta.

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