Pero el Ayuntamiento de la capital catalana replica: “El Estado tiene mucho que hacer en esta materia”, dice Frederic Ximeno, comisionado de Ecología del Ayuntamiento de Barcelona. Y también los ecologistas han reaccionado: “El Gobierno ha hecho dejación de funciones en la lucha contra la contaminación. En lugar de trabajar, culpa a los ayuntamientos de Barcelona y Barcelona, que han empezado a actuar y a tomarse el problema en serio”, tercia Francisco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, urgió al Gobierno español hace unos días a que presente de inmediato un plan de acción contra la polución con una lista de acciones que garanticen el cumplimiento de la legislación. Lo quiere más demoras. No dijo en la reunión con representantes de los diversos países hace unos días. Si no hay respuesta positiva, los expedientes abiertos por la Comisión Europea por la contaminación del aire (por la polución causada por partículas en el aire y dióxido de nitrógeno, NO2) llegarán al Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, lo que puede acabar en cuantiosas multas contra España por no proteger la salud de sus ciudadanos.

A la reunión no acudió la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que cedió su lugar a la secretaria de Estado, María García. Pero en sus intervenciones, al ser preguntada sobre la reprimenda de Bruselas, culpa a las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. En su comparecencia en la Comisión de Cambio Climático del Congreso, Tejerina aseguró que “los focos de incumplimiento” de los niveles de contaminación en España “son Madrid y Barcelona”, cuyos ayuntamientos deben hacer más “esfuerzos”, por ser de “su competencia”.

Tras la reunión con el comisario Vella

Por su parte, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, informó al comisario europeo que los incumplimientos de contaminantes atmosféricos “no son un problema general, sino que está circunscrito a determinadas zonas geográficas concretas, a diferencia de lo que sucede en otros Estados miembro”. Incluso, dijo que “España se encuentra en mejor situación que el resto de países”.

Los incumplimientos de España afectan a Madrid y a Barcelona y su área metropolitana (por las superaciones de los límites de dióxido de nitrógeno) y a Asturias y Andalucía (partículas en el aire).

Respuesta del Ayuntamiento de Barcelona

“Hay muchas cosas que el Estado debe hacer; no es que pueda hacer, es que las debe hacer”, replica Frederic Ximeno en este debate. “Las ciudades ya estamos trabajando, pero la única manera de reducir la contaminación es disminuir el transporte en vehículos privados, y ahí el Estado tiene mucho que hacer”, añade.

El Ayuntamiento de Barcelona y los otros municipios afectados ya tienen definidas las zonas de bajas emisiones (el perímetro interior de las rondas), en donde ha quedado prohibido el paso a los vehículos sin etiqueta ambiental (DGT) en caso de un episodio de contaminación, desde el 1 de diciembre pasado, y, de manera estructural, a partir del 2020.

El Ayuntamiento ha definido 58 actuaciones, pero pide que el Gobierno haga deberes concretos: habilitar carriles de alta capacidad para autobuses en las vías de acceso a las ciudades, cambiar el impuesto de matriculación para incentivar la adquisición de vehículos menos contaminantes, ayudar a renovar la flota atendiendo al nivel de emisiones de los coches, instaurar la etiqueta ambiental obligatoria y no voluntaria (como pasa ahora), cambiar la ley para prever sanciones ante los incumplimientos a las restricciones de tráfico en episodios de contaminación, aprobar una nueva ley de financiación del transporte público o mejorar la definición de las etiquetas de la DGT.

“Balones fuera” de la ministra, dice Francisco Segura

“La ministra Isabel García Tejerina trata de echar balones fuera”, replica Francisco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, quien defiende a los gobiernos de Madrid y Barcelona. Segura sostiene que el ultimátum del comisario europeo es “un gesto de cara a la galería”, pues la tramitación de los procedimientos de infracción contra España se inició en 2009 y 2015 respectivamente.

Además, tacha de “triunfalista” la actitud de la secretaria de Estado, Maria García, algo que ve “injustificado” cuando se registran 25.000 muertes prematuras al año en España y “no se han hecho los deberes”. “El Gobierno se pone de lado. No desempeña un papel de liderazgo. Y en lugar ponerse a trabajar, bloquea iniciativas de comunidades y ayuntamientos”, señala.

Las etiquetas de la DGT son “un fiasco”

Califica, asimismo, de “fiasco” el sistema de las etiquetas ambientales diseñado por la Dirección General de Tráfico (Interior) para diferenciar a aquellos vehículos que podrían moverse en caso de un episodio de contaminación con restricción de tráfico en Madrid y Barcelona (donde sólo podrían circular los que tuvieran esa etiqueta). Aduce que la clasificación por categoría de etiquetas se basa en información proporcionada por los propios fabricantes de diésel, “cuando se sabe que han estado engañando a gobiernos y ciudadanos, como se ha visto en el dieselgate ”.

“Partimos de la base de que estos fabricantes dicen la verdad, y ésta no aparece ni por asomo”, sentencia. La DGT clasifica como C (la tercera menos contaminante) a vehículos diésel Euro 6, a pesar de que estos vehículos son, en un 85 %, tan contaminantes o más que vehículos fuera del sistema de etiquetado”, aduce Segura.

“Algunos vehículos diésel del 2015 y 2016 podrían circular en caso de episodios de contaminación y, sin embargo, son más contaminantes que otros que no tiene la etiqueta”, argumenta este experto, para explicar lo que considera “un fraude, un escándalo”.

