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abr 2, 2006

Contaminación acústica: ¿son eficaces los municipios actuando contra el ruido?


Las recientes condenas por contaminación acústica revelan fallos en la actuación de los municipios. Así lo demuestran las cuatro sentencias dictadas en las últimas semanas por los tribunales españoles, que, además de condenar, denuncian la ineficaz actuación de los municipios en la lucha contra el ruido.

Noticias Troposfera.org 02/04/2006

Los fallos abren el debate sobre la proporcionalidad de las penas al delito y, más en general, sobre una plaga que no se ve ni se toca, pero que afecta, según el Instituto Nacional de Estadística, a la tercera parte de las viviendas españolas.

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El calvario de Álvaro Torrente, de 43 años, profesor de Historia de la Música en la Universidad Complutense, empezó en 1998. Fue entonces cuando Torrente se mudó con su mujer a su actual piso, en Madrid, al lado de la plaza de Alonso Martínez, muy cerca del bar Cartoon. O, mejor dicho, lo bastante cerca como para que el profesor se aprendiera de memoria las letras de las canciones que el Cartoon emitió durante años a un volumen muy por encima de lo permitido en sus intensas sesiones nocturnas. A menudo, hasta las seis de la mañana.

Mientras Torrente recibía, en contra de su voluntad, clases de música disco nocturnas y a domicilio, a unos 600 kilómetros, en Barcelona, Herme López daba vueltas nocturnas en el balcón de su piso. No era ni por sonambulismo, ni en busca de aire fresco: en su caso, el desvelo se debía al ruido ocasionado por el restaurante El Portet.

Deben de haber coincidido muchas noches, él en el sofá, ella en el balcón. En la rabia y en la frustración. Y con ellos, muchas más víctimas de una plaga que no se ve, ni se toca, ni se huele: la contaminación acústica. Según el INE, en 2001 casi una de cada tres viviendas españolas sufría ruidos superiores a lo permitido. "Y esto va a peor", dice Manuel Aguilar, adjunto segundo del Defensor del Pueblo y responsable de la materia.

Las clases de música y las vueltas en el balcón son eufemismos para hablar de graves y reiteradas violaciones de la ley, del derecho al descanso de muchos ciudadanos y, sobre todo, de la puesta en peligro de la salud de los afectados. Para hablar de centenares de noches "dormidas en un sofá lo más lejos posible del ruido, de llamadas a la policía, de exasperación", según recuerda Torrente. Y de días de cansancio, "de quejas, manifestaciones, contactos con el Ayuntamiento y procesos", que en el relato de Torrente se anudan como un hilo tejido de frustración. Hasta el pasado lunes, cuando, en primera instancia penal, el dueño del Cartoon fue condenado a dos años y ocho meses de cárcel. "Dos años y ocho meses, a él. A mí, él me dio unos siete años. Y al vecindario, casi veinte", precisa Torrente.

Pocos días antes, el 21 de marzo, la Audiencia de Barcelona había condenado a cuatro años de cárcel al dueño del restaurante que impedía el descanso de Herme López y a sus vecinos. También fueron decretadas condenas a cárcel en Zaragoza y Jaén por idéntico motivo, aunque en esta última los jueces pidieron el indulto.

Las sentencias subrayan la ineficaz actuación de los ayuntamientos, competentes en la materia. Y ponen dos interrogantes: ¿Es adecuada la gestión de la contaminación acústica por parte de los municipios? ¿Son justificadas penas de esa dureza?

"Efectivamente, que historias así lleguen hasta ese punto es un fracaso de los municipios", comenta Aguilar. "Hay fallos en su gestión. A veces no toman medidas por temor a que resulten impopulares. Pero también es cierto que en algunos casos se delega demasiado poder supervisor a administraciones que a veces carecen de medios para ejercerlo adecuadamente".

"Estas condenas representan un fracaso absoluto de los ayuntamientos", coincide Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia. "Si los municipios no provocasen una saturación de licencias en ciertos barrios, y si se hubiesen atendidos las quejas de los vecinos, no habría pasado esto. No es razonable que un asunto de relaciones vecinales tenga que resolverse con sanciones tan graves".

Enrique López, vocal del Consejo General del Poder Judicial, considera que "no hay que ver esas sentencias como un fracaso de los municipios, sino más bien un acierto de la definición de la norma penal. Pueden contribuir a crear una conciencia pública sobre el tema". Y añade: "Sin duda, se trata de penas graves. Corresponde al legislador evaluar si son proporcionadas, pero no hay que olvidar que hablamos de delitos que generan riesgo a la salud pública".

Los afectados obviamente no ocultan su satisfacción. "¿Cuatro años de cárcel? Me parece lo propio. Hacer la vida imposible a una familia durante años es peor que robar", observa Ignacio Sáez, presidente de la Plataforma Estatal de Asociaciones contra el Ruido. "La dejación de funciones de los municipios lleva a la gente a los tribunales", dice.

Bares y pubs son, con un 27%, la primera fuente de quejas por ruido, según un estudio del Defensor del Pueblo. "Pero dentro del conflicto general hostelería-vecinos, los recientemente condenados son casos absolutamente excepcionales", dice José Luis Guerra, vocal de la Federación Española de Hostelería y Restauración. "Hablamos de un colectivo de 300.000 empresas, que representan un 6% del PIB. Como en cualquier colectivo, hay quien no respeta la ley, claro. Pero también está claro que a menudo se nos achacan culpas que no son nuestras, como el consumo de alcohol en la calle".

Un punto de vista similar al de Javier Celma, experto en materia de contaminación acústica de la Federación Nacional de Municipios y Provincias. "Son casos puntuales. El ruido es un problema que surge sobre todo de modelos culturales y sociales sobre los que los municipios no tienen control".

Todos coinciden en que las sentencias tendrán "un potente efecto disuasivo". Torrente y López podrán esperarlo sin dar vueltas en balcones y sofás.


Fuente: El País

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