Además, el gobierno español “es de los que más batalló en Europa para que los fabricantes tuvieran un mayor margen de tolerancia en el reglamento que ha permitido que los vehículos tengan mayores emisiones que las reglamentadas”, abunda. También añade que el Gobierno no ha perseguido las infracciones de estos fabricantes, como sí han hecho otros países europeos.

Ecologistas ha pedido también al Gobierno un plan para combatir la contaminación por ozono, otro problema de polución relegado. “El Ministerio de Medio Ambiente hace dejación de funciones; debería favorecer más carriles para vehículos de alta ocupación. Y en lugar de trabajar, culpa a los ayuntamientos de Barcelona y Barcelona, que han empezado a actuar y a tomarse el problema en serio”, dice.

Además, Segura sostiene que la reacción del comisario parece una respuesta al hecho de que se sabe que la contaminación provoca 400.000 muertes prematuras al año en Europa. La CE tendría que haber actuado de manera fulminante, pero ha sido muy laxa”, dice Segura. “El comisario europeo quiere hacer ver que se hace algo, pero es un paripé. No tiene sentido que llame a capítulo a los gobiernos, cuando han tenido tanto tiempo para actuar; su acción no se tendría que haber relajado tanto”, señala

Peticiones de la Generalitat en 2017

La Generalitat no ha dado una repuesta directa a las palabras del Gobierno (debido a su frágil situación política), pero sí han trascendido las cartas en las que el entonces conseller Josep Rull envió (en 9 de mayo de 2017) a tres ministros implicados en la solución al problema y en las que planteaba “una potente agenda modernizadora” . En ellas, se recuerda que la contaminación del aire es un problema de salud en la que inciden diversas competencias que son gestionadas por el Estado, “por lo que es imprescindible su implicación para mejorar esta situación”.

Al ministro de Hacienda, Cristófal Montoro, Josep Rull le pidió un incremento de la financiación del transporte público (para pasar de 108 a 148 millones a partir del 2018); la revisión del impuesto sobre carburantes para dejar de favorecer la compra de vehículos diésel; un cambio en el impuesto de matriculación para incentivar la adquisición de vehículos menos contaminantes; abaratar el IVA al 4% (durante 5 años) para los vehículos eléctricos; incorporar la posibilidad de que los municipios bonifiquen hasta el 100% el impuesto de circulación para los vehículos eléctricos, o incrementar las ayudas para este tipo de coches.

Al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, le solicitó también ese incremento de la financiación del transporte público, la instauración de descuentos según la etiqueta ambiental en los peajes de acceso a Barcelona o la mejora de las infraestructuras de los trenes de cercanías y regionales. Y al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, Rull le reclamó la modificación de la ley de Tráfico para prever una ordenación del tráfico atendiendo a las razones medioambientales así como para penalizar los incumplimientos.

No consta que haya habido respuestas.

“Tendencia de mejora”, afirma la secretaria de Estado

El Gobierno subraya los aspecto positivos. En su réplica al comisario Vella, la secretaria de Estado de Medio Ambiente también indicó que “los niveles de contaminantes atmosféricos contemplados en la directiva de calidad del aire ambiente siguen una tendencia de mejora”, como recogen los informes elaborados por España desde 2001, “con las excepciones ya citadas en determinadas zonas concretas, así como del ozono troposférico”.

Indicó que para hacer frente al problema, la Generalitat puso en marcha en 2014 un plan de actuación y el Ayuntamiento de Barcelona está implantando un Plan de mejora y un programa de medidas.

El Gobierno sostiene que la situación en cuanto a partículas en suspensión en Barcelona ha mejorado sensiblemente desde 2010 (ya no se superan los valores límite) y, en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), se prevé que en 2020 se alcance estos objetivos.

El Ayuntamiento de Madrid ha implantado, desde el pasado año, un protocolo que se aplica de forma gradual cuando se producen episodios de alta contaminación. El Plan prevé una inversión de 543,9 millones y, de acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, permitirá una reducción en la concentración media anual de dióxido de nitrógeno del 23%, para alcanzar la meta en 2020.

“La calidad del aire en España ha mejorado sensiblemente, y a diferencia de países como Francia, que tiene 19 infracciones, o Alemania, que tiene 29, España ha pasado de tener ocho en 2010 a cinco en la actualidad, y de ellas 2 se deben a mediciones incorrectas en Avilés, y otra a un problema puntual con una planta de biomasa en Villanueva del Arzobispo (Jaén)”, declaró la ministra en el Congreso.

Peticiones de los ecologistas

Los ecologistas sostienen que el tráfico rodado es el responsable de las tres cuartas partes de la contaminación en las grandes ciudades como Madrid y que el 80 % de las emisiones más contaminantes son responsabilidad de los vehículos diésel. Por eso, piden que cesen las ayudas y subvenciones a este carburante, que se conceda prioridad al transporte público en el acceso a las ciudades con carriles exclusivos para autobuses, así como una mayor inversión en trenes de cercanías y regionales y un cambio del etiquetado de vehículos de la DGT.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente publicó a finales del año pasado el Plan Aire II, una estrategia para la mejora de la calidad del aire, pero esta “adolece de la firmeza que requiere un problema que causa tantas miles de muertes”, dice Ecologistas en Acció. “El Gobierno debe ser contundente. Así se lo reclama la Comisión Europea y dejar abierta la vía de la justicia y de la consecuente y abultada multa. Y así lo reclama una sociedad cada vez más preocupada por la calidad del aire que respira. Es un asunto tan grave que no admite más dejaciones”.

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